La Contraloría General de la República ratificó que el resistido condominio que se está construyendo en la intersección de la avenida República con Andrés Bello, en Limache, y que ha generado una serie de rechazos entre los vecinos aledaños, se ajusta de manera íntegra al Plan Regulador y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

"Esta Contraloría General debe concluir que no se advierten objeciones que formular a la actuación de la Municipalidad de Limache", comentó la entidad, en relación al permiso que la administración municipal le otorgó al proyecto, que considera la construcción de seis edificios de cinco pisos cada uno (120 departamentos en total), 91 estacionamientos y cinco locales comerciales.

El órgano contralor tuvo que aclarar la situación del condominio luego que dos vecinos de Limache, entre ellos el filósofo Gastón Soublette, solicitaran un procedimiento formal, puesto que a juicio de ellos la obtención del permiso de obras "adolece de diversos vicios". "(La autorización) quebranta los derechos básicos de la comunidad y alteran un área patrimonial que se ha visto intervenida por el mercado inmobiliario en altura, lo que no resulta coherente con la estructura urbana del lugar", indicaron los reclamantes.

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Estando advertidos sobre el avance inmobiliario por el cual atraviesa la comuna, la Municipalidad de Limache decidió iniciar el proceso de actualización de su Plan Regulador Comunal (PRC), que data de la década de los 80.

Para ello, el municipio en conjunto con el Minvu se encuentra en la etapa de consultas ciudadana -este lunes se realizó una de las últimas en la Escuela Brasilia Urmeneta-, cuyas observaciones serán analizadas e incorporadas en el nuevo instrumento comunal.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, que anuló el estudio de impacto ambiental del proyecto "Hotel Punta Piqueros", ubicado en la comuna de Concón, precisó ayer un comunicado emanado del máximo tribunal.

En fallo unánime, la tercera sala del máximo tribunal desestimó las acciones deducidas por la inmobiliaria Hotel Punta Piqueros S.A.

"El sólido fallo establece lo que hemos sostenido permanentemente: que Punta Piqueros ha construido al margen de la legalidad, desestimando dictámenes y fallos de la justicia. Dicha sentencia deja, además, sin sustento la reactivación ilegal del permiso de obras realizada por el Municipio de Concón el año 2014", expuso ayer Patricia Arellano, integrante del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Tras intensas gestiones desarrolladas durante los últimos años para rescatar un inmueble patrimonial y la renovación de un comodato por parte del Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de Valparaíso para ejecutar un inédito proyecto educativo en la región, finalmente se obtuvo la recomendación técnica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso), que permitirá ejecutar el proyecto de reconstrucción de la tradicional Escuela Barros Luco.

El intendente regional, Gabriel Aldoney, confirmó la aprobación de la iniciativa, que implica una inversión superior a los $ 6 mil millones por parte del Ministerio de Educación, a objeto de implementar un liceo con sello patrimonial.

"Después de muchos esfuerzos hemos logrado obtener la recomendación técnica favorable para recuperar la Escuela Barros Luco, que es un símbolo de Valparaíso, no sólo por su construcción, sino porque es una de las principales escuelas públicas que han surgido en la ciudad", destacó la autoridad.

Aldoney también resaltó el "largo trabajo que hemos desarrollado con la comunidad para lograr este objetivo. La meta no es menor, porque esta va a ser la primera escuela con sello patrimonial que va a existir en Chile, que estará abierta a la comunidad".

Será el municipio el encargado de licitar las obras. La autoridad regional adelantó que existe un compromiso en tal sentido, para lograr que durante la quincena de enero se pueda llamar a licitación para "la recuperación de este símbolo del patrimonio de Valparaíso".

Cabe consignar que una anterior licitación por $ 2 mil millones fue abandonada por la empresa que ejecutaba las obras, en el año 2012.

millones es el costo del proyecto para recuperar el histórico inmueble, financiado por el Mineduc. $ 6 mil

La empresa Ingeniería, Construcción y Montajes Construmark Ltda., que se adjudicó la construcción de la plaza de los artesanos, en la avenida San Martín, y luego la abandonó por problemas financieros, demandó a la Municipalidad de Viña del Mar por sobre $ 30 millones.

En septiembre del año pasado, la municipalidad tenía comprometida la entrega del proyecto, que ya había generado controversia por su costo: $ 188 millones para 12 módulos o quioscos con una estructura metálica galvanizada en el lugar, es decir, cada uno costaría más de $ 15 millones.

Obra paralizada

Desde la calle se puede apreciar cómo murallas de madera tapan la obra detenida desde diciembre del año pasado. El municipio anunció una segunda licitación en marzo de este año, pues la segunda oportunidad que le dieron a la empresa Ingeniería Construcciones y Montajes Construmark Limitada- que subcontrató varias veces a otras firmas para terminar las obras- no funcionó. Pero hasta la fecha no hay intenciones de volver a hacer concurso sobre aquello, al menos para este año (ver recuadro).

El 2 de noviembre la firma mencionada demandó a la Municipalidad de Viña del Mar por $30.128.740, acción que fue acogida a trámite por el 3º Juzgado Civil de Viña del Mar.

Se trata de la factura número 8 del contrato de obras por los módulos, de fecha 11 de noviembre de 2016. "La factura individualizada precedentemente debió ser pagada por la parte demandada, dado que se prestaron los servicios y conforme a los artículos 3, 4 letras a), b), 5 letras a), b), c) de la ley 19.983 que otorga mérito ejecutivo de la factura", dice en la acción judicial.

Demanda de obreros

Hay que recordar que tras cesar las faenas, al menos seis trabajadores de ésta demandaron a la empresa, y en forma subsidiaria a la casa consistorial, por sueldos impagos. El municipio debió cancelar este año dichos montos con la boleta de garantía cobrada cuando se terminó el contrato con Construmark, suma que asciende a $ 10 millones.

La municipalidad informó al respecto que "no ha sido notificada de ninguna demanda de dicha empresa, no obstante hay que recordar que debido a los incumplimientos graves en los que incurrió, el municipio se vio obligado a poner término anticipado al contrato, hacer efectivas las garantías e incluso pagar a los trabajadores a los cuales había dejado sin el pago de sus remuneraciones".

El director del Departamento Jurídico de la casa consistorial, Mario Araya, agregó que "hay una presentación formal donde nos pidieron que liquidáramos el contrato de común acuerdo, pero mientras no sea notificada la demanda, no conocemos su tenor".