ANEF en alerta por alza en dotación de planta que denunció nuevo intendente
DISCUSIÓN. "Se ha notado un aumento notable en periodos muy cercanos", dijo Jorge Martínez. Mabel Zúñiga, dirigenta local, pidió no confundir a los funcionarios con operadores políticos.
El futuro intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, no sólo deberá lidiar con la designación de las futuras autoridades del Gobierno Regional, entre ellos los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales (seremi) y algunos jefes de servicio. También, el vicerrector de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar tendrá que resolver las eventuales desvinculaciones de funcionarios afines a la actual administración, los llamados operadores políticos.
"Me parece legítimo que la organización de los trabajadores fiscales se preocupe de sus asociados. Le diría que no hay ningún interés en desvincular a los funcionarios de carrera que han hecho bien su trabajo. Pero sí se ha notado un aumento notable de cambios de planta en periodos muy cercanos, que hace suponer que se trata más bien de operadores políticos que están tratando de quedar instalados", dijo ayer a este Diario el próximo jefe regional, en su primera entrevista tras la designación del Presidente electo Sebastián Piñera.
En esa línea, Martínez instó a que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la zona "tiene que cuidar que no les metan operadores políticos que puedan afectar el prestigio de su labor", agregando que una vez que arribe al piso 19 "se va a actuar con mucha prudencia y mucha seriedad en la materia", pero reconociendo que "efectivamente se va a revisar quiénes están en las plantas y quiénes se han incorporado recientemente".
Junto con la salida del intendente Gabriel Aldoney, desde Chile Vamos indicaron que se espera que queden vacantes las jefaturas de las divisiones de Gestión, Planificación y Administración y Finanzas. Además, agregaron desde el conglomerado, lo lógico sería que los asesores del actual jefe regional -incluido su jefe de gabinete- renuncien de manera voluntaria el 11 de marzo.
El exintendente de Valparaíso durante el primer gobierno de Piñera, Raúl Celis, explicó que dichos cargos son exclusivamente de confianza, los cuales deben ser ocupados por personas que compartan el programa de gobierno.
"Lo natural sería que las personas que responden a la administración de turno y a la confianza de las autoridades renuncien", comentó Celis, explicando que en ese círculo, además del jefe de repartición, podrían ser incluidos el jefe de gabinete, el encargado de comunicaciones y los asesores más cercanos que llegaron una vez se instaló el Gobierno.
Hace ocho años, cuando fue nombrado por Piñera, el exintendente recordó que el escenario en el que llegaron era totalmente distinto, puesto que venían antecedidos del terremoto que azotó al país el 27 de febrero. Por lo mismo, comentó Celis, el proceso de desvinculaciones quedó en un segundo plano e, incluso, dijo que a muchos funcionarios, algunos de ellos militantes de un partido de la Nueva Mayoría, se les pidió mantenerse por un tiempo para enfrentar la etapa de reconstrucción.
"Producto de la emergencia, los problemas relacionados con el personal del Gobierno Regional no fueron prioritarios. Ahora, cuando analizamos el tema, lo hicimos con bastante prudencia y de manera ordenada. Básicamente trabajamos en detectar qué personas estaban en un servicio prestando labores más bien de operadores políticos que profesionales", dijo el exintendente, quien incluso recordó que "tuvimos la colaboración de los propios funcionarios de la Intendencia, quienes nos ayudaron en detectar a las personas a honorario que ni siquiera concurrían a desempeñar sus funciones".
Desde ese año hasta la fecha, indicó Celis, el escenario es "completamente distinto". Precisamente, la Contraloría ha ido emitiendo una serie de dictámenes donde se detallan cuáles son los criterios que se deben utilizar para dar paso a la desvinculación de, por ejemplo, una persona con contrata, cuyo acuerdo por lo general dura hasta fines de año.
En esa línea, el 28 de noviembre de 2016, ad portas del cambio de administración en las municipalidades, el órgano fiscalizador precisó que la autoridad entrante debe fundar debidamente la cancelación anticipada de un contrato, ya que no bastaba con que la persona sea indemnizada por el periodo restante. Encima, se definió que si no se le quiere renovar a la persona, también se debe fundamentar la decisión dado que se presume que sí tiene la confianza legítima para mantenerse en el cargo.
Todo lo anterior sería una de las razones por las cuales el futuro gobierno habría decidido no avanzar en mayores desvinculaciones, tal como lo deslizó ayer Martínez, apelando a la renuncia de las personas más apegadas a la administración de Michelle Bachelet.
El consejero regional (core) Manuel Millones (UDI) explicó que "aún cuando existan personas que ingresaron por confianza política, sus contratos deben ser respetados hasta el plazo estipulado, tal como lo indican los dictámenes de Contraloría", resaltando que "por el contrario, no tengo ninguna duda de que las personas que cumplen roles políticos dejarán sus cargos junto al intendente Aldoney".
