Pamela Boltei

La Contraloría Regional de Valparaíso desestimó gran parte de los argumentos presentados por el concejal UDI de Viña del Mar, Gabriel (Coca) Mendoza, en la investigación que lleva a cabo respecto del pago al exfutbolista de Colo Colo en su paso por las Escuelas Gratuitas Deportivas, y envió los antecedentes al Ministerio Público.

Según el Informe Final de Investigación Especial N° 1.011 de 2016 sobre presuntas irregularidades en la ejecución de contratos a honorarios, Mendoza recibió 31 pagos por un total de $ 26.090.477. Dichos dineros, dice la Contraloría, deberán ser reintegrados al municipio de Viña debido a que no se habrían cumplido las cláusulas consignadas en los contratos.

Tras conocer el informe, Mendoza ingresó una solicitud de reconsideración, la que acompañó de testimonios firmados ante notario de profesores de las escuelas, planillas con el programa de actividades para los años 2014, 2015 y 2016 -periodo en que se cuestionan los pagos al concejal-, un set de fotografías de él en actividades aparentemente relacionadas y 82 declaraciones juradas de personas que decían ser padres de alumnos y exalumnos de las escuelas.

Sin embargo, esta semana la Contraloría respondió a esa presentación y la desestimó. Además, envió todos los antecedentes al Ministerio Público. "En la medida que los hechos anotados pudieren revestir caracteres de delito -cuestión que, en todo caso, corresponde determinar al Ministerio Público-, esta Contraloría Regional, en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 61, letra k), de la ley N° 18.834, remite copia del presente oficio a la Fiscalía Local de Viña del Mar, para su conocimiento y demás fines pertinentes", dice el informe N° 16.225, del 16 de octubre.

En detalle, el órgano contralor informó que Mendoza presentó informes mensuales mediante un formulario específico, verificándose que registró mes a mes, sin variaciones, distintas labores, sin que se informaran avances, pese a existir una columna con esa finalidad en los respectivos formularios. Sobre esto, la Contraloría verificó que en ninguno de los contratos celebrados por ese municipio con Mendoza -siete entre 2014 y 2016- se presentaron informes finales en los que se precisaran las conclusiones y resultados alcanzados.

También se constató que "si bien don Gabriel Mendoza Ibarra asistió a campeonatos, dio charlas a organizaciones sociales y participó en reuniones con asociaciones deportivas, dichas labores constituyen sólo una parte de las funciones encomendadas y no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de la totalidad de los servicios contratados, en específico, dar clases de fútbol, desempeñarse como monitor de actividad física y coordinar y controlar el cumplimiento del programa Escuelas de Fútbol Gratuitas y su logística".

El órgano contralor local dedujo, tras contrastar información de la Municipalidad de Viña del Mar, que de las 82 declaraciones juradas de supuestos padres de alumnos y exalumnos de las escuelas de fútbol, 30 corresponderían a relatos de personas cuyos hijos no habrían sido alumnos de dichos recintos "por cuanto no figuran como inscritos en los registros respectivos, ni cuentan con una ficha de matrícula". Además, se concluye que de los 52 casos restantes, sólo dos están en los listados de alumnos para los tres años analizados, pese a no contar con matrícula para esos periodos; 15 fueron alumnos durante dos años, pero no tienen matrícula; seis sí tienen matrícula, pero no están en los listados; y uno no pudo ser validado por contar sólo con un apellido. Sobre esto, se constató también que en 10 casos, quienes suscribieron las declaraciones en calidad de padres de los menores, no mantienen tal vínculo con ellos.

"Como resultado de ese mismo ejercicio, se acreditó que entre las declaraciones juradas aparece una firmada por doña Alejandra Pérez Lizarde, quien alude en su declaración a su hijo menor de edad, de iniciales V.E.M.P., el que tiene el carácter de hijo en común con don Gabriel Mendoza Ibarra", dice el informe.

El organismo realizó visitas a los domicilios de una muestra de las personas declarantes, y pudo entrevistarse con ocho. "Se determinó que una de aquellas (la aludida señora Pérez Lizarde) informó que el señor Mendoza Ibarra hizo clases entre los años 2014 y 2016; otra sostuvo que aquel hizo clases sólo el año 2014; y el resto asevera que no efectuó clases en ninguno de esos periodos y que sólo se desempeñó como supervisor, apoyando y dirigiendo a los profesores", se concluye en el escrito.

Además, desestimó la validez de las fotografías adjuntadas para comprobar la realización de las labores pagadas.

Sobre las declaraciones de profesores de las escuelas de fútbol que declaman que Mendoza sí participó de las clases, como encargado de procesos metodológicos, técnicos y selectivos, la Contraloría sostiene que lo expresado en dichos documentos es de "carácter genérico", pues no cuenta con el detalle de las actividades realizadas ni especifica los horarios y días en que efectivamente habría asistido.

"De las indagaciones efectuadas por personal de esta Entidad de Control, se advierte que cuatro de las ocho personas entrevistadas negaron haber asistido a la Notaría de don Francisco Fuenzalida Rodríguez para efectos de suscribir las declaraciones juradas acompañadas por el recurrente, en circunstancias que tales documentos consignan que aquellos comparecieron ante el reseñado ministro de fe pública", finaliza el documento.

"En la medida que los hechos anotados pudieren revestir caracteres de delito (...) remite copia del presente oficio a la Fiscalía Local de Viña del Mar"

Investigación Especial N° 1.011, Contraloría Regional, de Valparaíso"