La Fiscalía del Maule formalizó ayer por sustracción de menores y lesiones graves a José Manuel Navarro, acusado como el responsable de la desaparición de una niña de 11 años en Licantén.

Tras la audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva para Navarro y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

La niña, de 11 años, desapareció el viernes 2 de enero y apareció el sábado 10, luego de que la hermana de Navarro informara a la policía que ambos, captor y captiva, se encontraban en su domicilio.

Desde su aparición, Navarro y su entorno han asegurado que raptó a la menor de edad para "protegerla de su familia". De hecho, durante la búsqueda la fiscalía informó que la niña fue víctima de abusos sexuales de parte de un familiar durante el 2016.

El padre de la niña, Cristián Canales, solicitó el lunes la tuición completa de su hija, quien hasta el momento ha estado bajo la custodia de su madre. Además, Canales presentó ayer dos querellas, una por secuestro y sustracción de menores en contra de José Navarror, y una segunda por el presunto abuso sexual sufrido por la menor.

Navarro, de 31 años, salió desde el centro penitenciario de Rancagua, donde estaba recluido, cerca de las 13:30 horas, y arribó a las 13:50 al Juzgado de Garantía de Licantén bajo un fuerte resguardo policial.

A las 15:00 comenzó la audiencia de formalización por los delitos de sustracción de menor y lesiones simplemente graves en contra del abuelo de ella, quien la acompañaba al momento del rapto.

El fiscal regional Mauricio Richards explicó que "la privación de libertad y el aislamiento de la menor de su madre y de su respectivo grupo familiar fue deliberada y premeditadamente planificada por el imputado, con la finalidad de efectuar un ritual propio de sus creencias".

Richards detalló que Navarro, desde fines del año 2007, "atribuyéndose poderes de naturaleza metafísica y autodenominándose el brujo de Vichuquén, se aproximó a diversos miembros del grupo familiar de don Luis Rafael Vidal Herrera (el abuelo de la menor), ofreciendo prestaciones y rituales de sanación ante variados males" y que así conoció a la niña.

Tras esto, el magistrado Marcial Taborga indicó que por solicitud del Ministerio Público, sólo se transmitiría a través del canal de televisión del Poder Judicial la formalización de cargos, pero que el debate sobre las medidas cautelares se haría bajo reserva, ya que aún restan diligencias y se mantiene vigente el secreto de la investigación.

En la antesala de la audiencia, el abogado defensor, Esteban Arévalo, planteó que Navarro "no ve el mundo como lo vemos nosotros". En entrevista con radio Cooperativa, el defensor público aseguró que "lo que hasta el momento ha dicho Navarro apunta nada más que a que la niña eventualmente sufría algún tipo de vulneración respecto a sus derechos" y que "su actitud fue intentar evitar que le ocurriera algo, protegerla de su entorno".

Arévalo agregó que existen "causales de justificación" en el cargo que se le imputa a Navarro. "Si usted ve que un niño está en situación de vulnerabilidad y usted lo toma, se lo lleva y más adelante lo entrega a la policía. No hay ningún delito", ejemplificó.

Incluso, la abuela paterna de la menor, María Teresa Vergara,defendió a Navarro, asegurando que "lo entiendo" y que "la cuidó y la protegió".

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El proyecto no (...) da garantías suficientes para poder decir que su impacto no afecta al medio ambiente ni a la salud de las personas".

Marcelo mena, ministro del Medio Ambiente, por el proyecto minero portuario Dominga.

Después de una accidentada jornada matutina, el Poder Judicial decidió aplazar para el mediodía de mañana la audiencia de discusión de incompetencia referente a la denuncia de la Fiscalía, por la eventual manipulación de pruebas por parte de Carabineros en la denominada Operación Huracán.

La audiencia en el Juzgado de Temuco estaba programada, inicialmente, para las 12:00 de ayer y luego se informó que se adelantó para las 8:30. Sin embargo, a esa hora sólo llegaron el magistrado y la prensa. A raíz de esto, el Poder Judicial informó que la audiencia se realizaría ayer mismo en su horario original, pero finalmente fue programada para mañana a esa misma hora.

"El tribunal consideró que, independiente de la posición de la Fiscalía respecto de los querellantes que podrían asistir a la audiencia, hay imputados que, en la causa que nos convoca -que es la 1006-2017- no eran considerados como imputados, pero sí en las otras causas. Por lo tanto, el tribunal decidió suspender la audiencia para que esos imputados sean emplazados y puedan comparecer a la audiencia del jueves a las 12:00 a ejercer sus derechos", explicó el fiscal Jorge Calderara.

"Básicamente es una cautela de derechos procesales para todos los intervinientes, de modo tal que, a futuro, nadie pueda reclamar y pedir nulidades de lo que se resuelva", acotó el fiscal.

La abogada Marisa Navarrete, quien representa a los carabineros acusados de implantar pruebas falsas en los celulares de los comuneros mapuche, acusó "indefinición" de parte del Gobierno con este caso.

"Mis defendidos desean prestar declaración ante un tribunal imparcial, toda vez que la investigación que está llevando el Ministerio Público no ha ofrecido garantías suficientes para la declaración de ellos", dijo.

"Uno de los fundamentos de la cautela es precisamente ése: parte de mis defendidos han sido citados, por ejemplo, como víctimas en una causa y cuando llegan se les notifica que son imputados. En otros casos se los ha citado como testigos y cuando llegan allá se les notifica que son imputados. Ustedes comprenderán que es una situación completamente indefinida", advirtió.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ayer en el Juzgado de Garantía de Temuco una querella en contra de todos quienes resulten responsables de la supuesta implantación de pruebas falsas en los celulares de los comuneros mapuche que fueron imputados y luego sobreseídos.

"Ocho personas permanecieron durante 26 días privadas de libertad en mérito de antecedentes que fueron allegados a un proceso judicial; unos antecedentes que -toda la información con la que cuenta el INDH, que además es pública y notoria- adolece de vicios, carece de veracidad; antecedentes que, a nuestro entender, son falsos", dijo Federico Aguirre, jefe regional de INDH en La Araucanía, quien interpuso la acción judicial.

Además, el Ministerio del Interior anunció a través de un comunicado que "solicitó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el levantamiento del secreto de todas las piezas de la investigación".