Sobre el aumento en los traspasos de contrata a planta que denunció el próximo jefe regional, Millones aseguró que por lo menos en el Gobierno Regional "esas estrategias de acomodo hasta ahora no han ocurrido". De todas formas, el consejero regional destacó a Martínez por su "capacidad de armar equipos con personas de diferentes pensamientos políticos y de ejercer un un liderazgo transversal".
En la vereda contraria, por una parte la presidenta regional de la ANEF, Mabel Zúñiga, valoró que Martínez haya aclarado que no tiene ningún interés por desvincular a los funcionarios de carrera. Sin embargo, la dirigente se mostró en alerta por el supuesto aumento en la dotación de planta que denunció el futuro intendente.
"A nosotros nos interesan dos cosas: estabilidad laboral como un derecho, y que existan debidos procesos. Pero cuando (Martínez) habla de ampliación de planta, él cae en un error al dejar entrever que esos cupos están siendo llenados por operadores políticos, lo que no es algo correcto", sostuvo Zúñiga.
Al respecto, la presidenta regional planteó que desde hace un tiempo los servicios públicos están avanzando en instalar el sistema de carrera funcionaria, lo que le garantiza a los trabajadores mayor igualdad y dignidad, además de la posibilidad de ascender. Lo anterior, precisó la dirigenta, hace que algunos funcionarios que estaban a honorarios o a contrata pasen a formar parte de la planta del servicio.
"Nosotros nunca hemos estado de acuerdo en tener a operadores políticos. Por lo mismo, los servicios de a poco están exigiendo una carrera funcionaria. Entonces no es que se estén incorporado más personas a la planta, sino que son los mismos funcionarios que cambiaron su situación, lo que es muy distinto", expuso la presidenta regional.
De hecho, para aclarar la postura de la ANEF, Zúñiga volvió a pedir una reunión con el próximo jefe regional, donde incluso se comprometieron a detallar quiénes son las personas que funcionan como operadores políticos. "Nosotros sabemos perfectamente bien cómo operan, y estamos dispuestos a entregar caso a caso", sostuvo la también excandidata a diputada por Valparaíso.
A diferencia de lo que planteó Martínez, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) instó al nuevo intendente a "sacar a todas aquellas personas que son operadores políticos y que la administración de la Nueva Mayoría trató de dejar apernados con la única finalidad de torpedear al Presidente Piñera".
"Hay que ser tajantes a la hora de separar al buen funcionario sin color político y de carrera del operador. Por eso, al intendente no le tiene que temblar la mano a la hora de desvincular a todos aquellos que están sólo por razones de pitutos políticos en la administración regional", dijo Urrutia.
Palabras que fueron rechazadas por el diputado electo Marcelo Díaz (PS), quien aseguró de manera tajante que "hablar de operadores políticos es el discurso que siempre ha tenido la derecha, y del cual Martínez tampoco escapa".
"Lo que nos encontramos en el Gobierno (2014) cuando llegamos es la misma tónica, que fue lo mismo que encontramos en 1990: un grupo de operadores apernados por la dictadura, algunos que duraron muchos años", aseguró Díaz, quien agregó que "el principio fundamental es respetar el derecho de los trabajadores".
"Ya vimos que en el primer gobierno de Piñera se desvinculó a mucha gente que su único error era ser afines a un partido. Se repite y espero que no se preste para abusos. Vamos a estar fiscalizando", señaló el exvocero de Gobierno.
"Cuando (Martínez) habla de ampliación de planta, cae en un error al dejar entrever que esos cupos están siendo llenados por operadores políticos, lo que no es cierto"
Mabel Zúñiga, Presidenta regional de la ANEF"
ChV estudia caso de exjefe de emergencia
Uno de los casos que podría servir de ejemplo para entender la situación es el de Ricardo Valdés. En 2017, el entonces jefe del Departamento de Emergencia de Valparaíso fue desvinculado por el recién llegado alcalde Jorge Sharp. Sin embargo, durante los últimos días se dio a conocer que la Corte de Apelaciones porteña resolvió que el municipio debía restituir en sus funciones a Valdés, además de cancelarle su sueldo por los meses que permaneció despedido. Justamente, el argumento que utilizó el todavía exfuncionario en su recurso de protección es el de un despido injustificado y arbitrario del cual dijo ser víctima. Es precisamente el caso de Valdés el que ha sido materia de estudio al interior de Chile Vamos (ChV) para determinar qué acciones tomarán con algunos funcionarios.
"Al intendente no le tiene que temblar la mano a la hora de desvincular a todos aquellos que están solo por razones de pitutos políticos en la administración regional"
Osvaldo Urrutia (UDI), Diputado por Valparaíso"