Cristián Rojas Molina

La sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegal el permiso de edificación otorgado el año 2013 para la construcción del mall Puerto Barón no cayó nada de bien en la Asociación Nacional de Directores de Obras Municipales, pues su presidente, Agustín Pérez, estima que "finalmente la Corte aprobó en una votación dividida, tres contra dos, que el permiso estaba inválidamente otorgado, o no era legal, pero eso quiere decir que había dos juristas que consideraban que estaba bien otorgado".

- Para ustedes, ¿eso le resta legitimidad al fallo?

- No, para nosotros no es que le reste legitimidad, lo que pasa es que llegar a una situación en que ese permiso fue otorgado el año 2013 y finalmente se decida en esta instancia, demuestra la precariedad del estado de la planificación en Chile, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque el ordenamiento de planificación está pensado para que los actos tengan una cierta certeza y seguridad, para eso existe la planificación, y ahí en el Plan Regulador de Valparaíso (PRC), para esa zona del sector Barón se definieron zonas con construcciones en altura que van desde los nueve a los 34 metros. Por lo tanto, la vocación del terreno, y eso viene desde el año 2010, es de construcción, y con esa lógica las personas hacen una inversión, entonces es contradictorio que si el PRC se aprobó el año 2005 de esa forma y después se hizo una enmienda el año 2010 que aumentó la altura, el año 2013 después se ponga un recurso, la Municipalidad, contra el proyecto.

- Pero la Municipalidad no fue la que puso el recurso, fueron particulares...

- A eso voy yo, a que en el fondo, los PRC son realizados en la Municipalidad, son expuestos a los vecinos, ellos también hacen observaciones y lo que está ocurriendo ahora es que cuando se inician las obras ellos reclaman.

- ¿Estuvo mal modificado el PRC entonces, por no prever esto?

- No, el PRC estuvo bien diseñado. Para que un PRC se apruebe tiene que primero pasar por la aprobación del alcalde, luego del Concejo Municipal, después los vecinos, después la Seremi de Vivienda y finalmente toma razón la Contraloría, entonces eso se demora por lo menos siete u ocho años.

- De todas formas, el argumento que tuvo la Corte para declarar ilegal el permiso es que vulneraba una norma de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones...

- Es que el riesgo de cuando estas situaciones llegan a las cortes es que son interpretaciones, por eso le digo que hay tres juristas que interpretaron que estaba mal y dos que estaba bien. Cuando se va a la Corte Suprema, su orgánica es que es por votación, no así en las Direcciones de Obras Municipales (DOM), donde no es por votación, sino que es ver si cumple o no cumple.

- En este caso no cumplía y eso no se tomó en cuenta al momento de dar el permiso de edificación...

- Claro, se podría decir que sí, pero en el fondo todos pierden, yo creo que nadie se puede sentir ganador con esa situación, porque el sistema no funcionó correctamente.

- Al parecer, donde no funcionó correctamente fue en la DOM, y en Valparaíso ya había pasado con el anteproyecto del Parque Pümpin, que se aprobó pese a que le faltaba la documentación que se exige por norma...

- Sí, pero es un tema más de planificación, porque cuando llega el PRC a la DOM, es un instrumento técnico, y si dice que en esa zona, como el parque Pümpin, se puede construir, se puede construir.

- El punto no es que en ese caso se haya vulnerado el PRC, sino que el anteproyecto se aprobó pese a que faltaba documentación que exige la normativa y eso se entregó fuera de plazo.

- Claro, pero en el fondo se puede construir, si a eso es a lo que yo voy.

- Se puede construir, pero no se pueden entregar documentos fuera de plazo...

- Claro, pero esos son como artilugios ya...

- Lo que usted llama artilugios, la Contraloría lo definió como irregularidades...

- Sí, pero son cosas subsanables, lo que no es subsanable es que el uso de suelo diga que es una zona en la que se permite construir, y que después se pretenda decir que ahí no se puede construir. Mire, lo que pasa es que las normas son tan complejas en materia de urbanismo y construcciones, que si uno le quiere buscar un problema, lo va a encontrar.

- ¿Los directores de obras no entienden bien esa normativa compleja entonces?

- El director de Obras es el que firma, pero hay todo un equipo detrás.

- En el caso de Valparaíso se repiten casos, ahora se acaba de paralizar la construcción de un edificio en el cerro Delicias porque tampoco cumplió con la normativa, según estableció Contraloría.

- Bueno, si lo dice así la Contraloría, yo no tengo nada que decir, la Contraloría es un organismo bastante serio. Lo que queremos resaltar es que esto es bastante reiterativo no sólo en Valparaíso, sino que en varias comunas, y Valparaíso está siendo un poco como ejemplar, porque el alcalde quiere hacer una comuna, y está en todo su derecho, y no puede, y por el otro lado las inmobiliarias le van a poner recursos también.

