Un grave revés sufrió ayer el Gobierno, luego de que el Tribunal de Garantía de Temuco decidiera sobreseer a los diez imputados de la denominada "Operación Huracán" y rechazara la solicitud de la Intendencia de La Araucanía de decretar la reapertura de la investigación.

El juez Federico Gutiérrez decidió sobreseer a los ocho imputados por asociación ilícita terrorista, entre ellos el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, así como a los dos implicados en la quema de camiones en Padre Las Casas.

El sobreseimiento fue solicitado por la defensa de los imputados, que argumentó que la investigación constituyó "una gran farsa" y "una gran vergüenza", luego de que fuera cerrada por presunta manipulación de las pruebas.

Durante la audiencia en la que el Ministerio Público le comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento, el magistrado explicó que "se tiene por comunicada la decisión de no perseverar, quedando sin efecto la formalización de la investigación, respecto de cada uno de los imputados". Asimismo, señaló que "nada impedía a la Intendencia Regional, en su calidad de querellante, solicitar el alzamiento del secreto, durante todo el lapso de la investigación, lo que nunca realizó". "Consecuencialmente, no podrá reabrirse la investigación por no haberse solicitado diligencias en tiempo oportuno", añadió.

El Gobierno pedía mantener abierta la investigación por 90 días más, argumentando que no se habían realizado todas las diligencias. "Tenemos la convicción de que no está agotada la investigación", dijo el abogado de la Intendencia Regional, Matías Moya.

"La lógica y la prudencia indica que frente a peritajes contradictorios se debería buscar una tercera opinión dirimente", defendió el abogado.

Las decisión del juez puso la lápida a la denominada "Operación Huracán", que en septiembre pasado encabezó Carabineros y en la que fueron detenidos los ocho imputados, que acusados de participar en la quema de iglesias y maquinaria agrícola en la Región de La Araucanía, fueron enviados a prisión preventiva con pruebas que actualmente se investiga si fueron manipuladas.

La audiencia

A las 09.00 horas de ayer se dio inicio a la audiencia en la que la Fiscalía le informó al tribunal su intención de no perseverar, luego de denunciar que las evidencias proporcionadas por Carabineros para formalizar a ocho comuneros habían sido "manipuladas". Dichas pruebas correspondían a conversaciones de WhastApp y Telegram.

El fiscal de alta complejidad de La Araucanía, Felipe González, expuso que de las 27 diligencias que se le pidió a Carabineros sólo les fueron entregadas tres y que "además los peritajes daban cuenta de la comisión de eventuales delitos".

Esto último "nos permitía hacer dudar fundadamente de la naturaleza de esa mensajería, y que no podíamos claramente ejercer la acción penal pública, con los antecedentes que tenemos".

El inicio de las dudas

El persecutor entregó detalles sobre el surgimiento de las dudas respecto a los antecedentes. "Algunos de los mensajes tenían fechas posteriores a la incautación de los teléfonos", dijo.

Además explicó que los mensajes estaban en formato de archivo txt pero que "no eran las formas en que la mensajería se guardaba en los teléfonos". Y señaló que en el teléfono de uno de los imputados, Martín Curiche Curiqueo, se detectaron situaciones "extrañas". "Resulta que el personal especializado al revisar las imágenes forenses se encuentra cuatro archivos en formato txt que son iguales, contienen lo mismo. Y dónde se encuentran almacenados: en cuatro carpetas diferentes, tanto en Facebook, WhatsApp y Telegram. Cuatro conversaciones iguales, ¿en distintos destinos? Esa situación me resultó bastante extraña", afirmó González, que reportó esta situación al fiscal regional, Cristián Paredes, quien decidió la apertura de una investigación por posible delito de obstrucción a la investigación.

Posteriormente vieron que algunos de los imputados ni siquiera tenían instalado Telegram.

Informe de la pdi

Por su parte, el abogado de la defensoría penal, Juan Pablo Alday, citó un informe de la PDI anexado a la carpeta de investigación al que accedió el jueves, que acreditó que los celulares se conectaron a internet después de ser incautados. "Es patente que la fecha de elaboración de dichos mensajes son posteriores e incluso en el informe de la PDI queda patente que los teléfonos incautados estuvieron conectados a internet una vez en poder de Carabineros", aseguró.

"No podíamos claramente ejercer la acción penal pública con los antecedentes que tenemos".

Felipe González Fiscal."

"La lógica y la prudencia indica que frente a peritajes contradictorios se debería buscar una tercera opinión dirimente".

Matías Moya Abogado de la Intendencia."