Pamela Boltei

Sospechosa. Así perciben a priori varios de los diputados electos y en ejercicio la transacción judicial que acordó el municipio de Viña del Mar con la empresa Besalco Concesiones S.A. para terminar con el juicio en contra de la casa consistorial por problemas con la construcción de los estacionamientos subterráneos de la plaza Sucre.

El diputado electo RN, Andrés Celis, fue concejal de Viña antes de llegar al Parlamento, y de hecho, votó en la licitación que se ganó en su momento Besalco. "Yo voté en contra en la comisión en su oportunidad, pero en la sala voté a favor, señalando textualmente que yo estaba de acuerdo en que hubiesen estacionamientos pero que me parecía que la comunicación entre la Secpla de la época y el Concejo de Viña del Mar no se había dado en buenos términos, el detalle del proyecto había sido incompleto. Por eso tenía mis dudas y ahora aún más", dijo.

Reconoció que, como dice el dicho, se enteró "por la prensa" de la transacción - que para llevarse a cabo requiere de la aprobación del Concejo Municipal, el cual recibió la semana pasada el borrador-, y que "me parece un tema delicado. Creo que la función de los que somos autoridades es que cuando uno considera que se hace algo mal, hay que decir públicamente lo que uno espera del municipio. El director de la Secpla era Osvaldo Urrutia, y si uno revisa los diarios de la época era un defensor de la empresa Besalco, quien hasta hoy sigue defendiendo que siempre estuvo todo en orden y que la municipalidad no tuvo ningún error. Claramente se equivocó y frente a eso él debió dar la cara, una explicación, pedir disculpas, hacer un mea culpa".

Además llamó a revisar hace cuánto se tenía conocimiento de esto, "porque si se sabía hace uno o dos meses, las elecciones parlamentarias podrían haber tenido un resultado absolutamente distinto... a lo mejor el candidato Castro hubiese salido elegido o dos candidatos RN. Si es así, me parecería gravísimo".

Problemas con empresa

También apuntó sus dardos contra la empresa: "Primero fue la Quinta Vergara, no fui concejal en ese entonces el 2002 cuando se aprobó la empresa Besalco, pero sí me tocó aprobar la transacción con Besalco. Después me tocó estacionamientos subterráneos, y también el estadio Sausalito. No puede ocurrir que la empresa Besalco termine en juicios con el municipio, la municipalidad termine pagando y nadie asuma ningún costo, salvo los viñamarinos. Lo que echo de menos en este juicio en particular es la intervención del CDE, estamos hablando de más de $12 mil millones, que se paga con la plata de todos los viñamarinos".

"Pistola al pecho"

El diputado reelecto, Rodrigo González (PPD), criticó a la casa consistorial y dijo que "la mala gestión municipal es evidente y se demuestra en que la municipalidad hizo todo mal. Está con una crisis financiera gigantesca, con la soga al cuello y con la pistola al pecho con la demanda de Besalco... prácticamente en un callejón sin salida por todas las deficiencias que tuvo el proyecto y el diseño de los estacionamientos, además de su fiscalización. Por ello hoy la municipalidad está pagando muy caro su ineficiencia de gestión, técnica, mal diseño del proyecto que además significó un gran sacrificio durante años de los viñamarinos que tuvieron que soportar obras, la contaminación excesiva, asaltos, daños a los micro y pequeños empresarios y todas las consecuencias negativas en el sistema de transporte de la ciudad. Hoy esta mala gestión está culminando en una situación de desastre, en una negociación absolutamente turbia, no transparente y que el Concejo Municipal por ningún motivo debe aprobar".

Acuerdo con "mal olor"

Afirmó que "al final son los viñamarinos los que van a pagar el costo de esta mala gestión. Creo que esta transacción judicial tiene bastante mal olor, sin que se hayan trasparentado todos los elementos y deficiencias de la municipalidad y sin que sea la municipalidad capaz de reaccionar frente a una situación que es claramente un chantaje de la empresa".

En ese sentido, precisó que "nosotros vamos a pedir que la Contraloría examine completamente esta situación. Ya hemos hecho algunas solicitudes, todo el contrato de concesión de esos parquímetros y ahora solicitaremos que examine esta transacción que causa detrimento y daño a la ciudad. Además veremos si hay motivos o situaciones que pudieran revestir otro carácter para una acción judicial".

