Nicolás Mencia P.

El Consorcio TVS, que integran la multinacional de transportes China Railways Group Limited (CREC), el grupo chileno Sigdo Koppers y Latinoamérica Infraestructura, se reunió ayer con el intendente Gabriel Aldoney y el seremi de Transportes, Mauricio Candia, para dar a conocer los detalles del proyecto ferroviario con el cual pretende conectar Santiago, Casablanca, Viña del Mar , Valparaíso y San Antonio.

Con una inversión de US$ 1.600 millones, la iniciativa consiste en la construcción de nuevas vías, estaciones y catenarias para un tren rápido de carga y pasajeros.

El intendente explicó que la compañía "ha hecho un esfuerzo económico para esta presentación, pero quiero decir que no es la primera vez que se hace ante el Estado chileno, utilizando los mecanismos que tiene para este tipo de proyectos".

Además, valoró el esfuerzo económico y señaló que "el Gobierno tiene que dar una respuesta, si acoge o no esta petición de concesión, para luego generar todos los mecanismos administrativos para que el proyecto se desarrolle".

El secretario regional ministerial (seremi) de Transportes, Mauricio Candia, aseguró que la iniciativa de capitales chinos "cambia bastante la presentación de antiguos proyectos, ya que aquí se observan las ganas de desarrollar un trabajo distinto".

Candia añadió que "el esfuerzo que está haciendo este consorcio de presentar de forma abierta la modalidad de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, resulta distinto a lo que se ha hecho en otras oportunidades.

En tanto, Gabriel Aldoney agregó que "afortunadamente esta iniciativa se encuentra en una etapa que permite hacer estos análisis".

Según lo indicado en el proyecto, el financiamiento no requerirá subsidios por parte del Estado.

El gerente general de TVS, Álvaro González, aclaró que existen peticiones simples: "Hay un requerimiento del permiso administrativo que debe ser entregado por el Estado y, de acuerdo a la ley, tiene dos facultades, que son la coordinación -que hacemos con la intendencia, al reunirnos con la ministra de Transporte-, y supervisarlo, para velar el cumplimiento de esos elementos".

Conforme a lo que dicta el Art. 98 de la Ley General de Ferrocarriles, la inspección y la supervigilancia de la construcción de ferrocarriles concedidos a particulares y de la explotación de todas las vías férreas del país, será ejercida por el Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

González enfatizó que lo que están pidiendo "es un marco donde el proyecto pueda vivir, integrándose con el resto (de la red ferroviaria) porque cumple los objetivos, que es sacar una parte importante de la carga a través de ferrocarriles y otra parte importante de pasajeros.

Asimismo, Aldoney indicó que "desde el punto de vista de la competencia no tiene otra alternativa. El Estado puede decidir que exista un control tarifario, ya sea dejarlo libre o puede tomar criterios para establecer tarifas máximas y eso es lo que debe hacer el Gobierno al momento de conceder el contrato de concesión".

Continuó con un ejemplo sobre la Ruta 68: "No sólo tiene problemas de capacidad, sino que también tiene restricciones muy importante de accesibilidad a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Naturalmente es una alternativa de transportes en el largo plazo y por lo tanto buscar fórmulas que permitan generar viajes en tiempos adecuados es evidentemente resolver un sistema de restricción que va a tener la región".

En representación de la agrupación económica que está a cargo del proyecto, González, apuntó que "una señal potente es que nosotros haremos un túnel de siete kilómetros desde antes de Viña del Mar hasta Barón".

"Además, tenemos salida de trenes en horario punta entre 10 a 15 minutos y en hora valle dependerá de la demanda, pero a su vez también operará un tren de carga, evitando problemas dentro de San Antonio y Valparaíso", aseguró.

En tanto, como un gremio que también puede verse impactado por el proyecto, el presidente de la Federación de los dueños de camiones de la V Región (Fedequinta), Iván Mateluna, afirmó que "no nos podemos oponer con ningún transporte que quiera tener competencia con el otro, pero mientras sea todo transparente, no hay nada que hacer".

Para Mateluna sí existen consecuencias que pueden ir directamente hacia quienes transportan desde el Puerto. "Una de ellas es la baja cantidad de cargas que tendremos que transportar y lo que puede provocar es monopolizar lo que la industria y hay que saber lo que hay, son familias que tienen holding", aclaró.

"El Estado lo que tiene que hacer es aprobar el proyecto como concesionario y proceder a desarrollar todas las normas y actividades necesarias"

Gabriel Aldoney, Intendente de Valparaíso"