En el contexto nacional y regional, donde la coyuntura económica habla de un déficit fiscal superior a los 6.500 millones de dólares, es evidente la urgencia de inversiones públicas y privadas, las cuales podrían generar empleos y reactivar la economía local.
Pero para que aquello ocurra es necesario eliminar los escollos burocráticos. Por ejemplo, el excesivo plazo de 150 días que contempla el proceso de Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, periodo que desmotiva cualquier tipo de inversión.
Estamos de acuerdo que dicho estudio, conocido como EISTU, es de suma importancia, pues establece las medidas de mitigación para evitar impactos en la ciudad y fija cantidad de estacionamientos, flujos vehiculares, posibles cambios de señalizaciones, calidad de vías, etc. Sin embargo, el problema es el largo plazo de tramitación.
Los proyectos deben esperar prácticamente cinco meses desde el ingreso por ventanilla única de la Seremi de Transportes, donde se analiza la complejidad de la propuesta; luego la revisión del Serviu y el Ministerio de Vivienda; la Sectra y finalmente el municipio correspondiente, a través de sus direcciones de Obras y Tránsito. En resumen, un proceso lleno de burocracia.
Además, en cada repartición los encargados del proceso no tienen dedicación exclusivamente para revisar estos estudios de impacto vial, lo que en algunos casos, obliga a extender el plazo. Tampoco existe una plataforma tecnológica que permita seguir el procedimiento, de modo que el inversionista, la comunidad y los usuarios vean las observaciones y el proceso sea más transparente.
Por eso, ya hemos conversado con el intendente, Jorge Martínez, y la Asociación Regional de Municipalidades, encabezada por el alcalde de Limache, Daniel Morales, para propiciar que los servicios públicos involucrados en el EISTU se autoimpongan un plazo mucho menor para formular observaciones y tomar una decisión sobre los proyectos.
Esto no significa que las iniciativas deban ser aprobadas per se, aquello sólo será sancionado en su mérito; pero sí agilizar el procedimiento y que el inversionista tenga una respuesta rápida. Este puede ser el primer paso de la urgente agenda pro empleo y de reactivación económica que la región necesita.
Sólo a modo de ejemplo, actualmente existen en la zona 12 proyectos en revisión, los cuales suman una inversión superior a los 600 millones de dólares. Sin burocracia, varios de ellos ya podrían estar generando trabajos y crecimiento.
Manuel Millones Chirino
Consejero regional