El diputado electo, Marcelo Díaz (PS), comentó más cauto que esperará reunirse con el concejal Sandro Puebla (independiente pro PS), quien solicitó información a varios departamentos municipales sobre esta transacción judicial, para tomar alguna determinación mayor. Pero comentó que "comparto las aprensiones que ha presentado el concejal Puebla, porque siempre cuando hay una transacción judicial hay que evaluar muy bien primero qué es lo que gana cada una de las partes. En este caso, los recursos de la municipalidad de Viña no son propios, corresponden al Fisco, a la comunidad de Viña, y una parte finalmente la está pagando la ciudadanía, al permitirle la extensión del plazo de la concesión, el aumento de las tarifas hasta el tope y esto vuelve a plantear un tema que se discute en el Senado, el cambio a la nueva ley de Estacionamientos que resultó ser un fiasco desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos. Súmale a esto la tarificación de más de 4 mil calzos en Viña... o sea acá la mano se está cargando sobre el presupuesto de los ciudadanos y esto tiene un impacto".

Piden transparencia

Dijo que "es importante que se transparenten todos los antecedentes, yo como abogado sé lo que implica una transacción judicial, y creo que es importante que podamos contar con todos los elementos para tener una opinión justa sobre si esto es una buena o mala decisión para Viña del Mar. Hay que analizarlo... a lo mejor concluimos que no hay otra alternativa, y ahí buscaremos las responsabilidades que correspondan".

Para el diputado electo RD, Jorge Brito, lo que ocurrió es negativo. "Lo vemos con preocupación porque estos errores involuntarios del diputado Urrutia y de la alcaldesa lo estamos pagando todos y están costando miles de millones de pesos cada mes. Son casi 3 mil pesos cada hora y es un tremendo abuso, parece incluso peligroso que nuevamente los residentes de Viña del Mar estemos siendo los financistas de un municipio con pésimo manejo económico".

Acusación

Brito recordó que "el 14 de julio del año 2000 la alcaldesa Reginato, cuando era concejal, acusaba al diputado Rodrigo González de notable abandono de deberes, porque asumía y mantenía conductas activas y pasivas reiteradas y persistentes de irregularidades calificables de excesivas... yo me pregunto si esta es una conducta activa, si esto sumado a lo que pasa en la Población Vergara no es algo reiterado, si esto, sumado a que dirigentes sociales que recibieron $10 millones de pesos no lo hace persistente... si esto no es una irregularidad excesiva no sé qué podría ser. Espero que el Concejo Municipal no sea cómplice de uno de los municipios más ricos del país. Sería importante primero que el diputado Urrutia dé explicaciones por cómo se llega a esta situación, y que después se busque una forma en que lo pague el municipio y no los habitantes de Viña del Mar. El municipio está diciendo: 'cometí un error, vas a tener tu dinero, pero no lo voy a pagar yo, que lo pague la gente', y eso es un tremendo abuso. ¿Cuánto valen los errores y quién los asume? Valen miles de millones de pesos y los tenemos que pagar nosotros y no quienes los cometieron".

Además, advirtió que a futuro, cuando comience su gestión parlamentaria, tiene en mente una primera medida relacionada a esto: "Modificar el artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que sea obligación que la Contraloría tome razón, de forma preventiva, frente a cualquier contrato que cierra un municipio con un privado. En la actualidad los municipios son los únicos órganos públicos que están eximidos de esto, y nosotros queremos modificarlo. Pero ahora pedimos las explicaciones del diputado Urrutia, que la alcaldesa entienda que los vecinos no pueden continuar financiando un municipio con un mal manejo económico, y que los concejales hagan su pega".

El mencionado diputado Osvaldo Urrutia, representante de la comuna en el Parlamento y ex director de Secpla en el tiempo que se aprobó el proyecto, razón por la que también fue citado a dar testimonio en la causa judicial en comento, declinó dar declaraciones.

"Pediremos que la Contraloría examine completamente esta situación. Además veremos si hay situaciones que pudieran revestir otro carácter, para una acción judicial"

Rodrigo González, Diputado reelecto PPD"

"Pedimos las explicaciones del diputado Urrutia, que la alcaldesa entienda que los vecinos no pueden financiar un mal manejo económico, y que los concejales hagan su pega"

Jorge Brito, Diputado electo RD"