¿Es justo culpar a la Municipalidad de Valparaíso y a su alcalde Jorge Sharp del colapso del proyecto Puerto Barón? Fue un fallo de la Corte Suprema que en resolución dividida puso la lápida a esa iniciativa privada que tiene una larga historia de acuerdos y desacuerdos de casi 15 años.
Pero lo cierto es que el alcalde celebró la resolución que acogió planteamientos urbanísticos postulados ante la Suprema por la agrupación Defendamos la Ciudad y la Asociación Nacional de Agentes de Naves. Y EPV recuerda también que el fallo se fundó "en las acciones llevadas a cabo en esta materia por la I. Municipalidad de Valparaíso, generando un daño irreversible a nuestra ciudad-puerto, al negar a la ciudadanía la posibilidad concreta de acceder al borde costero… dicha sentencia cierra esta oportunidad y afecta con esto el Plan de Desarrollo de EPV, que involucra un total de 7.000 empleos y una inversión de 1.800 millones de dólares".
Para la estatal Empresa Puerto Valparaiso (EPV) "se produce el contrasentido que el mismo fallo que la alcaldía celebra, impide la construcción de cualquier tipo de parque en el borde costero y deja como único uso posible el almacenamiento o transferencia de carga en este sector". Es decir, el discurso de Sharp sobre parque público y libre acceso al borde costero se queda sólo en el discurso, sepultado por contenedores.
Añade una declaración de EPV, publicada ayer en este Diario, que el fallo "pone en jaque también el futuro de la industria de cruceros, al dejar sin efecto el permiso de obras que permitió la construcción del Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP)… hecho gravísimo, pues afecta una obra emblemática para recuperar la industria turística de los cruceros en Valparaíso, y atenta contra el gran acuerdo firmado en agosto de 2017 por trabajadores portuarios, concesionarios, EPV y el Municipio, quienes comprometieron un trabajo conjunto en esa materia". Acusa la portuaria que "el alcalde no concurrió a alegar a la Corte Suprema y generó un grave daño al proceso, pues actuó en contra de lo que el propio Municipio avaló cinco años antes con el otorgamiento del permiso de construcción".
Pero tras su furia, EPV cierra la declaración con un llamado al diálogo en busca de "los mejores proyectos para un uso equilibrado y eficiente del borde costero de Valparaíso", posición compartida por el intendente Gabriel Aldoney, partidario también del equilibrio y de una solución "realista".
Ineludible tarea para marzo, con nuevas autoridades en la Intendencia y en el directorio de EPV, y nuevas miradas en un conflicto cruzado ahora por un fallo de la Corte Suprema y anunciados recursos judiciales, que, eternizado, daña a Valparaíso y ahoga su crecimiento.