Los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya presentaron ayer ante el Tribunal de Garantía de Rancagua la acusación contra los 10 imputados por la arista principal del caso Caval, con lo que se da por cerrado el proceso de investigación de la causa que comenzó por las presuntas irregularidades de la venta de terrenos en Machalí, hace más de dos años.

En la acusación, los persecutores pidieron cuatro años de cárcel en contra de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, por delitos tributarios.

La esposa de Sebastián Dávalos cuenta con la única atenuante de irreprochable conducta anterior, por lo que podría optar a beneficios como la libertad vigilada.

En tanto, para su socio en la empresa Caval, Mauricio Valero, solicitaron cuatro años de presidio por soborno en la arista principal del caso y otros cuatro años por soborno en la denominada arista Saydex, por los contratos de esa firma tecnológica con el Servicio de Salud Metropolitano Central.

Para la empresa Caval, el Ministerio Público pidió la pérdida del 100% de beneficios estatales, así como cinco años de prohibición para contratar con el Estado y 2 mil millones de pesos en multas por soborno; esto por la arista principal y por Saydex.

El delito más grave incluido en la acusación, es el de ventajas indebidas contemplado en la Ley de Quiebra, donde participa en calidad de autor Herman Chadwick, quien enfrenta el panorama más complicado de los 10 imputados, ya que él es el único que podría llegar a cumplir pena de cárcel efectiva.

Este delito es sancionado con una pena que parte en los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, que fue lo solicitado por la Fiscalía. Además, se pidieron cuatro años por declaraciones maliciosamente falsas ante el SII y 818 días por haber omitido la presentación de otras declaraciones ante el organismo.

En tanto, para el gestor inmobiliario, Juan Díaz, se pidieron cuatro años de presidio por ventajas indebidas, otros cuatro años por soborno y 818 días por delitos tributarios.

"Tenemos la convicción de que todas las personas que hemos acusado van a ser condenadas", comentó el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias tras presentar la acusación. El persecutor aseguró que se solicitó "dentro del marco legal, la pena más alta posible" y que la decisión de si los imputados cumplirán o no pena efectiva corresponderá al tribunal, puesto que es eso mismo lo que pide la Fiscalía.

El cuestionado alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, renunció ayer al Partido Socialista (PS) a raíz de los cuestionamientos en su contra que por una eventual vinculación con narcotraficantes de la comuna, hecho que fue revelado por el programa Informe Especial, de TVN. Mediante la lectura de una carta, reiteró su "más completa y absoluta inocencia respecto a las imputaciones que han circulado en relación a mi persona", agregando que todas las acusaciones "tienen como fundamento y sustento única y exclusivamente los hechos expuestos en el programa Informe Especial", donde "no se comprueba tales acusaciones y solamente se especula". Puntualizó que ahora se concentrará en trabajar en su defensa y que se reserva "el derecho de iniciar las acciones legales por injurias y calumnias".

Líder gremial de jueces de Malleco-Cautín descarta intromisión en el Poder Judicial

Tras el fallo de la Corte Suprema que acogió el amparo presentado por los defensores de los imputados por la Operación Huracán, que los dejó finalmente en libertad, sin medidas cautelares, José Ignacio Rau Atria, presidente de la Asociación de Magistrados de Malleco-Cautín, defendió la labor independiente de los jueces de la región y el país. Rau fustigó a quienes han criticado la decisión de la Corte Suprema, asegurando que constituye una intromisión indebida al Poder Judicial. "No son aceptables tales expresiones del señor Zirotti, presidente de la Sofo, que dice que el Gobierno ha metido mano una vez más en el sistema judicial. Nadie le mete mano al Poder Judicial, ni a los jueces de este país ni de la región, que eso quede claro", precisó, añadiendo que "la resolución es un fallo técnico, no tiene que ver con el trabajo específico de la juez Luz Mónica Arancibia. Acá la independencia interna se ve protegida".