Claudio Ramírez
"Lo primero que hay que tener presente es que esto no se trata de una indemnización por daños y perjuicios, sino que se trata de un acuerdo contractual que se hizo antes de que este proyecto quedara sin efecto, sino estaríamos hablando de una cifra muy superior", comentó el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) respecto a la cifra de US$ 9,5 millones que la empresa portuaria debe pagar a Mall Plaza tras la anulación del permiso de obra.
Un monto que para el parlamentario resulta lógico tomando en cuenta una serie de consideraciones que él mismo detalla. "Se trata de la devolución de los gastos en que tuvo que incurrir la empresa durante estos 11 años mientras se tramitó el proyecto como los estudios básicos y de ingeniería, los sondajes, las modificaciones al diseño original y el permiso de obra que se pagó el 2013 y que en la actualidad representa más o menos US$ 1 millón de dólares que va a tener que devolver la municipalidad porque es un permiso que quedó sin efecto", subrayó.
"La supuesta ilegalidad la cometió la municipalidad, ellos entregaron el permiso y ellos deben devolver el dinero. Eso es lo que corresponde hoy porque la obra no se va a ejecutar", recalcó el diputado.
Y es que, según remarca, la propia municipalidad en su momento no reclamó ante la Corte Suprema, lo que dejó sin efecto el permiso no solamente del Mall Barón, sino que también del terminal de pasajeros. "El despilfarro lo va a tener que hacer el alcalde (Jorge Sharp) porque tendrá que devolver un millón de dólares que significó el permiso de edificación. No sé si lo contempló (...) esas platas que hoy la empresa portuaria tiene que devolver se deben en gran parte a la acción del alcalde", manifestó el exdirector de EPV.
Urrutia advirtió que también hay otros costos que deben ser devueltos como adelantos de canon de arriendo por parte de la empresa Mall Plaza. "Después que se obtuvo el permiso de edificación, se le hizo entrega del terreno y la empresa empezó a construir. Y para poder hacerlo, de acuerdo a la cláusula del contrato, tenía que pagar canon de arriendo que allí más o menos deben ser del orden de los US$ 2 millones", estima.
También añade que hubo un aporte de la empresa que apunta a las obras de acceso al VTP. "Es plata que la empresa gastó y que corresponde, luego de que el contrato quedase sin efecto, se los devuelvan y eso estaba considerado previamente en el contrato. Es algo similar a lo que ocurre con otros contratos que hace el Estado, Cuando una empresa, por ejemplo, amparada en la Ley de Concesiones, presenta un proyecto y hace los diseños de ingeniería, los sondajes, el estudio arqueológico y otros gastos, de no llevarse a efecto, corresponde que el Estado lo devuelva porque eso estudios quedan en el patrimonio del propio Estado", sostiene.
En cuanto a la posibilidad de una comisión investigadora señaló que tiene un efecto más "comunicacional". "Este era un proyecto de Estado cuyo objetivo era permitir la ampliación del Terminal 2 de Valparaíso y entregar en compensación a la ciudad un pedazo del terreno de la EPV que no le servía para desarrollo portuaria o que le salía muy caro hacerlo. Era una ventana para la ciudad".
En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber dijo ayer que antes de proponer usos para el predio, el Estado debe definir quién administrará dicho predio e insistió en que ese organismo debe ser el municipio porteño.
"La supuesta ilegalidad la cometió la municipalidad, ellos entregaron el permiso y ellos deben devolver el dinero"
Osvaldo Urrutia, Diputado UDI"
"Viene algo muy concreto: quién va a administrar ese borde costero y si la ciudadanía va a tener una participación en la definición de lo que allí se haga"
Ricardo Lagos Weber, Senador"
El controvertido monto que debe pagar la empresa portuaria
El pasado viernes, la Empresa Puerto Valparaíso (EPV), a través de un hecho esencial, dio cuenta de un pago que debía hacer a Mall Plaza por un monto de, al menos, 216.066 UF, equivalente a US$ 9,5 millones. "En todos los contratos las partes pueden fijar indemnizaciones de perjuicios de manera anticipada, así lo permite el Código Civil. Se llama Cláusula Penal, esto es fijación anticipada de perjuicios por las partes, ya que todos los contratos están sujetos a no cumplirse por alguna de las partes, o por alguna situación ajena a la voluntad de las partes", comenta la abogada Lya Rojas, socia directora de Rojas Abogados.
En cuanto a la diferencia entre esta cifra y los US$ 7,5 millones que había planteado Mall Plaza en su declaración que puso fin al contrato, el economista Alejandro Maureira comentó que "esta provisión de los US$ 7, 5 millones que declaró la empresa a través de un comunicado, considero que fue una forma de reconocer la pérdida y de alguna manera lo que también estaba dejando en claro era la posibilidad de ejercer acciones legales por esta situación".
