Suman las preguntas sobre el destino de casi $1.500 millones destinados al Parque Cultural de Valparaíso y sobran los gastos irregulares del recinto donde por casi dos siglos funcionó la Cárcel Pública de la ciudad.
Todo esto en medio de una rotativa de directivos y de informes que dan cuenta de situaciones anómalas, como pago de horas extras, aumento de remuneraciones, altos costos en servicios de aseo y vigilancia, licitaciones mal hechas, compras a la madre del exjefe de Administración y Finanzas del Parque, ocho años de retraso en el pago de imposiciones al personal… A esta opacidad de múltiples facetas se suma un déficit de $ 250 millones.
El Parque Cultural nació como organización comunitaria y pasó luego a constituirse en corporación de Derecho Privado sin fines de lucro.
En esta condición ha recibido recursos del ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que al tratarse de fondos públicos exigen total transparencia en su uso. Ya en 2015 hubo una intervención de la Contraloría que ante diversas irregularidades exigía "adoptar medidas para que esos hechos no vuelvan a repetirse".
Ahora la nueva directora ejecutiva del Parque, Nélida Pozo, ante la duda de cómo se han invertido los mencionados $ 1.500 millones, ha pedido una nueva indagación del organismo contralor.
Por su lado, la integrante de la directiva del Parque en representación de la Municipalidad, Isabella Monsó, acusa al presidente del Directorio, Alejandro Rodríguez, de una conducta "voluntarista" al haber comprometido un préstamo para pagar sueldos y cubrir los compromisos. Esto, responde Rodríguez, para evitar el cierre del Parque.
El Directorio está conformado por un representante del Ministerio de las Culturas, que lo preside; tres nombrados por el intendente; uno por la Municipalidad, otro por el Consejo de Rectores y tres de la sociedad civil, sindicatos de artistas o juntas de vecinos. Dado el nuevo Gobierno, se esperan algunos cambios en el organismo.
Desde ya el intendente Jorge Martínez expresó su inquietud por el tema afirmando que "no es posible que no se explique el destino de $ 1.500 millones… hay ahí fondos públicos… si hay indicios de ilícitos vamos a tomar las medidas del caso".
Medidas necesarias ante una falta de transparencia que deja espacios para muchas irregularidades. A la vez, resulta oportuno el apoyo universitario para diseñar una unidad de negocios "que nos permita obtener recursos propios sin cometer ilegalidad", anunciado por la directora ejecutiva del Parque.
Lo que importa es que la vieja cárcel, en su nueva misión, sea un espacio cultural abierto y propositivo y erradique las dudas que encierran sus rejas y altos muros.