La Moneda evidenció su rechazo hacia el asesinato, a manos de su pareja, de la ciudadana venezolana Susjes Mejías Díaz, de 26 años, ocurrido durante la noche del sábado en el centro de Santiago. "No puede quedar impune", dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.

El deceso de la joven marcó el femicidio 35 de este año, motivo por el que la secretaria de Estado sostuvo que el hecho "no puede quedar impune, la violencia contra las mujeres tiene que terminar en nuestro país. (...) No podemos seguir tolerando la violencia contra las mujeres y necesitamos actuar con mayor celeridad cuando ocurre una agresión", afirmó tras conocer lo ocurrido a Mejías.

"Estamos tomando contacto con familiares o amistades que se encuentren en nuestro país para ofrecerles todo el apoyo legal y psicosocial en este difícil momento", agregó Pascual.

Prevención

La ministra también pidió a la comunidad prevenir crímenes como este a través de la denuncia oportuna en caso de conocer agresiones a mujeres.

"Evitar un femicidio es una tarea de todos; de los entornos que deben estar alerta a las manifestaciones de violencia, de las mujeres que pueden denunciar, de las instituciones que deben atender y proteger a las mujeres y también de quienes deben entregarles justicia y reparación", indicó.

El hecho

La pareja de Mejías, Carlos Valera Rodríguez (31), quien fue denunciado por los vecinos como el autor del asesinato, habría apuñalado a la joven tras sostener una discusión en un edificio de avenida Vicuña Mackenna a la altura de Avenida Matta, en Santiago.

El sujeto fue internado en la urgencia de la Posta Central debido a que presentaba una herida en el tórax.

La víctima era madre de un niño de siete años, quien permanecía en Venezuela, cuidado por su familia.

Uno de los principales dirigentes opositores de Venezuela, el diputado Freddy Guevara, fue recibido como huésped en la embajada chilena durante la madrugada del sábado, después que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país ordenara el cese de su inmunidad parlamentaria.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tildó al político de "cobarde".

"El cobarde de Freddy Guevara, empujó jóvenes a la violencia, al terrorismo y a la muerte, ahora huye, los deja solos, no da la cara, (qué) pena!", escribió Cabello en su cuenta de Twitter.

Más tarde agregó: "del arrogante Freddy Guevara diciendo que al régimen (de Nicolás Maduro) le quedaban horas, solo queda la estela del cobarde que no asume sus propios actos!".

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, también se refirió al hecho en la red social: "Algunos son muy valientes, llamando y provocando violencia, destrucción y muerte. Pero cuando se hace justicia, huyen con vergonzosa cobardía", afirmó.

Embajada

La noche del sábado, la embajada de Chile en Venezuela informó que recibió a Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, debido a una solicitud de protección enviada a la Cancillería, tras "inminentes amenazas a su seguridad" debido a un requerimiento judicial.

El TSJ publicó el viernes que el parlamentario debía presentarse ante la instancia porque "presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir".

El Ministerio de Relaciones Exteriores, presidido por Heraldo Muñoz, tras recibir a Guevara en la residencia del embajador, publicó en su página web que "conforme a su tradición humanitaria, a los principios que inspiran nuestra política exterior y en coherencia con las decisiones adoptadas en similares situaciones, el Gobierno de Chile le ha otorgado la calidad de huésped (al político venezolano)".

La misma Cancillería, horas antes, envió un comunicado para afirmar que el Grupo de Lima -compuesto por Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú -expresaba "nuestra enérgica condena a la decisión del TSJ" sobre el diputado, "a quien, adicionalmente, se le ha prohibido salir del país".

La decisión "constituye un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela, e impide el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente constituida, a través del voto popular", sostuvo el Grupo de Lima.