Una convulsionada sesión del Concejo Municipal fue la que se vivió ayer en dependencias del municipio de Valparaíso. ¿La razón? Los cuestionamientos al convenio de pago que la exgestión alcaldicia, liderada por Jorge Castro, ejecutó con la empresa Total Transport S.A. el pasado 9 de noviembre de 2016.

El acuerdo de pago fue aprobado por el Concejo y consistió en una repactación en 84 cuotas de la deuda total que asciende a $ 4.945 millones, lo que significó un desembolso de $ 58 millones mensuales para la gestión de Jorge Sharp, quienes basados en el informe que la Contraloría General de la República realizó al municipio, han desistido de pagar dichos montos, propiciando el término del contrato con la empresa Total Transport.

Este objetivo se buscará lograr a través de una categórica acción, la cual tiene relación con el poder dar de baja 18 camiones que actualmente se encuentran en mantención en los terrenos de Total Transport, los cuales son de propiedad municipal, pero que no se encuentran operativos.

"La empresa nos ha dicho que por falta de recursos económicos no se pueden comprar repuestos y, por tanto, aumentó la tasa de residencia en taller. Ante esto, mañana (hoy) se iniciará el retiro programado de los camiones tras llegar a un acuerdo con Total Transport para que sean dados de baja en el contrato", precisó Alejandro Villa, encargado de Operaciones del municipio de Valparaíso.

En este sentido, añadió que "como municipio estamos generando un trabajo que nos permita a nosotros mismos hacer los trabajos de mantención a los camiones, pensando que al el término del mandato queremos tener una flota municipal propia".

Cristián Rojas M.

Una querella por el presunto delito de prevaricación administrativa en carácter de reiterado presentó en el Juzgado de Garantía de Valparaíso la inmobiliaria Del Puerto SpA (IDP), contra el alcalde porteño, Jorge Sharp, en un nuevo capítulo que se suma a la polémica por el proyecto Parque Pümpin, que IDP pretende construir en los dos parques del Barrio O'Higgins y cuyo permiso de edificación fue dejado sin efecto por la administración de Sharp.

En la querella la inmobiliaria señala que "el delictual actuar de Jorge Sharp se concreta toda vez que, con fecha 30 de junio de 2017 procede a dictar el Decreto N° 1.619, acogiendo un reclamo de ilegalidad interpuesto por doña Paulina Espinoza", vecina del Barrio O'Higgins, "en contra de la Resolución N° 224 del Director de Obras Municipales que (…) dejó firme el Permiso de Edificación de titularidad de nuestra representada".

Según manifiesta IDP en su escrito, "la resolución contenida en el Decreto N° 1.619, es completa y manifiestamente injusta (...) en la forma en que se dictó, esto es por vulnerar todas las normas procesales del debido proceso administrativo, toda vez que el alcalde nunca notificó a nuestra representada y víctima de este delito, de su interposición, no le dio posibilidad alguna para que la misma pudiese hacer valer su derecho a defensa, tampoco se le otorgó oportunidad para controvertir la prueba de cargos, presentar prueba de descargos, etc.".

Asimismo, los abogados de IDP exponen en su presentación ante el tribunal que "luego de presentado el reclamo de ilegalidad, procedía que el querellado notificara a nuestra representada para que fuese oída mediante la presentación de los descargos y antecedentes que estimase pertinente. Sin embargo, el alcalde, actuando de forma absolutamente injusta, procede a acoger el reclamo, concretando su actitud de no oír a nuestra representada, la que era directamente interesada y afectada con su resolución".

En otro punto de la querella, titulado "Reiteración del delito", IDP expone que "con fecha 21 de septiembre de 2017, se publican en el Diario Oficial los Decretos N° 2.491 y N° 2.514 del alcalde Jorge Sharp que acogen otros reclamos de ilegalidad presentados por otras personas. El Decreto N° 2.491, de fecha 8 de septiembre del presente año, dice relación con dos reclamos de ilegalidad interpuestos por Miguel Ángel Hernández Dinamarca y otros vecinos y representantes de unidades vecinales de Valparaíso. Por su parte, el Decreto N° 2.514 de fecha 11 de septiembre del mismo año, se refiere a los reclamos de ilegalidad interpuestos por Marco Antonio Meza Figueroa y Washington Manuel González Hidalgo".

Los abogados de IDP plantean que en este caso, Sharp nuevamente no respetó el debido proceso, al no notificarle a la inmobiliaria sobre estas acciones.

Finalmente, en el primer otrosí de la querella IDP pide "oficiar a la unidad policial que el Ministerio Público estime pertinente, a fin de investigar los hechos descritos", y además solicita, entre otros puntos, que "se ordene la incautación voluntaria o, en su negativa, se solicite la incautación de los computadores o de cualquier otro medio de comunicación que haya o se encuentre utilizando el querellado, con el objeto de que se proceda a la búsqueda y estudio de todos los correos electrónicos que pudiesen existir entre los requirentes de ilegalidad y el querellado".

Por su parte, el director jurídico de la Municipalidad de Valparaíso, Nicolás Guzmán, estima que la querella "tiene un sentido instrumental más bien disuasivo", mientras que sobre los argumentos expuestos por IDP en el recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en esta querella presentada en el Juzgado de Garantía porteño, se limitó a señalar que "esa va a ser materia de discusión en los tribunales (...), nosotros los vamos a rebatir jurídicamente cuando corresponda".

En cuanto a las penas que podrían recaer sobre el alcalde, en caso de ser declarado culpable, indicó que éstas son "la suspensión del empleo en su grado medio y multa, o cuando hay ignorancia o negligencia inexcusable, la suspensión del empleo en su grado mínimo".

Respecto de la pertinencia jurídica de haber acogido los reclamos de ilegalidad, Guzmán expuso que este tipo de casos se vienen discutiendo aproximadamente desde el año 2012, y "la jurisprudencia está dividida, la academia en este momento está dividida, y están expectantes en relación a qué se resolverá en estos casos, porque, evidentemente, para uno u otro caso va a sentar un precedente para el futuro no sólo de esta Municipalidad, sino de todas las municipalidades y de los directores de Obras de todo Chile".

Desde IDP, en tanto, señalaron que el "Proyecto Parque Pümpin no hará comentarios ni declaraciones en relación a asuntos que están sometidos al conocimiento de los tribunales de Justicia".

"La jurisprudencia está dividida, la academia en este momento está dividida, y están expectantes en relación a qué se resolverá en estos casos"

Nicolás Guzmán, Director jurídico de la Municipalidad de Valparaíso"

"El alcalde, actuando de forma absolutamente injusta, procede a acoger el reclamo, concretando su actitud de no oír a nuestra representada, la que era directamente interesada y afectada con su resolución"

Querella de IPD contra Sharp"

acciones judiciales ha presentado la inmobiliaria del Parque Pümpin contra el alcalde Sharp. 2