"Es algo discutible, no hay verdades plenas, y hay que estar atento a cómo se va a desarrollar el debate"
Aroldo Brito
Presidente de la Corte Suprema, por imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores
"Conmueve e indigna por la violencia ejercida contra un bebé indefenso"
María José Hoffmann
Diputada UDI, por caso de maltrato a bebé internado en hospital Van Buren
La creación de un Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto no es novedad. Está contemplada en la Ley 19.542 que modernizó el sistema portuario nacional. Inexplicablemente, un punto, consignado en el artículo 50, letra d) de la ley, que quedó olvidado desde 1997, año en que se promulgó la iniciativa.
Felizmente esa norma ha cobrado actualidad y es posible que se ponga marcha. Paralelamente, tanto el intendente regional, Jorge Martínez, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, han manifestado su interés en rescatar ese olvidado organismo.
En una columna en este Diario el alcalde instó a ponerlo en marcha recordando que el objetivo del consejo es "procurar un desarrollo armónico entre la actividad portuaria y la ciudad de Valparaíso". Por su lado, Martínez afirmó que realiza gestiones ante la ministra de Transportes, Gloria Hutt, para concretar la conformación del consejo "bajo la dirección del intendente regional, invitando a todos los actores. Así que espero en las próximas semanas poder constituirlo formalmente".
Se tardó en dar el paso, pero al fin se está avanzando. Buena noticia para la ciudad, pues si hubiese existido este consejo desde cuando se acordó su creación, se habrían evitado muchos conflictos y quizás hasta se habrían logrado nuevas ideas para hacer efectiva la muy necesaria integración entre el puerto y la ciudad. Integración que, por otra parte, es lógica, pues la historia, vieja consejera, recuerda que Valparaíso nació y se desarrolló en torno puerto y las mayores inversiones realizadas en la ciudad en pasado -almacenes fiscales y molo, por ejemplo- fueron para el puerto. Y esas inversiones incentivaron el desarrollo de la ciudad y hasta su condición patrimonial.
Corresponde ahora la constitución del consejo de acuerdo a la ley y designar a sus integrantes, considerando, por cierto, a la Municipalidad, el Gobierno Regional, Intendencia, usuarios, universidades, que supuestamente tienen mucho que aportar, Armada y organizaciones vecinales. Es posible que sea necesario perfeccionar el reglamento correspondiente, persiguiendo un diálogo técnico, sin dogmatismos ni descalificaciones, que permita avanzar y poner al día la condición de Valparaíso como terminal marítimo en armonía con su desarrollo urbano y humano.
Más allá de lo anterior, ya consagrado en una ley, es pertinente considerar la representación formal de la ciudad en la directiva de la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).
Y para seguir soñando a partir de las buenas disposiciones conocidas en los últimos días, sería lógico que esta maltratada ciudad puerto también pudiese deslizar una discusión sobre el acceso a los ingresos que genera la actividad del terminal, lógicamente sin que ello signifique mayores costos operacionales.
El proyecto de reglamento sobre la prostitución se discutirá en forma secreta en la Municipalidad de Valparaíso. Pueden, pues, darse por chasqueados, los numerosos curiosos que se preparaban para asistir a la interesante discusión de un asunto que tanto ha dado que hablar en los últimos días.
La poetisa Gabriela Mistral, cuyo nombre es Lucila Godoy, la inteligente y concienzuda educadora, partió ayer, en el vapor "Chiloé", a Punta Arenas, donde va a hacerse cargo de la dirección del Liceo de Niñas de esa ciudad. La maestra, antes, fue subdirectora del Liceo de Niñas de Los Andes.
En la madrugada de hoy llegó a Valparaíso la anunciada braveza de mar, proveniente de la Isla de Pascua, donde hubo un violento temporal que destruyó el embarcadero y salidas de mar. El único hecho causado por el oleaje y el viento fue el corte de amarras del buque "Springbank", que fue controlado.
Es muy difícil escribir en medio del dolor que significa la temprana partida de Ámbar, una niña sometida a la crueldad, la soledad, los miedos, los sufrimientos y los abusos. Es, sin duda, triste, incomprensible y un grito profundo de dolor que nos remite a la realidad que viven cientos de miles de niños y niñas en nuestro país. El 9 de febrero de este año, Sophia, una menor de 1 año 11 meses, fue víctima de violación y asesinada por su padre, y recientemente se conoce de una nueva situación de abuso sexual de una niña de 1 año 3 meses, que en estos días se están investigando. En La Calera, en el transcurso del mes de abril, un niño de 7 años fue brutalmente golpeado por su abuela, lo que tuvo como consecuencia su muerte.
Podríamos hacer un largo listado de los niños y niñas que en los últimos años han fallecido a consecuencia de los golpes y abusos recibidos. Sin embargo, quiero aprovechar estas líneas para hacer un llamado a la reflexión y a la acción.
En muchas de las columnas previas hemos señalado una serie de propuestas que tienen como propósito aportar a la construcción de una sociedad bien tratante y al diseño de políticas públicas que coloquen en el centro de las decisiones el interés superior de los niños. Un llamado urgente para cambiar el exceso de diagnósticos y comisiones que suelen ser conformadas para abordar cada "crisis" que ocurre con la infancia y, de una vez por todas, colocar en discusión inmediata el Sistema Integral de Protección a la Niñez que aún esperamos. Asimismo, que se materialice la generación de los servicios públicos anunciados, uno para la protección y otro dedicado a la responsabilidad penal adolescente, lo que significaría un cambio relevante en materia de políticas y programas en favor de la niñez.
Existe suficiente evidencia de lo que significa nacer en Chile: Unicef, en un estudio realizado en 1994, establece que el 77,4% de los niños eran víctimas de maltrato y en el mismo estudio realizado el 2012, la cifra alcanza el 71%. Estamos hablando de maltrato físico o psicológico cometidos por sus padres, madres o terceros que estaban al cuidado. Es decir, en casi, dos décadas la disminución de la violencia no ha sido significativa. Por su parte, el anuario estadístico del Sename, entre el año 2010 al 2016, señala que han ingresado a sus programas un total de 1.207.977 de niños y niñas, sólo para el área de protección.
Celebramos la creación de la Defensoría de la Niñez y el anuncio del proyecto de ley que propone declarar imprescriptibles los delitos de abusos sexuales contra niños y niñas. Así como tenemos un Ministerio del Deporte, de la Cultura, de la Mujer y la Equidad de Género, lo que da cuenta de las prioridades de los gobiernos para avanzar hacia país más equitativo, siguiendo este camino creemos que es un imperativo ético el contar con un Ministerio de la Infancia.
Muchas de las medidas propuestas, a propósito de casos tan impactantes como el de Ámbar, apuntan a castigar o tomar medidas posteriores a los hechos. Ya es hora de fijar la mirada en los contextos previos o en la sociedad en su conjunto que permite o incluso valida la violencia contra la infancia. Se trata de una política integral que coloca en el centro de las decisiones el interés superior de los niños y niñas.
Iván Zamora Zapata
Director ejecutivo ONG Paicabi