Katherine Escalona

La cancelación de al menos US$ 9,5 millones que deberá hacer la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) a Mall Plaza en aproximadamente 90 días por el término anticipado de la concesión para construir el proyecto mall Puerto Barón, ha generado diversas reacciones entre autoridades y parlamentarios en ejercicio y electos de la zona, quienes ven con incertidumbre el destino que tendrá este paño del borde costero.

En materia legislativa, los congresistas se inclinan por pedir una comisión investigadora, sobre todo tomando en cuenta el millonario pago que debe efectuar la estatal al privado, situación que, aseguran, daña el patrimonio fiscal.

En este sentido, el diputado electo Jorge Brito (RD), del Frente Amplio, fue claro y detalló que "nosotros vemos con preocupación cómo EPV ha mostrado generosidad reiterada en determinados proyectos y con determinados grupos económicos. Vemos con preocupación a una empresa pública que se comporta como privado. Además, hay que recordar que a este monto se suma también los US$ 8 millones en estudios arqueológicos para efectuar el proyecto del mall Barón, situación que de acuerdo a los antecedentes que tenemos, era fuera del marco de la ley".

Para el legislador electo, que una empresa pública como EPV "tenga estos gastos para una iniciativa privada es cuestionable. Valparaíso se merece una mejor empresa puerto y queremos poner los ojos en cómo se ha administrado tanto en este directorio como en los anteriores donde estaba el core Jaime Perry, el intendente Aldoney y el actual diputado Osvaldo Urrutia. Por este motivo estamos precisamente evaluando el instar a que se cree una comisión investigadora porque debemos ver todos los montos en relación a este proyecto. No descartamos pedir una comisión investigadora para tener una empresa portuaria a la altura de la ciudad".

La visión de Brito es compartida por Camila Rojas (Izquierda Autónoma), quien sostuvo que "el directorio de EPV es responsable de haber asumido un contrato con estas características y haber hecho avanzar un permiso ilegal de edificación. Por ello, hoy una empresa estatal tendrá que desembolsar una cuantiosa suma de dinero que podría ser utilizada en el desarrollo de Valparaíso, una ciudad que ha sido sistemáticamente abandonada".

Rojas respaldó lo dicho por el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quien calificó el monto a pagar como un "despilfarro público", y precisó que "ese dinero alcanza para dos consultorios o el pago de la deuda de los profesores. Es indignante y queda comprobado cómo se han construido instrumentos legales al servicio de los empresarios que a todo evento no tienen pérdidas".

Recalcó que "en este escenario negativo hay que evaluar todas las herramientas que sirvan, entre ellas una posible comisión investigadora desde el Congreso, para impedir que Valparaíso siga siendo saqueado a nombre de un desarrollo que sólo incrementa las ganancias empresariales".

Más cauto se mostró el diputado Víctor Torres (DC), aunque no por ello desestimó la instancia indagadora: "Habrá que evaluar en virtud de los antecedentes disponibles a partir de marzo, por lo que no se puede descartar a priori una comisión investigadora", puntualizó.

En tanto, el también diputado electo por el Distrito 7 Marcelo Díaz (PS) subrayó que pedir una comisión investigadora "sí es una opción, porque hay que resguardar el patrimonio fiscal", opinión a la que también se sumó el legislador electo Andrés Celis (RN), aunque enfatizó que la situación va más allá y, a su parecer, este caso "tendría una arista legal".

En este contexto, el exconcejal de Viña del Mar manifestó que "no hay que olvidar que fue la Municipalidad de Valparaíso la que dio el permiso de edificación para la construcción del mall Barón. El alcalde Sharp está actuando de forma irresponsable, poco seria, porque en definitiva lo que va a hacer la Empresa Portuaria de Valparaíso es repetir o contrademandar al municipio porque quien dio el permiso, le guste o no a Sharp, fue el municipio de Valparaíso. Por lo tanto, esto puede terminar con que los US$ 9,5 millones lo pague en un principio EPV, pero lo que cancele lo va a accionar en contra de la municipalidad", aseveró el parlamentario electo por el Distrito 7.

Esta situación, precisó Andrés Celis, "podría causar un perjuicio al municipio".

"No descartamos pedir una comisión investigadora para tener una empresa portuaria a la altura de la ciudad"

Jorge Brito, Diputado electo (RD)"

"Habrá que evaluar (...) a partir de marzo, por lo que no se puede descartar a priori una comisión investigadora"

Víctor Torres, Diputado (DC)"

"En el tema de la comisión investigadora no hay problema, van a contar con mi voto para poder conformarla"

Andrés Celis, Diputado electo (RN)"

Gabriel Aldoney: "Todo el mundo sabía que iba a ocurrir esto"

El intendente Gabriel Aldoney, a la luz de su gestión como presidente del directorio de EPV entre los años 2000 y 2006, cuando se abordó la concesión del muelle Barón, expresó que "no quiero eludir mi responsabilidad del hecho de diseñar un proyecto que era tremendamente positivo para Valparaíso, pero yo no tengo responsabilidad a cómo se llevó a cabo el proceso, porque eso no se alcanzó a hacer cuando yo estaba de presidente de la empresa portuaria. Así que, sobre todo (en cuanto a) los cambios y el contrato, hay que preguntar a otras personas, no a mí".

Lo que más preocupa ahora, recalcó el jefe regional, es dar solución a la utilización del espacio del muelle Barón y de la bodega Simón Bolívar. Si se quiere hacer algo serio, expresó, "va a tener que resolverse la participación de los privados, porque el monto de inversión que hay que hacer ahí es muy alto y yo prefiero que las platas públicas sean utilizadas en salud, educación, campamentos o alcantarillado en la ciudad".

Sobre el millonario pago que la Empresa Portuaria de Valparaíso debe hacer a Mall Plaza, Aldoney sostuvo que "todo el mundo sabía que iba a ocurrir esto. Toda persona sabe que cuando hay contrato de ambas partes, los intereses se protegen".