Chile insiste en que "nunca se obligó" jurídicamente para negociar con Bolivia
ALEGATOS ORALES. Chile cerró primera semana del juicio en La Haya afirmando que las obligaciones expuestas por Bolivia "no constituían un tratado, sólo una conversación".
El abogado de Chile, Harold Hongju Koh, cerró ayer la primera semana del juicio que enfrenta a Santiago y La Paz ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y afirmó que La Moneda "nunca se obligó a vincularse jurídicamente para seguir negociando". La intervención del abogado estadounidense fue una de las más destacadas de Chile durante la primera ronda de alegatos ante el alto tribunal de la ONU, que debe decidir si obliga al Gobierno a negociar con Bolivia su eventual acceso soberano al Océano Pacífico.
Bolivia ha argumentado que este asunto ha sido tratado durante más de un siglo por ambos países, tanto en organismos multilaterales como a nivel bilateral, y considera que Chile debería volver a la mesa de negociaciones por esa razón.
La Moneda insiste, sin embargo, que no se considera obligado a volver a tratar ese tema. Hongju Koh dijo ayer que uno de los contactos bilaterales mencionados por Bolivia, las notas que ambos países intercambiaron en 1950, "no constituían un tratado, sólo una conversación".
Cuando sí se dio una negociación, afirmó, fue entre 1975 y 1978, según la presentación chilena, pero esta terminó en fracaso cuando Bolivia rechazó continuarla porque se desdijo de una cláusula sobre "intercambios territoriales", indicó otro de los abogados de Chile, el británico Samuel Wordsworth.
Esta visión contrasta con la de Bolivia, que asegura que esas negociaciones fracasaron porque Chile se negó a gestionar una propuesta de Perú, que sugirió conectar el territorio boliviano con el Pacífico a través de un corredor sujeto a un régimen de soberanía compartida entre los tres Estados.
El estadounidense Hongju Koh hizo referencia a otro de los argumentos de Bolivia, las 11 resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hicieron un llamado, entre 1979 y 1989, para solucionar el tema marítimo.
Según el abogado, esas resoluciones "ni siquiera mencionaron una obligación de negociar" y eran sólo "recomendaciones políticas".
"En la diplomacia de alto nivel las palabras tienen su importancia. Cuando una nación quiere que se generen elementos vinculantes, tiene que dejarlo muy claro en los documentos. Bolivia no ha mostrado el menor documento" que genere "obligación jurídica a negociar", concluyó.
El canciller Roberto Ampuero recalcó ayer que el equipo jurídico chileno ha "desarticulado por completo los planteamientos de Bolivia" y demostró "con vehemencia" que la demanda de La Paz ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es "inconsistente".
"El caso de Bolivia carece de fundamento jurídico", porque "no ha sido capaz de mostrar un sólo documento donde quede establecido que Chile se ha obligado a negociar alguna vez", afirmó Ampuero, quien felicitó a su equipo jurídico en La Haya por plantear sus argumentos "con evidencias claras e incontestables".
La calidad de un compromiso
Entre los primeros puntos que abordó el abogado inglés Sam Wordsworth estuvo el que "todo convenio entre Cancillerías -para que tenga validez- debe ser sometido al Congreso Nacional". En este caso, aseguró, "por supuesto no hubo dicha ratificación de estas actividades preliminares". Según el jurista, los planteamientos del equipo paceño estipulan "como si Bolivia se sintiera libre de realizar cualquier alegación independiente de su veracidad y de los hechos como ocurrieron".
El fracaso de Charaña
Wordsworth enfatizó en el hecho de que la Declaración de Charaña (1975) fue desechada por los propios bolivianos, debido a "un cambio en la opinión pública" de ese país. "Hubiera sido una imprudencia jurídica extrema, incluso para una dictadura militar, asumir obligaciones legales sin aprobación del pueblo", dijo al respecto. Según él, cuando Chile estaba dispuesto a negociar respecto del acceso soberano "esto se fundaba sobre una compensación material", citando al ex general Hugo Bánzer.
Las resoluciones de la OEA
La abogada representante de Chile, Mónica Pinto, alegó que "las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no han creado la obligación de negociar a Chile", como afirma Bolivia. Expresó que el texto de la OEA no utiliza la palabra "obligación", sino más bien de "recomendación". "No hay nada que señale una obligación, se trata solo de resoluciones políticas", agregó. Para ella, la última resolución de 1989 confirma que no hay obligación de negociar ni litigio de acceso soberano al mar".
Sin expresión de obligatoriedad
El abogado Ben Juratowitch expuso que desde 1987 a 2011 Bolivia "nunca expuso que existió un quebrantamiento" en la obligación de negociar por parte de Chile. En esa línea, relató que la "Agenda de 13 puntos" "no manifestaba intención alguna de crear o reconocer alguna declaración jurídica", como lo ha intentado hacer creer Bolivia. Para él, ambos Estados entendieron a lo largo de estos decenios que Chile no estaba dispuesto a negociar si consideraba ceder soberanía" territorial.