Uno de los integrantes del equipo de abogados de la Defensoría Penal Mapuche, Juan Pablo Alday, se manifestó conforme con el cierre de la investigación y el sobreseimiento de ocho imputados en la Operación Huracán, dictaminado por el Juzgado de Garantía de Temuco.

"Estamos muy contentos, puesto que el juzgado acogió nuestra solicitud de sobreseer a los ocho imputados por asociación ilícita terrorista, y respecto de dos de ellos por incendio terrorista. Nosotros creemos que debían sobreseer la causa y no bastaba una mera decisión de no perseverar por el Ministerio Público", dijo Alday a 24 Horas.

"Nosotros decíamos y señalamos que, dado que hay una investigación totalmente agotada, se vivió una situación anómala e irregular a juicio de nosotros, (por lo que) tenía que decretarse el sobreseimiento definitivo, tal como ocurrió", afirmó el jurista.

"El 24 de septiembre de 2017, cuando tomamos la audiencia de control de detención, dijimos que nuestros representados eran inocentes", sostuvo Alday, motivo por el cual "nos mantenemos conformes porque el juzgado de garantía avaló y confirmó fundadamente nuestra posición".

Precedente

Acerca de las consecuencias de este fallo, el representante de la Defensoría Penal Mapuche sostuvo que "este caso genera un precedente, por primera vez en la historia de Chile y de la historia de la Reforma Procesal Penal, ha quedado patente que se implantaron pruebas para perjudicar a diez personas, en su mayoría comuneros mapuche. Hay un elemento histórico, de trascendencia, que claramente es triste, pero nosotros como defensa vamos a estar atento a los nuevos procedimientos que se realicen".

Alday aseguró que "en un Estado democrático y de derecho, como el nuestro, no deberían ocurrir situaciones así. Esperamos que sea una situación singular y particular, esperamos no vernos expuestos a pruebas falsas para nuestros representados".

El Ministerio Público anunció que presentará -antes del 14 de febrero -un recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco para intentar revertir el fallo.

"¿Arrepentido de qué?", contestó José Navarro Labbé (31) a las consultas de la prensa, quien fue detenido tras entregarse voluntariamente a la policía que lo encontró junto a Emmelyn Canales, la menor de 11 años que permanecía desaparecida desde el 2 de febrero pasado en la localidad de Licantén, Región del Maule.

La PDI confirmó cerca de las 04.00 horas de la madrugada de ayer que había logrado dar con la niña con vida, y que su captor había sido detenido.

Según informó Fiscalía del Maule, la detención se produjo tras las negociaciones del fiscal regional, Mauricio Richards, con Navarro, quien permanecía escondido en casa de un familiar y decidió entregarse por miedo a ser linchado por la comunidad.

La PDI informó que Navarro, quien tiene antecedentes penales por abusos sexuales, estuvo toda la semana junto a la menor en el sector de Quelmes, "caminando por los bosques de la comuna" y que, cuando se vio rodeado, decidió esconderse en la casa de una hermana. Fue ella quien dio aviso a la policía que comenzó las negociaciones.

"Hicimos lazos con la familia, tratamos de trabajar con la inteligencia emocional de ellos y, de alguna u otras manera, logramos esta cercanía, lo que a la postre llevó a que en la madrugada, apenas este sujeto se movilizó a la casa de una de sus hermanas, ella pudiese tomar contacto con un oficial que teníamos de enlace en el lugar", dijo el comisario Richard Escobar, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Curicó.

Finalmente el hombre se entregó a eso de las 03.40 horas, cuando la PDI llegó hasta la casa de la mujer, donde encontraron a la niña.

"Él no puso ningún tipo de resistencia a la detención. Ya había una negociación previa que estaba solamente a la espera que llegásemos a la casa", destacó Escobar.

Posteriormente ambos fueron trasladados a Curicó, donde la niña fue ingresada en el hospital para ser sometida a diversos exámenes, y el hombre comenzó a ser interrogado por el fiscal del caso, Mauricio Richards.

Respecto al estado de Emmelyn Canales, el prefecto Mauricio Acuña, jefe de la Prefectura provincial de Curicó, explicó, en declaraciones consignadas por Cooperativa, que "se encontraba tranquila, se veía en buen estado de salud, no hubo comunicación muy directa con ella de manera de no generar una doble victimización".

Sin rastros de agresión

Al mediodía el director del hospital, Jorge Canteros, confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud y aseguró que no hay "evidencias externas" de que haya sido atacada sexualmente. "Ella se encuentra en buen estado de salud, fue evaluada por pediatras y obstetras y la evaluación es satisfactoria", precisó.

El profesional, asimismo, informó que la niña sólo muestra algunas erosiones o rasguños menores en su cuerpo, como consecuencia de su desplazamiento por los cerros de Licantén, y tampoco presentó señales de deshidratación.

Respecto de un posible abuso sexual, Canteros señaló que "no hay evidencias externas de que ello hubiera ocurrido; no obstante, por razones obvias, aplicamos una serie de protocolos para prevenir problemas asociados a eventuales contactos sexuales no programados".

El detenido fue trasladado al Juzgado de Garantía de la localidad de Licantén para su control de detención, que se llevó a cabo a eso de las 16 horas.

Cuando era trasladado fue consultado por los periodistas por su responsabilidad en los hechos, a lo que respondió: "¿Arrepentido de qué?". Asimismo, gritó en reiteradas ocasiones: "Háganse la pregunta por qué la dejé viva entonces".

El Juzgado de Garantía de Licantén acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención hasta el martes, debido a que la Fiscalía argumentó que necesita contar con el testimonio de la menor. El tribunal además determinó que esto se cumpliera en la Cárcel de Rancagua, que señaló que cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

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Nuestras oficinas de apoyo van a estar. Viene el colegio, vienen un montón de cosas donde tenemos que estar con ella y con la familia".

Marcelo Fernández, alcalde de Licantén.