La abogada defensora de la causa mapuche, Patricia Cuevas, quien representa al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sostuvo que el líder indígena "no tenía WhatsApp", como indicó Carabineros, "así que me pidió que se solicitaran diligencias de investigación".

Llaitul "afirma que no tenía Whatsapp, así que me pidió que se solicitaran diligencias de investigación, a efecto de esclarecer si él tenía algún tipo de aplicación de las que fueron interceptadas, lo cual vamos a hacer en el transcurso de la semana", dijo Cuevas a El Sur.

La Fiscalía posee como prueba de la autoría de los ataques incendiarios contra templos religiosos y camiones, una serie de supuestas conversaciones entre los líderes de la CAM y Weichan Auka Mapu (otra coordinadora mapuche).

"Si bien en la carpeta de investigación aparecen múltiples conversaciones de WhatsApp, lo cierto es que en la resolución del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco (que instruyó las detenciones), él ordenó la interceptación de un solo teléfono celular de mi representado, lo que no se condice con la incautación de por lo menos ocho celulares en el domicilio donde fue detenido en Concepción", agregó la abogada, quien visitó a Llaitul y su hijo en el Penal Biobío de Concepción.

Corte suprema

El vocero de la CAM fue detenido en la casa de un familiar, por lo que Carabineros también requisó teléfonos celulares de sus parientes, quienes no tendrían que ver con los delitos imputados, señaló Cuevas, además de anunciar que, posiblemente, el martes presentará un recurso ante la Corte Suprema.

La iniciativa buscará que el Juzgado de Garantía de Temuco aclare "cuáles son los antecedentes tan calificados que se tuvieron a la vista para decretar la prisión preventiva", explicó Cuevas. "La prisión preventiva exige antecedentes calificados para presumir que una persona participó en un delito y que existió ese delito", agregó.

Una frenética jornada de delincuencia cometió una banda de siete menores durante la madrugada de ayer en cuatro comunas de la Región Metropolitana y, Carabineros, ya se encuentra realizando las diligencias para vincular los delitos a los cuatro integrantes que logró detener.

Los participantes del grupo delictual que ejecutaron un total de nueve delitos en una noche, tienen entre 12 y 17 años y son de la comuna de La Granja. Según informó el Mayor de Carabineros, Jorge Zúñiga, los menores tuvieron "un actuar bastante violento", presentando un perfil de reincidencia por este tipo de delitos.

Respecto a la niña de 12 años, aclaró que "es inimputable y no puede ser procesada", pero que ella también tuvo "una participación activa en los delitos". En cuanto al estado de los imputados, informó que dos de ellos se encuentran internados en estado grave producto del accidente que tuvieron cuando se produjo la detención y que tendrían que ser intervenidos quirúrgicamente.

Junto a esto, aseguró que "se están haciendo todas las diligencias para tener los medios de prueba para vincularles los hechos delictuales". Además, confirmó que los menores estarían también relacionados con el robo que afectó a la periodista Fernanda Hansen, hecho ocurrido la semana pasada.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (Renovación Nacional), junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, presentaron ayer un proyecto de ley para erradicar el consumo de alcohol en espacios públicos.

El legislador pidió establecer "multas más drásticas y hasta penas privativas de libertad cuando hay una reiteración" en la conducta, ya que "nuestra legislación (actual) contempla una multa de una UTM, es decir, $ 45 mil, lo cual no tiene ningún incentivo para que las policías actúen, los jueces la apliquen, y la verdad es que hoy día pasa a ser ya una conducta casi legal".

Frente a esta situación, con el jefe comunal de la capital se trabajó para "tener una legislación en Chile que sea disuasiva y evite el alcohol en los lugares públicos que son de todos los chilenos", sostuvo Gonzalo Fuenzalida.

La iniciativa, que será ingresada al Congreso durante la próxima semana, pretende establecer una escala con tres grados de sanción: multas de una a cinco UTM si es que existen antecedentes favorables para el infractor; sanciones de entre seis y 12 UTM (de $ 280 mil a $ 560 mil, aproximadamente), en el caso de no existir estos antecendentes, y la prisión en sus grados mínimo a medio (uno a 40 días), en situaciones más complejas.