Durante estos últimos años, desde nuestra posición en Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) hemos podido tomar el pulso al Valparaíso profundo, el que convive en los cerros con la falta de oportunidades, el desempleo y las promesas pendientes de una institucionalidad en deuda con los porteños.

En este diálogo íntimo, dos conceptos han surgido con fuerza. El primero, la urgente necesidad de reactivar económica y socialmente la comuna de la mano de sus principales actividades (puerto, turismo, cultura), y no dilatar más iniciativas en esa línea que requieren de todo nuestro apoyo. Y el segundo, la convicción de que hay que avanzar en el diálogo entre todos los actores involucrados en el desarrollo de Valparaíso, partiendo de la base que la mayoría de la ciudadanía quiere que el puerto y los motores que dan vida a la comuna, sigan creciendo.

Por eso hemos recibido con satisfacción el que las nuevas autoridades de Gobierno hayan valorado los esfuerzos tras el impulso a la construcción del nuevo Terminal 2. Comprendiendo que hay una continuidad de una mirada de Estado, la Ministra de Transportes ha dado un importante respaldo a esta iniciativa que representa la inversión más importante y que más empleo traerá al puerto en el último siglo.

Hemos señalado que es momento de acciones concretas por Valparaíso y su gente. El Terminal 2 es un camino necesario. También lo es la iniciativa de construir un nuevo muelle de cruceros, que permita dotar de mayor infraestructura a una actividad que siempre ha tenido en Valparaíso a su punto neurálgico. Al respecto, hemos promovido que hacia 2022 pueda ya ser una realidad.

Acciones concretas como el proyecto de nueva accesibilidad, hoy en pleno estudio ambiental, que además de dotar mejores vías de acceso al puerto, entregará un nuevo Muelle Prat 100% turístico al goce de ciudadanos y visitantes. O como la recuperación del histórico Edificio Subercaseaux para instalar allí las futuras oficinas de EPV, en lo que será una verdadera refundación de la relación con la ciudad desde el propio Barrio Puerto. O la relación ya consolidada con el mundo académico, a través de iniciativas como nuestro Plan de Innovación junto al Hub Global PUCV, el reciente convenio con el CFT UV que permitirá especializar aún más la labor portuaria, o la iniciativa Puerto Plus, a través de las cuales hemos salido a buscar soluciones e ideas en las propias comunidades universitarias de la región para aplicar en la gestión portuaria.

Acciones concretas como seguir siendo un puerto relevante para el país, y movilizar -pese al poco espacio disponible de nuestros terminales- casi 12 millones de toneladas de carga, lo que sin duda irradia beneficios a la ciudad y a las más de 20 mil personas que viven de la actividad portuaria. Un mérito de nuestros concesionarios, los trabajadores portuarios y una EPV que ha impulsado un modelo logístico moderno, consensuado y en permanente actualización.

Creemos, y esta ha sido una directriz que ha marcado nuestro quehacer, que así como nuestra actividad necesitaba revincularse con la comuna y sus habitantes, la ciudad es la que hoy debe dejar de darle la espalda a un mejor porvenir de la mano del rol que históricamente ha conformado su ADN: ser puerto.

Raúl Urzúa Marambio

Presidente directorio Empresa Portuaria Valparaíso

Una condición imprescindible del Estado de Derecho es la confianza en los tribunales de justicia como un hecho social, es decir, la existencia de una creencia socialmente difundida de que las decisiones que ellos adoptan responden a normas preestablecidas por el ordenamiento jurídico, que regulan tanto el procedimiento como el contenido de sus sentencias. A su vez la idea de un tercero imparcial está en la base de la legitimidad moral de la función jurisdiccional o de administración de justicia, lo que además constituye un avance civilizatorio en las formas de resolución de los conflictos entre individuos, corporaciones o grupos sociales.

Por esas consideraciones no más, quienes en primer lugar deben contribuir a esa confianza son las autoridades políticas del Estado, antes que cualquier otro ciudadano. En consecuencia, los ministros, los parlamentarios y directivos superiores que representan la voluntad política del Presidente de la República deben ser cuidadosos y ponderados en las declaraciones que hacen respecto de los jueces, fallos judiciales y demás actuaciones del Poder Judicial para no socavar esa confianza pública tan necesaria. El señor Ministro de Justicia, días atrás, ha hecho afirmaciones imprudentes e injustas al imputar un sesgo ideológico de izquierda, que explicaría el desempeño cuestionable de la mayoría de los jueces. En ello queda dicho que obrarían por esa condición sin la independencia e imparcialidad que requiere su función, agregando que ello hace necesario una acción de reequilibrio en el proceso de nombramientos en que él mismo ha de intervenir. El Sr. Ministro junto con ser abogado y profesor universitario, es de aquellas personas a las que les está exigido saber y tener plena conciencia de los graves alcances que pueden tener tales afirmaciones. Es fácil imaginar cuanto malestar habría provocado una desvalorización en sentido contrario, hecha desde esa misma condición por alguien de signo político opuesto.

