La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya será, desde la próxima semana, el escenario en el que se confrontarán las diplomacias de Chile y Bolivia, cuando se dé comienzo a la serie de alegatos orales sobre la demanda que La Paz interpuso en contra de Santiago. La medida busca, desde 2013, que dicho panel fuerce a La Moneda a negociar con un resultado satisfactorio para el Palacio Quemado: una salida con soberanía al Pacífico.

El Gobierno de Evo Morales abrirá el proceso el lunes 19 y martes 20 y responderá el equipo chileno el 22 y 23. Luego, Bolivia abrirá una segunda ronda el 26, que Chile retrucará el 28, sobre el reclamo marítimo presentado por el Gobierno de Morales en abril de 2013.

Los bolivianos solicitaron a la Corte Internacional de Justicia que "falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacifico". Desde entonces, la estrategia de La Moneda ha sido que no existen asuntos pendientes con ese país.

El Gobierno de Morales arguyó que, a lo largo del siglo XX, Chile ofreció en diferentes Gobiernos y momentos solucionar el tema de un acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico de 1879-1883, pero que nunca cumplió. En la confrontación Chile derrotó a Bolivia y Perú y La Paz perdió 400 kilómetros de costa.

En la antesala de las jornadas en la corte con sede en Holanda, ambos Gobiernos se han mostrado convencidos de que serán sus argumentos los que prevalecerán. Se estima que la corte emitirá un fallo a fines de año o principios del próximo.

Al encabezar un acto con los ex Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el Presidente Sebastián Piñera opinó que "quiero reafirmar una vez más la unidad y fortaleza de los argumentos de la posición chilena, tanto en lo legal, jurídico, como histórico y los hechos".

Chile ha insistido que el Tratado de Paz de 1904 definió los límites de mutuo acuerdo y que la más alta instancia judicial de Naciones Unidas no le puede obligar a ceder ni soberanía ni territorio.

Por su parte, el Presidente Evo Morales, quien encabeza la delegación boliviana a La Haya llegó a sugerir que, luego del fallo de La Haya, deberían elegirse mediadores, como la ONU, el Papa Francisco o ex Presidentes, para darle "un seguimiento".

La víspera al viaje de la delegación chilena se vio envuelta en polémica, luego de que el senador y excandidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, ofreciera "compensaciones territoriales" como posible solución a la demanda interpuesta por Bolivia. La propuesta recibió amplio rechazo: el Presidente Sebastián Piñera dijo el jueves que el parlamentario había "quebrado la unidad de los chilenos" de cara a los alegatos, mientras el senador Felipe Harboe (PPD) le sugirió que no sea parte de la comitiva parlamentaria a La Haya y vea esa instancia "por televisión". El ex Presidente Ricardo Lagos también lo cuestionó en furos términos.

A lo anterior se sumó el senador Francisco Chahuán (RN), quien le pidió al excandidato que se baje de la delegación, ya que se convertirá en una "distracción comunicacional". "No nos cabe la menor duda que va a ser la vedette de la prensa boliviana", explicó el senador por Valparaíso.

La directora nacional de Fronteras y Límites (Difrol) y asesora del equipo de defensa chileno en La Haya, Ximena Fuentes, descartó que las expresiones de Guillier puedan afectar la postura chilena.

El exsenador Jaime Orpis afirmó ayer que la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público por los delitos de cohecho reiterado, delito tributario y fraude al Fisco, en que esa entidad pide 21 años de cárcel, "es de una profunda injusticia" y acusó un "linchamiento".

A través de una declaración pública, Orpis agregó que "frente a situaciones similares, tanto el Ministerio Publico como los tribunales de justicia -incluyendo la Corte Suprema- han absuelto a los imputados o les han ofrecido salidas alternativas. En otros casos ni siquiera se han presentado querellas ni se ha investigado".

Para Orpis, en ninguno de los casos de financiamiento irregular de la política "un fiscal ha perpetrado un acto tan arbitrario y desmedido. Confío en que la justicia ponga límites a este linchamiento y, aunque sea tarde, me permita defenderme".

El congresista desaforado manifestó que "la Fiscalía presentó la acusación sin que durante tres años yo haya podido defenderme, como la ley en teoría me lo garantiza".

Para Jaime Orpis, "sistemáticamente me rechazaron, sin fundamento, todas las diligencias solicitadas por la defensa que estaban en contra de la tesis de la Fiscalía, con lo cual se ha faltado gravemente al debido proceso, por cuanto la acusación solo contiene las pruebas que arbitrariamente estimó pertinentes. Confío en que la justicia procederá a la reapertura de la investigación".

El desaforado parlamentario, quien renunció a la UDI en 2016, apuntó a que la petición de la fiscal Ximena Chong coincide con su postulación para presidir la Fiscalía Centro Norte. "Habría sido sano para la credibilidad del sistema judicial que ella haya dado un paso al costado, mientras dura este proceso, para evitar contaminar causas judiciales con alta exposición pública con proyectos personales", comentó Orpis.

El excongresista por la Región de Tarapacá se defendió señalando que "he colaborado activamente" y enfatizó que declaró voluntariamente aún al estar con licencia médica. "Reconocí los delitos que efectivamente cometí y restituí los dineros", dijo.