La contraposición de argumentos respecto de supuestos gastos comprometidos sin financiamiento por parte del Gobierno pasado entre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y su antecesor Nicolás Eyzaguirre, se hará efectiva el próximo lunes, cuando ambos lleguen a la Comisión Mixta de Presupuesto en Santiago.

El extitular de esa cartera se excusó de participar ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en Valparaíso, hasta donde Larraín llegó para exponer sus argumentos.

En la instancia, el secretario de Estado reiteró que el monto dado a conocer el pasado viernes -US$5.567 millones- "no está en el Presupuesto y que debería haberse anotado". Agregó que son dineros que "no están ni en la Ley de Presupuestos, tampoco en los presupuestos ministeriales ni tampoco están en el Tesoro Público".

"Y si no están aquí -añadió-, no están financiados. Este es el fondo del problema que estamos planteando", puntualizando que hay montos, como los US$46 millones comprometidos para la realización de la APEC 2019, que "deberían estar en el programa financiero, pero no están, sólo está el compromiso".

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini, adelantó que "el debate (del lunes) será un poco confrontar a quién se le cree, a quién no se le cree. Ver qué antecedentes tienen".

Carmen Gloria Sandoval V.

Pronto a cumplir un año en la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y tras su gestión durante dos años como líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Bernardo Larraín Matte dice ver un empresariado optimista del futuro. "El gremio tiene que transmitir las vivencias del mundo empresarial y este tiene que dejar atrás los tiempos del hermetismo, del bajo perfil. Hay que estar activos en el debate público, tanto en el ámbito de las políticas públicas como también reflexionando sobre buenas prácticas".

- ¿Qué cree que quedó pendiente de la administración anterior y cuáles tareas debería impulsar este Gobierno para acelerar el ritmo de la economía?

- Hoy hay vientos favorables que vienen de la economía internacional, que está con mejor comportamiento, y el precio del cobre está en niveles superiores a los que ha habido en los últimos cuatro años. Estos vientos se pueden diluir si no se acometen ciertas modernizaciones institucionales.

- ¿Cuáles son esas modernizaciones institucionales?

- Como Sofofa hemos puesto la agenda de la modernización del Estado, que se basa en modernizar instituciones como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el principal proceso administrativo por el cual pasan los proyectos de inversión. ¿Qué sacamos con tener mejor precio del cobre, la mejor economía internacional, si los proyectos de inversión tienen que pasar un proceso muy impredecible donde no hay ninguna certeza de los plazos y que finalmente generan una postergación de decisiones de inversión o que éstas se inhiban? El segundo pilar es mejorar el proceso de diseño de políticas públicas, cualquiera sea su orientación. Lo que no podemos hacer es permitir que se hagan leyes con bajo estándar técnico o dejando espacios de indefinición, como ocurrió con la reforma laboral, donde hay que interpretar qué se entiende por servicios mínimos o qué es lo que pueden o no hacer los grupos negociadores.

- ¿Y eso cómo se hace?

- Lo que proponemos es una agencia de políticas públicas que evalúe ex post las leyes a través de una entidad autónoma del gobierno de turno. Esta agencia puede poner ciertos estándares antes. Que cada proyecto de ley venga con un informe sobre el impacto que tendría en la productividad o en las finanzas. Lo tercero es modernizar el código del trabajo, el tributario, la arquitectura de la educación técnica y capacitación en el trabajo, que creemos deben estar mucho más vinculados; hoy son estáticas y no están dialogando con las necesidades de la empresa, donde también debemos hacer una autocrítica de cómo vincularnos más con los CFT y la educación media técnica para que los contenidos de sus currículum sean pertinentes para el mundo del trabajo del mañana.

- Sobre los incentivos a la inversión, ¿es partidario de que estos sean regionalizados?

- Es un tema complejo, porque Chile siempre ha tenido un sistema tributario único y hay una cierta lógica en que el destino de los recursos públicos deben responder a una priorización nacional. Ahora, este sistema tributario es perfectamente compatible con la introducción de otros elementos descentralizadores como, por ejemplo, que cuando una empresa instala un proyecto en una comuna un porcentaje de esa inversión se destine a un fondo de desarrollo local y que ojalá su gestión sea directa entre la empresa, el municipio y alguna organización de la sociedad civil que responda a un desafío social. Entonces, un proyecto de inversión beneficia a esa comuna creando un vínculo muy positivo, independiente del empleo que genere.

- El Gobierno plantea sacar la generación a carbón de la matriz energética. Considerando que usted es parte de una generadora importante como Colbún, ¿qué opina de esta medida?

- Los generadores agrupados en la Asociación de Generadores suscribieron un acuerdo con el Ministerio de Energía del Gobierno anterior que esta nueva ministra ha hecho suyo: propender a una descarbonización de la matriz energética y eso implica que las centrales a carbón más viejas que tienen los peores estándares ambientales empiecen a cerrar en un cierto periodo. Hay una convicción de que es importante descarbonizar la matriz, pero también hay fuerzas de mercado que hacen que tecnologías que antes eran competitivas hoy dejen de serlo, porque tienen estándares distintos.

"Hay una nueva generación de personas activas en el mundo empresarial que, al mismo tiempo, ha decidido actuar en los gremios y esa combinación es muy importante que se dé""