- ¿Cree que sea porque la administración actual está siendo más rigurosa y hace cumplir normas que antes se pasaban por alto?

- Claro, sí, pero bueno, ahí tenemos unas diferencias, y en el fondo, para nosotros lo importante es que los alcaldes que entran en ejercicio puedan modificar y hacer la comuna que ellos prometieron, y eso no está ocurriendo.

Para Pérez, la clave para evitar situaciones como éstas es diseñar un PRC dentro de un mismo periodo alcaldicio, y en ese sentido, detalló que "nosotros hemos propuesto como Asociación eliminar el concepto de modificación del PRC y dejar solamente el de enmienda, porque el de enmienda se resuelve en el Concejo Municipal y con los vecinos, y no requiere aprobación de la Seremi".

- ¿En el caso del mall Barón y el seccional del PRC no se previó que pudiera pasar este problema?

- Claro, la debilidad del estado de la planificación en Chile es esa, que hay gente con poco conocimiento que puede llegar a cometer esos errores, por ejemplo, identificar una zona en que se puede construir hasta 34 metros de altura, pero no observar que tiene que tener una conexión directa con una vía troncal o expresa.

DOM paralizó construcción de edificio en el

El director de Obras Municipales (s) de Valparaíso, Sergio Miranda, tras recibir la orden del seremi de Vivienda, Rodrigo Uribe, ordenó paralizar la construcción del edificio Alborada, en el cerro Delicias, luego que los vecinos denunciaran en Contraloría que no se habían iniciado faenas en tres años, el plazo máximo legal, y el ente fiscalizador les diera la razón. La secretaria de la Junta de Vecinos del Cerro Delicias, Andrea Silva, comentó que "ha sido un arduo trabajo pero creemos que ya es tiempo que se hagan las cosas bien en Valparaíso y no al margen de la ley como están acostumbradas las inmobiliarias a actuar. Tanto la inmobiliaria como el director de Obras le deben una explicación a los trabajadores y a la comunidad por su actuar negligente, lo que ha llevado las cosas a este punto, que es que tengamos una construcción ya de 8 pisos con permiso ilegal.

Es posible que la intervención del sector de Barón sea el proyecto urbano más relevante de la ciudad de Valparaíso desde el plan de reconstrucción a raíz el terremoto de 1906, cuyo legado vivimos y valoramos hoy. Es por esto que el rechazo de la Corte Suprema al proyecto Mall Barón, iniciativa promovida por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), tiene tanta importancia.

Es evidente que en este nuevo escenario se requiere establecer los consensos políticos y técnicos para definir en un plazo breve la estrategia que se adoptará para la reconversión de ese lugar. Sin embargo, no es menos importante revisar algo de lo que ha sucedido en esta última década, para evitar cometer los mismos errores.

Abrir el sector de Barón como área urbana fue una decisión política sustentada en el cabildo que realizó la ciudad en los años '90, y que se hizo viable con la construcción del Camino de la Pólvora, desplazando el área de logística portuaria a la parte alta de la ciudad. Esto llevó a la empresa estatal EPV a liderar un proyecto que está fuera de sus funciones y sus capacidades, cometiendo errores de planificación, diseño y gestión, por la premura en obtener resultados en el corto plazo. Como consecuencia, tenemos un proyecto rechazado legalmente y cuestionado por autoridades electas de la ciudad y la región, haciéndola inviable, y se hace necesario repensar el camino que haga posible la apertura del borde costero a la ciudad.

Durante este proceso la portuaria estatal se ha sumido en debates y polémicas que están fuera de su ámbito como empresa del Estado, siendo indispensable que oriente todo su quehacer a la misión que le ha entregado el país, la actividad portuaria. Debe definir su rol en el siglo XXI, y tiene varios temas pendientes. Por lo pronto, su propuesta de crecimiento portuario, el Terminal 2, tiene importantes observaciones técnicas y ambientales, poniendo en duda su viabilidad, lo que ha obligado a extender el plazo de la cláusula de salida del operador ya dos veces. A su vez, debe definir en el corto plazo la propuesta para un terminal de cruceros, desarrollar una área industrial extra portuaria en la zona alta de la ciudad, abordar la conexión ferroviaria de carga y fortalecer una logística integrada con el Puerto de San Antonio. Todo ello para obtener la eficiencia portuaria que la zona central necesitará para su desarrollo económico.

EPV como empresa estatal debe ser un aliado de la ciudad y la región. Todas las iniciativas antes mencionadas requieren un trabajo conjunto distinto y mejor que el que se ha llevado a cabo hasta ahora. Su relación actual con la Municipalidad debe subsanarse para fortalecer la colaboración, es por esto que de su inserto recientemente publicado, prefiero quedarme solo con su última parte, la disponibilidad para buscar en conjunto el camino para desarrollar una intervención que permita un uso equilibrado y eficiente del borde costero. De lo contrario pasará otra década de desaciertos.

Ex miembro del Directorio de EPV

Juan Carlos García