Un grupo de parlamentarios del Frente Amplio busca dar viabilidad a un proyecto que derogue la Ley 20.100, que le otorgó la nacionalidad chilena por gracia especial al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, acusando su supuesto rol en los casos de abuso sexual en la Iglesia chilena y sus polémicos dichos respecto de la Ley de Identidad de Género.

El cardenal, que nació en Campiglia dei Berici (Italia), obtuvo la nacionalidad chilena en 2006 luego de que la Cámara de Diputados la aprobara de manera unánime "como un reconocimiento a la fructífera y valiosa labor que durante más de 30 años ha desarrollado en beneficio de los desposeídos, particularmente en actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más necesitados".

La campaña de recolección de firmas se abrió en el sitio Change.org para revocar la nacionalidad por gracia otorgada a Ezzati. Ahí se pide llegar a 1.500 apoyos y ayer habían firmado 1.170 personas.

Según radio Cooperativa, el diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, pretende impulsar el proyecto en el Congreso, análisis al que se sumó su par del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter. "Todavía está en estado de reflexión", dijo Winter sobre la materia.

"Yo lo había conversado con integrantes del Movimiento Autonomista, pero creo que se hace muy evidente que el señor Ezzati, por el cargo que ocupa, había sido depositario de la confianza de millones de chilenos y, lejos de comportarse como un pastor, se ha comportado permanentemente como una persona cruel", agregó el parlamentario.

Lo anterior, agregó, por "sus últimas declaraciones sobre la Ley de Identidad de Género y, además, en su rol de dirigente, con una excesiva tolerancia con actitudes delincuenciales". En la tramitación de la Ley de Identidad de Género, las palabras de Ezzati ("No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro") fueron rechazadas por varios sectores.

El obispo Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), afirmó ayer que la Iglesia chilena necesita una "urgente renovación" después de los casos de abusos sexuales que la han arrastrado a la peor crisis de su historia. "Nos corresponde a todos, particularmente a los obispos, animar un proyecto intenso y extenso de renovación eclesial. Y hay que comenzar por el diálogo", manifestó el obispo Silva en una carta difundida ayer en el sitio web de la CECH.

Santiago Silva forma parte de la treintena de obispos chilenos que la semana pasada se reunieron en El Vaticano con el Papa Francisco, que les entregó una carta con parte de las conclusiones de la investigación que realizó el arzobispo maltés Charles Scicluna sobre los abusos cometidos por sacerdotes en Chile.

"Si algo nos quedó claro de aquellas francas conversaciones es que la vida de obispos y sacerdotes no siempre corre por los cauces del Evangelio. Nos apartamos de ellos por nuestros errores y, lo que es más grave, por la comisión de delitos como los abusos de menores", dijo Silva en la misiva difundida ayer.

Tras las reuniones, todos los obispos chilenos pusieron sus cargos en manos del Papa Francisco, una decisión que, según el presidente de la CECH, refleja la voluntad de la jerarquía eclesiástica de que la renovación sea una "realidad".

Según Silva, el Papa les escribió posteriormente un mensaje para agradecer su plena disponibilidad para colaborar en los cambios que se realizarán a corto, mediano y largo plazo para "restablecer la justicia y la comunión eclesial".

Santiago Silva, que es el obispo castrense, reconoció que "muchos no dan crédito" al perdón que los obispos pidieron, por lo que serán necesarias "acciones reparatorias concretas" para demostrarlo. El informe de Scicluna, de más de 2.000 páginas y que recoge el Papa en su carta, denuncia que algunos religiosos expulsados de sus órdenes por abusos fueron acogidos en otras diócesis y recibieron encargos que los llevaron a estar en contacto con niños y jóvenes. También señala que en las denuncias recibidas por abuso sexual "en no pocos casos se calificaron muy superficialmente como inverosímiles lo que eran graves indicios de un efectivo delito".

Según el documento también hubo "negligencias en la protección de los niños por parte de los obispos y de los superiores religiosos" y "destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos".

Silva destacó que para los obispos es "imprescindible" conocer a fondo el contenido del informe de Scicluna. Francisco convocó a los obispos después de haber constatado que fue mal informado respecto del obispo de Osorno, Juan Barros, a quien acusan de encubrir los abusos de Fernando Karadima.

"Nos apartamos de ellos por nuestros errores y, lo que es más grave, por la comisión de delitos como los abusos"

Santiago Silva, Presidente de la CECH"

obispos chilenos viajaron a un encuentro con el Papa. El Pontífice analiza las renuncias del grupo. 34