Nuestro país tiene en su estructura jurisdiccional una fortaleza institucional y ello nos ha distinguido a nivel internacional. En la cultura jurídica interna del sistema social la judicatura ha cumplido un rol protagónico, pues han sido los intérpretes más relevantes en la determinación del sentido y alcance de las leyes. A diario miles de ciudadanos reciben el amparo de sus derechos, de su patrimonio, de sus libertades, gracias a un trabajo profesional constante de los jueces; somos un país que seguimos teniendo en el sistema jurídico e institucional un baluarte para la solución pacífica de conflictos y para encauzar legítimas diferencias. Si apreciamos con serenidad y mirada de más largo plazo, es evidente que Chile ha logrado metas económicas, sociales y políticas de gran envergadura, no atribuibles a grupos ni a doctrinas determinadas, pues el proceso histórico y social es siempre el resultado de múltiples factores y estrategias que responden a diversos intereses colectivos.

Aunque tengo una opinión más bien crítica sobre los efectos sociales del desarrollo que el país ha logrado de manera bastante estable desde los años noventa, considero que ello no habría sido posible si el país no contara con la institucionalidad jurisdiccional que tiene. Pedir respeto a los jueces, no es incompatible a su vez con tener diferencias válidas y legitimas sobre el contenido de sus fallos. Pero estas discrepancias siempre tendrán más valor si se basan en los principios de la dogmática jurídica y de la razón práctica antes que en argumentos dirigidos a las personas, que la lógica bien conoce como falacias.

Aldo Valle

Rector de la Univiersidad de Valparaíso

En su última Cuenta Pública, la primera que correspondió a doce meses de gestión estrictamente suyos, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp cifró en 100 mil millones de pesos el déficit económico de la Municipalidad, cuyo grueso se puede explicar por el deficiente manejo durante las últimas administraciones, al menos desde el año 2000 a la fecha.

Con un patrimonio actual de $7 mil millones (¿qué te hicieron, Valparaíso querido?) , $3 mil millones pagados en deudas de arrastre, una rebaja del déficit en otros $3 mil millones y aumentos en los ingresos municipales por $6.892 millones, está más que claro que el desastre es mayor al de su vecina Viña del Mar (déficit aproximado de $18 mil millones y $8 mil millones en deuda) y a ello se aferran equivocadamente los defensores a ultranza de la gestión municipal de la Casa Consistorial de calle Arlegui. ¿Por qué los medios y los críticos no se preocupan de denunciar la crisis porteña en vez de sumarse a esta "orquestación política" armada por siniestros candidatos a alcaldes en las sombras o parlamentarios oportunistas?, preguntan. Muy sencillo, porque diarios como El Mercurio de Valparaíso llevan años mostrando el desastre de la ciudad y esa es la fotografía perfecta del oscuro porvenir que le espera a Viña si no se toman cuanto antes las medidas para poner freno a su decadencia, no sólo económica, sino que también social y urbanística.

Por lo mismo, la defensa a ultranza de algunos diputados ("esto es una operación política", "es el mismo modus operandi que usaron contra Castro") no pareciera tener el fondo argumental que la ciudadanía espera y merece. Si somos rigurosos, es el "modus operandi" actual de Viña del Mar el que se parece mucho al que se acostumbraba hacer en las oficinas de calle Condell.

Con ello, nadie pretende liberar a la actual jefatura comunal de Valparaíso de la responsabilidad que le cabe en el congelamiento de proyectos y la legítima desconfianza provocada en los inversionistas por su zigzagueante actuar en la relación con los privados o empresas estatales como la EPV. Sharp necesita y debe tener un plan B. No basta con no pagar horas extra, haber bajado los gastos o demostrar que, al menos hasta ayer, nadie se ha llevado un peso para la casa en los últimos doce meses. A ratos, críticas como las realizadas por el arquitecto Mathias Klotz, el abogado Claudio Oliva, el empresario naviero Beltrán Urenda o los exintegrantes del Pacto Urbano de La Matriz, Marcelo Mellado y Rocío Venegas, resultan casi indispensables para elevar el tono del debate y la discusión de lo que se quiere para la ciudad. No es serio tomar decisiones entre cuatro paredes a espaldas de la gente, por mucho que se repita hasta el cansancio el autoimpuesto eslogan de Alcaldía Ciudadana.

Viña del Mar y Valparaíso no son comparables. Pero la hermana rica y agraciada (con ingresos estructurales inmensamente superiores) hoy está en aprietos, tal como le ocurre a su desafortunada pariente de los cerros y el anfiteatro, que ha debido lidiar con una vida llena de golpes y porrazos del destino.