Buscan definir administración del Parque Cultural en medio de grave crisis financiera
VALPARAÍSO. Corporación a cargo del recinto fiscal posee un permiso provisorio de uso por tres meses, que expira esta semana.
Las graves irregularidades financieras detectadas en el Parque Cultural de Valparaíso -excárcel-, producto de lo cual no existe claridad respecto al destino de casi $ 1.500 millones, levantaron las alarmas al interior del Gobierno Regional en relación a la entidad que debe asumir la administración del recinto estatal, perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales.
A fines de 2017, y por petición de la exministra del ramo, Nivia Palma, se intentó tramitar una concesión de uso gratuito en favor de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso por un plazo de 50 años, la que fue cuestionada al interior del Consejo Regional en uno de los últimos plenos que encabezó el exintendente Gabriel Aldoney, donde se resolvió devolver el oficio a la seremi del ramo.
A pocos días de expirar la anterior administración se otorgó un permiso provisorio de uso por tres meses a dicha asociación -corporación sin fines de lucro-, cuyo manejo de recursos por más de $ 1.100 millones anuales a través de la Ley de Presupuesto está en entredicho, tanto por la Contraloría como por el ex Consejo de la Cultura y las Artes.
Por tal motivo, un punto clave en el nuevo proceso es resolver quién se hará cargo de la administración del inmueble. La seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, quien ayer expuso en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core, realizará hoy una fiscalización en terreno a dicho recinto a objeto de resolver la fórmula para el resguardo del histórico inmueble, que posee una superficie de casi 21 mil metros cuadrados, y es considerado un patrimonio de los porteños.
Sobre este punto, el consejero Manuel Millones subrayó que "la propiedad es del Fisco y se entregó en destinación al gobierno regional, que a su vez le otorgó la administración a este centro (Asociación Parque Cultural), que hoy está sujeto a cuestionamientos de la Contraloría y del mismo Gobierno Regional. La autoridad tiene que enfrentar este problema con decisión política".
Añadió además la necesidad de investigar "si las autoridades de la pasada administración sabían de las irregularidades financieras y si, pese a ello, igual intentaron quitarle al Fisco la propiedad para entregarle en una concesión por 50 años a esta organización. Esto debe quedar despejado a la brevedad y por eso le solicitamos a la seremi un profundo análisis de todo lo que rodea este caso".
Tras su exposición ante el Core, la seremi Rosario Pérez sostuvo que "mañana (hoy) vamos a ir a fiscalizar el inmueble del cual nosotros poseemos la propiedad. Ante toda esta serie de denuncias esperamos que la Contraloría pueda a la brevedad pronunciarse y ver los responsables de este desvío de recursos fiscales que estarían ocasionando un perjuicio. Hay dinero que pertenece al Ministerio de las Culturas y esperamos que paguen quienes han sido responsables".
Junto a la fiscalización en terreno, Bienes Nacionales estudia las opciones para la futura administración del inmueble donde se emplaza el Parque Cultura de Valparaíso, "que sin duda es emblemático para la ciudad, sabemos que ahí se desarrolla un sinnúmero de actividades culturales importantísimas, que nosotros queremos rescatar, pero al mismo tiempo queremos velar por el buen uso de los recursos fiscales y de la propiedad que pertenece a todos los chilenos", recalcó.
Pérez enfatizó que "en conjunto con el intendente estamos analizando las distintas opciones para otorgarle un buen destino a este parque cultural".
El core Millones añade que "frente al lío que envuelve al Centro Cultural de la excárcel y las dudas sobre eventuales delitos, la autoridad debe intervenir y asegurar que ese espacio mantenga el rol público y se cuente con una administración que le dé mayor transparencia en la gestión y destino de los fondos que recibe del fisco y de los eventos que allí se realizan, así como de las empresas externas vinculadas a este centro".
El presidente del Core, Percy Marín, resalta que la revisión del procedimiento por el cual se pretendía entregar la concesión a la Asociación Parque Cultural es clave. "Sin tener los antecedentes de la situación compleja que enfrentaba esta corporación, de manera transversal habíamos manifestado la opinión de no entregarle la concesión a una institución distinta de lo que es el Gobierno Regional. Desprenderse del centro excárcel no nos parecía lo correcto, esperábamos que ese lugar tuviera una administración de carácter público y que abriera las puertas no sólo a una entidad, sino que a todas las instituciones de la región. Ahora sabemos que esa entidad tiene problemas de malos manejos administrativos, lo que duplica las alertas para tomar cartas en el asunto lo más rápido posible".
Marín: "Se lucra con un recinto fiscal"
El presidente del Core, Percy Marín, también tuvo críticas para el rol del directorio de la corporación sin fines de lucro que actualmente administra del Parque Cultural, que no habría cumplido a cabalidad con fiscalizar el correcto uso de un bien fiscal, tres de ellos nombrados por el exintendente y aún en funciones. "Las concesiones se otorgan a instituciones sin fines de lucro, en la excárcel funciona hasta un café y se lucra, lo mismo en el arriendo de sus dependencias, un aspecto absolutamente ilegal. Para el resguardo del interés público está el directorio, pero al parecer no ha fijado límite alguno para que el parque funcione dentro de los márgenes de la ley", dijo.
"La autoridad debe intervenir y asegurar que ese espacio mantenga el rol público, con una administración que le dé mayor transparencia en la gestión"
Manuel Millones, Consejero regional"