Dos nuevas integrantes se sumaron esta semana a la bancada feminista del Congreso, con lo que ya son 12 las legisladoras que componen este colectivo que busca, entre otras cosas, la equidad entre géneros. Se trata de las diputadas electas Pamela Jiles (Partido Humanista) y Carolina Marzán (PPD).

"Quiero agradecer la incorporación voluntaria (de ambas). Tenemos la plena convicción de que serán un gran aporte en esta bancada y en el Congreso, sobre todo para fortalecer la agenda feminista que estamos construyendo de cara a los desafíos y los temas pendientes que todavía tenemos como sociedad para consagrar y resguardar los derechos de las mujeres", comentó Camila Vallejo (PC) a Emol.

Jiles, quien es la primera legisladora del Frente Amplio en unirse a este grupo, manifestó al mismo medio que "todas las mujeres y particularmente las mujeres aguerridas, empoderadas como las que están acá (en la bancada), somos campeonas de la unidad".

Además, volvió a criticar a su propio sector, asegurando que "esto (unirse a la bancada feminista) no le cae muy bien a los varones de ninguna de nuestras bancadas. Guardan silencio en lo público, pero en lo privado, no les gusta nada que las mujeres nos organicemos".

"Esta es la historia de vida de las mujeres: unirnos para pelear por nuestros derechos y ganar nuestros derechos", añadió.

Por su parte, Carolina Marzán dijo que su arribo "es una manera de partir integrándonos y de sentir que de verdad uno puede ser un real aporte, en especial para los distritos que uno represente".

En la bancada feminista "Julieta Kirkwood" hay ahora una parlamentaria del FA, cuatro del PS, dos del PC, tres del PPD, una del PR y una de RN (Marcela Sabat, la única de Chile Vamos). Uno de sus objetivos es enviar un proyecto para crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

Los diputados del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez, solicitaron ayer la remoción del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, de la investigación del caso SQM. Esto, a raíz de la decisión del persecutor de solicitar la suspensión condicional de la minera no metálica dentro de la causa.

Según Gutiérrez, se buscará hacer valer una facultad parlamentaria de solicitar al pleno de la Corte Suprema la remoción del fiscal por "negligencia grave en el ejercicio de sus funciones", para lo cual se necesitan las firmas de, al menos, diez legisladores.

"Creemos que el fiscal Gómez ha incurrido en esta causal cuando decide, habiendo instrucciones claras y perentorias de la Fiscalía Nacional, suspender el procedimiento contra la empresa SQM", explicó el diputado, quien agregó que espera tener las firmas necesarias la próxima semana.

El legislador calificó a la empresa de "corruptora, porque corrompió toda la política chilena de manera transversal, y hoy (…) se le pone una lápida de impunidad a SQM para que posteriormente pueda celebrar todos los negocios que estime conveniente, incluidos estos que está firmando con la Corfo y que le va a permitir que no corra el riesgo que se le suspenda la persona jurídica o que se le suspendan los contratos".

Por lo mismo, consideró que "el fiscal Gómez está acompañando una decisión de Corfo de blanquear a SQM y eso nos parece incorrecto".

Arista royalty

Por otro lado, la Fiscalía pidió aumentar el plazo de investigación de la arista royalty del caso SQM, en el que ya fueron formalizados por delitos de cohecho y delitos tributarios el ex ministro Pablo Longueira y el ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse.

Además, hoy se discutirá una posible suspensión condicional del procedimiento, con la que SQM evitaría el juicio y sólo pagaría una millonaria multa por su participación en los delitos.

Matías Jullian Velásquez

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó, a título personal, una querella contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) por un supuesto montaje en las pruebas de la denominada Operación Huracán, en la que se detuvo a ocho comuneros mapuches, acusados de violencia rural.

Hace dos semanas, Carabineros denunció al Ministerio Público por el presunto delito de obstrucción a la investigación de una funcionaria de la Fiscalía, quien supuestamente habría filtrado información sobre los operativos de los uniformados en contra de la CAM a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Arroyo asegura que todo se trata de un montaje de pruebas por parte de policías de Inteligencia, luego de que él no accediera a herramientas fuera de la ley para obtener éxitos en investigaciones sobre violencia rural como los policías le habrían sugerido.

Según el fiscal, se busca "crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual que a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas".

La acción de Arroyo fue apoyada por la Fiscalía Regional, que decidió cerrar sin culpables la investigación por la Operación Huracán.

La decisión del fiscal regional Cristián Paredes se basa en que, según los peritajes elaborados por la Fiscalía Nacional, las presuntas conversaciones vía WhatsApp en que los imputados se habrían puesto de acuerdo para coordinar los ataques pudieron haber sido implantadas en los celulares de los imputados por personal de Inteligencia de Carabineros, apoyando la hipótesis de Arroyo.

"hecho gravísimo"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó el cierre de las pesquisas sin culpables y calificó la manipulación como un "hecho gravísimo y absolutamente inédito".

El persecutor nacional defendió la credibilidad del Ministerio Público al afirmar que "la información proviene del amparo de la Ley de Inteligencia, por lo que la Fiscalía no ha tenido control respecto al origen de esta".

Explicó que se le solicitó a Inteligencia de Carabineros que entregue más detalles sobre cómo obtuvo la información y que, al no haber respuesta, "se hizo una pericia a los teléfonos incautados durante la detención de los ocho ciudadanos y se ha podido determinar que (los mensajes incriminadores) se habrían incorporado con posterioridad a la incautación, lo que constituye una irregularidad".

Abbott, eso sí, destacó que este es un hecho aislado, por lo que espera que no afecte a la relación entre Fiscalía y Carabineros, y que se apliquen sanciones penales.

El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, precisó que "se requirió hoy (ayer) a Carabineros de Chile una investigación administrativa inmediata, destinada a esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público y que motivaron su decisión de no perseverar. Esta investigación estará a cargo del subdirector de Carabineros, general inspector Julio Pineda", quien también se desempeñó como jefe de la V Zona de Valparaíso.

Además, "el Ministerio del Interior y Seguridad Pública considera que, dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo".

"Se hizo una pericia a los teléfonos incautados y se ha podido determinar que (los mensajes) se habrían incorporado con posterioridad"

Jorge Abbott, Fiscal nacional"

La Presidenta Michelle Bachelet recibió ayer en La Moneda a rectores de Universidades Estatales para analizar el aprobado proyecto de Ley de Educación Superior. Tras la cita, Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, valoró el despacho de la iniciativa que, entre otras cosas, establece la gratuidad universal, la acreditación obligatoria de los planteles y un nuevo marco jurídico para las universidades del Estado.

"Pienso que es un gran triunfo para Chile, es un hito, es un reencuentro con una tradición que nos marca desde nuestro nacimiento como república, que es tener una universidad estatal y que representa pensar a Chile, incorporar a todos los sectores sociales, políticos y religiosos, en torno al concepto de universidad pública", dijo Vivaldi.

Según el rector de la UCh, con esta nueva ley se abre la posibilidad de "cohesión social, de preocupación por el desarrollo del país a nivel nacional y regional", metas que "cualquier nación tiene", asegurando que es un "punto de partida" para seguir conversando sobre el rol de las universidades estatales.

Por otro lado, el Colegio de Profesores, a través de su presidente Mario Aguilar, criticó la nueva ley, asegurando que "se hizo la reforma, pero no en el sentido ni en la profundidad que se demandaba".