El Gobierno dio ayer un portazo al proyecto de una nueva Constitución que la ex Presidenta Michelle Bachelet firmó y envió al Congreso el pasado 6 de marzo.

"Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución que presentó la (ex) Presidenta Bachelet al terminar su periodo", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El Gobierno quiere impulsar algunos cambios a la Constitución, "pero dentro de un ambiente de acuerdos y de unidad, y no de iniciativas de última hora", agregó el ministro, tras participar en el seminario del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).

Las reformas a la Carta Magna "pueden ser necesarias, pero con diálogo", insistió Andrés Chadwick.

"Una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Una Constitución es lo más importante para fijar las reglas de convivencia en las cuales vamos a desarrollar nuestra sociedad y se va a ejercer el poder por parte de las autoridades", añadió.

El jefe de gabinete también rechazó un proyecto enviado al Congreso por Bachelet en abril del año pasado, que busca cambiar los quórum y formas de modificar la Constitución, introduciendo, entre otras modalidades, propuestas ciudadanas al respecto.

"No podemos tener una Constitución que pueda ser reformable y modificable fuera del Congreso Nacional y que pueda hacerse según cualquier mayoría en cualquier momento", sostuvo el ministro.

Eso, dijo titular de Interior, "es atentar contra un elemento fundamental, que es la estabilidad; este país ha avanzado en los tiempos que ha tenido estabilidad y certeza y la Constitución es el elemento fundamental para ello".

El abogado constitucionalista Patricio Zapata, ex presidente del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, comentó que "esto no tiene nada de improvisado en cuanto a temas; sí uno puede objetar la forma en que se redactó este proyecto, un poquito herméticamente, pero el proceso ha sido largo, ha involucrado a muchísima gente, entre ellos los 200 mil compatriotas".

El senador Felipe Harboe (PPD) planteó que "tampoco tiene mayor consenso interno en las coaliciones el proyecto del Gobierno, así que si no resulta, habrá que hacer reformas constitucionales importantes para solucionar el tema y que de una vez por todas deje de ser un tema de todas las campañas presidenciales".

La propuesta constitucional de Bachelet fue el resultado de un proceso en el que participaron más de 200 mil personas a través de cabildos ciudadanos y asambleas locales que se llevaron a cabo en 2016.

"La derecha nos muestra su verdadero rostro. No hay voluntad para que Chile tenga un debate constitucional y que tengamos una democracia con instituciones modernas con reglas del juego claras", agregó el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.

"Una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Es lo más importante para fijar las reglas"

Andrés Chadwick, Ministro del Interior"

"(El proyecto permite que) nos hagamos cargo de esa tremenda crisis de desconfianza en instituciones fundamentales"

Ernesto Velasco, Presidente del PR"

Jorge Pizarro

- ¿Qué le parece el anuncio del ministro Chadwick?

- No es novedad, porque la derecha siempre ha sido contraria a una modificación constitucional que permita un marco legal.

- ¿Qué va a proponer la oposición al respecto?

- Tenemos la decisión de tomar los planteamientos de la Presidenta Bachelet y tramitarlos. No requiere patrocinio del Ejecutivo y va a formar parte de nuestra propuesta alternativa.

- ¿Existe consenso para ello?

- Desde el Senado vamos a llamar a las fuerzas vivas que están trabajando en esta materia. Si el Gobierno cree que esto no va a avanzar porque no le pondrá urgencia, está muy equivocado.

Tres preguntas

"

La vida es muy dura, la política es muy ruda (...) Los quiero convocar e invitar desde el fondo del corazón que seamos un equipo de trabajo"

sebastián piñera, Presidente, al iniciar una reunión con Chile Vamos en Cerro Castillo

Senador de la Democracia Cristiana

Una pena de 21 años de presidio efectivo para el exsenador Jaime Orpis (UDI) pedirá la Fiscalía en contra del senador Jaime Orpis (UDI) en la investigación por el caso Corpesca.

El parlamentario enfrenta acusaciones por presunto cohecho, delitos tributarios reiterados y fraude al Fisco reiterado, por haber recibido más de $ 233 millones de la empresa Corpesca a cambio de supuestamente favorecer sus intereses en el Congreso.

Según el Ministerio Público, en los años 2009, 2010 y 2013 Orpis habría solicitado a Francisco Mujica, en ese entonces gerente general de Corpesca, una serie de pagos a cambio de favorecer los intereses de la empresa en su rol como parlamentario.

El fiscal regional de Biobío, Julio Contardo, y la jefa de Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, llegaron ayer hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para presentar la acusación contra siete personas y la empresa Corpesca.

En el caso de Orpis, según informó Emol, el Ministerio Público solicitó seis años por cohecho reiterado, tres años y un día por delito tributario y 12 años por fraude al fisco reiterado. A ello se suma, la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, una multa del 50% del perjuicio causado y que sea condenado en costas del proceso.

La petición del Ministerio Público se trataría de la pena más alta para delitos por los cuales han sido investigados personeros políticos. Otro de los acusados por los fiscales Contardo y Chong es la exdiputada Marta Isasi, para quien se solicitan cuatro años por cohecho reiterado, tres años y un día por delito tributario, 10 años de inhabilitación para cargos y oficios públicos y una multa de 40 UTM.

A ambos se suma el ex gerente general de la empresa, Francisco Mujica, con cuatro años de presidio por cohecho, y tres años y un día por delito tributario. La Fiscalía también acusará a Corpesca como persona jurídica para la que solicitó al tribunal el pago de una multa que asciende a 20 mil UTM ($ 946 millones).

También se pedirán ocho años de presidio para la exasesora de Orpis, Carolina Gacitúa; seis años para la arquitecta Lorena Lara; 541 días para el exasesor de Marta Isasi, Georgio Carrillo, y tres años y un día para el asesor Raúl Lobos.