La democracia desafiada
Nuestro sistema democrático está sometido a un duro examen, en cuanto a su reconocimiento y validación social.
El domingo 19 de noviembre nuestro sistema político se verá sometido a una prueba de legitimación social conforme a los estándares normativos y políticos de la democracia. Ello nos exige a todos el mayor compromiso y disponernos con anticipación para seguir fortaleciendo la institucionalidad y las virtudes públicas propias de la convivencia cívica, independientemente de los resultados electorales de ese día.
Las democracias no viven ni dependen solo de las normas legales ni de las decisiones de las autoridades, ellas requieren de un conjunto de convicciones socialmente difundidas que se manifiesten de modo consistente en unas prácticas y discursos públicos y privados. En este sentido, es particularmente pertinente afirmar el respeto a las leyes y las instituciones que regulan el proceso electoral, ser explícitos en reconocer la legitimidad de los resultados, así como contribuir lealmente a las autoridades elegidas conforme a ellos.
A mi juicio, necesitamos esa voluntad porque a la vez Chile tiene todavía una institucionalidad débil que no garantiza una mayor adhesión ciudadana a la democracia. Este periodo legislativo y de gobierno que termina, dejó de manifiesto que la perversa relación entre dinero y política puede haber causado una grave fisura en la confianza que las personas deben guardar respecto de las instituciones.
Como se sabe, se ha hecho un lugar común decir o incluso promover que habrá una alta abstención, tal como en elecciones anteriores. Ello se explicaría en buena medida por una alarmante distancia entre política y ciudadanía, además de la ausencia o incapacidad del Estado en aquellas necesidades básicas que demandan las personas, junto con la instauración del voto voluntario que puso término a "esa pesada carga que afecta a los más pobres", como se dijo en la moción senatorial correspondiente.
Esta última trampa que nos hemos hecho puede hacer aún más elitista o distante la democracia de aquellos sectores con una menor educación cívica y para quienes la actividad política carece de sentido subjetivo alguno y lo que haga o deje de hacer el Estado es perfectamente indiferente. Diversos estudios indican que los niveles de participación varían significativamente; en las comunas ricas de Santiago bordea el 40% y en las pobres apenas supera el 30%. No se trata de atribuir una ventaja mecánicamente a determinado sector político, el daño más grave es la fragilidad cívica.
Puede ser discutible filosóficamente que haya o no voto voluntario y su consistencia con el respeto a la libertad de elegir ser o no parte de la comunidad política. Pero una discusión muy diferente es cuánto ello puede hacer más minoritaria o clasista la vida política y la legitimación o aceptación social de la misma, que es lo relevante para el proceso político. Una escasa participación general y además un sesgo socioeconómico son hechos que pueden corroer peligrosamente la eficacia social y política de las instituciones que se generan a partir de la participación electoral. Por estas razones, nuestro sistema democrático está sometido a un duro examen, no de validez o legitimidad jurídica, sino en cuanto a su reconocimiento y validación social.
Aldo Valle
Rector de la Universidad de Valparaíso