El Gobierno central español, presidido por Mariano Rajoy, dio ayer cinco días al presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, para que confirme si lo que hizo el martes, en su discurso en el Parlamento catalán, fue o no una declaración de independencia. De la respuesta a esa pregunta, anunció el jefe del Ejecutivo, dependerá si aplica el artículo 155 de la Constitución española. En caso afirmativo, el gobierno central iniciará el proceso para suspender la autonomía catalana y tomar todas sus funciones. La fecha tope para recibir la respuesta es el lunes 16 de octubre a las 10 am.

En su discurso, el jefe regional catalán hizo una ambigua declaración que no terminó de entenderse como una proclamación de independencia y propuso "suspender los efectos" de tal declaración, lo que no ayudó a clarificar lo que anunció.

Tanto la ley catalana que dio sustento al referéndum independentista del 1 de octubre como la consulta misma fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional y carecen, en suma, de toda legitimidad y validez legal.

Si la respuesta del líder catalán es positiva, se establecerá un segundo plazo, hasta el jueves 19 de octubre, para que rectifique y vuelva a la legalidad. En caso contrario, el Gobierno central llevaría a la práctica el artículo 155. "Si (Puigdemont) respeta la legalidad, se pondría fin a un período de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña", señaló Rajoy, quien compareció ante el Congreso de los Diputados, en una sesión extraordinaria para tratar la crisis catalana.

Llamado a reunión

El presidente regional catalán pidió ayer una primera reunión al Gobierno español para abordar la crisis política en Cataluña y propuso que ese contacto inicial fuese, "por ejemplo, para nombrar un mediador". En una entrevista con CNN, Puigdemont propuso que el encuentro fuera entre "dos representantes del Gobierno catalán y dos representantes del Gobierno central y sirva para sentar los primeros términos de esta negociación". Frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Presidente catalán afirmó que "tenemos que hablar (con el Gobierno central), tenemos que hablar las condiciones adecuadas".

Rajoy, en el Congreso, indicó que "no es posible establecer un diálogo para acordar sobre lo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la Constitución (...) No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad".

El artículo 155 de la Constitución española se refiere al caso que una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España. Si el Ejecutivo autonómico no atiende el requerimiento, el Gobierno central, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, está llamado a adoptar las "medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

"No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad"

Mariano Rajoy, Presidente Gobierno Español"

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