Agente chileno acusa a Bolivia de usar "doble rasero" respecto de la OEA
LA HAYA. Equipo jurídico de La Paz citó resoluciones que Asamblea General de ese organismo aprobó con llamados a una solución entre ambos países. Chile acusó que La Paz hoy critica a esa entidad.
El papel que la Organización de Estados Americanos (OEA) juega en el continente enfrentó ayer a Chile y Bolivia tras la segunda jornada de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia.
El equipo jurídico de Bolivia citó las 11 resoluciones que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó entre 1979 y 1989, en las que, de una u otra forma, pedía una solución a ambos países para resolver el tema marítimo.
En la primera de esas resoluciones se declaró que el conflicto revestía "un interés continuado hemisférico", cuya solución debía ser "equitativa", dijo la representante legal de Bolivia Amy Sander, e incluir "un acceso soberano al océano Pacifico" para este país.
La abogada dijo que esas resoluciones no provocan "obligaciones automáticas", pero sí deben llevar a las partes a "actuar de buena fe" para encontrar una solución, condición que, según Bolivia, Santiago ha incumplido.
"Chile declaró en notas (diplomáticas) que está dispuesto a entablar una negociación directa", dijo el representante de Bolivia en la CIJ, Antonio Remiro Brotóns, que puso como ejemplos los intercambios diplomáticos hechos en los años 1920, 1950 y 1975.
En los de 1950 el lenguaje utilizado fue "muy claro", dijo Brotóns, quien citó una declaración de Chile en la que aseguraba estar dispuesto a entrar "formalmente" en negociaciones con el objetivo de "satisfacer la fundamental necesidad boliviana de acceder de forma soberana al Océano Pacífico".
Estos intercambios, agregó Antonio Remiro Brotóns, han sido "largos y continuos" a lo largo del siglo XX para resolver el tema marítimo.
Chile ha mantenido que el mero intercambio de notas diplomáticas no puede obligarle a negociar un acuerdo, pues llevaría eventualmente a una modificación de sus fronteras.
En un tono firme, el canciller Roberto Ampuero criticó ayer a la delegación boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presentar a Chile como un país que no cumple sus "acuerdos internacionales". "Me parece inaceptable que Bolivia intente construir la imagen de que Chile es un país que no cumple sus compromisos y acuerdos internacionales", dijo en el Palacio de la Paz, sede del CIJ en La Haya (Holanda).
El abogado español Antonio Remiro Brotóns, de la parte boliviana, apuntó a que "Chile quiere vivir por tiempo indefinido un problema con un vecino que realmente está solicitando algo tan sencillo y simple de obtener: una salida soberana al mar". Para el jurista europeo, "Chile tiene que escoger, la buena vecindad o la mala vecindad por los siglos de los siglos". El litigante aseguró que "el Tratado de 1904 es independiente de lo que se está discutiendo y que siempre se ha considerado intocable".
Para el agente chileno en La Haya, Claudio Grossman, el análisis jurídico boliviano "era una suma de peras y de manzanas" y "resulta que todo sumaba a la existencia de una obligación de negociar (...) que implicaba cesión territorial".
"Las promesas de Chile para negociar son vinculantes", dijo el representante de Bolivia Payam Akhavan, pues estas llevarían a un "acuerdo tácito".
La referencia a la OEA fue criticada por la delegación de Chile. Grossman dijo que Bolivia aplica un "doble rasero" respecto de la OEA, pues utilizó en sus argumentos jurídicos sus resoluciones al tiempo que, en la actualidad, su Gobierno critica a esa institución.
"Todos sabemos las declaraciones que ha hecho Bolivia respecto de la OEA y aquí la presentaron como una institución cuyo propósito es la decisión de controversia entre países soberanos", dijo Grossman, lo que "contrasta con su posición oficial", poniendo como ejemplo las críticas de Bolivia a la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la crisis de Venezuela o las elecciones de Honduras.
El ex secretario general de la OEA (2005-2015), el senador José Miguel Insulza, rechazó esa posición y aseguró que "en resoluciones de organismos internacionales, no existe base jurídica para decir que un país se obliga con ello, a menos que lo haga explícitamente".
Por su parte, la coagente chilena María Teresa Infante agregó que "esa visión general que se ha planteado omite qué pasó entre los actos y que las resoluciones de la OEA son de llamados políticos, exhortaciones". Las mismas, subrayó, no tiene carácter vinculante sin el consentimiento mutuo.
"Esas resoluciones (en la OEA) se produjeron en un periodo en que la situación internacional de Chile era muy precaria"
José Miguel Insulza, Senador del PS"
"No se puede simplificar la cuestión marítima con ser o no un buen o mal vecino, Chile ha tenido una política activa"
María Teresa Infante, Coagente chilena"