Tras sesionar de manera extraordinaria durante las dos últimas semanas, el Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso aprobó el martes de esta semana una nueva Política Institucional, un Protocolo y Reglamento frente a Denuncias y un Programa de Acciones de Sensibilización y Prevención relacionado con las temáticas de acoso, hostigamiento y discriminación arbitraria.
Los acuerdos contemplan que todo integrante de la comunidad universitaria que se considere víctima o testigo de hechos que puedan constituir acoso sexual, discriminatorio o psicológico; hostigamiento, violencia de género o discriminatoria; o discriminación arbitraria, podrá presentar en cualquier momento la o las denuncias respectivas.
Asimismo, se establecen medidas de protección y acompañamiento para las partes involucradas en la denuncia.
El director de Asuntos Estudiantiles (DAE), David Letelier, explicó que el proceso partió el segundo semestre del año pasado, con la conformación de una comisión institucional. "Finalmente, la propuesta quedó establecida a través de un documento que contiene tres partes: una Política Institucional, un Protocolo o Reglamento frente a Denuncias y un Programa de Acciones de Sensibilización y Prevención", precisó Letelier, quien reconoce que "una normativa o reglamento por sí mismo no resuelve ninguna de las conductas sociales que se quieren evitar. En ese sentido, es muy importante contar con un soporte valórico robusto y con estrategias que incluyan a los distintos estamentos en acciones preventivas.
- ¿Se sintieron presionados por las movilizaciones estudiantiles que surgieron debido a este reglamento?
- Los estudiantes, a través de sus representantes estudiantiles, solicitaron que la discusión en el Consejo Superior de la nueva normativa fuera prioritaria. En ese mismo sentido, ese órgano de gobierno universitario decidió que la revisión se realizara en el menor tiempo posible, cuidando que esta nueva normativa se ajuste a un proceso justo y se garanticen los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Para ello se estableció realizar tres sesiones extraordinarias. Por su parte, Rectoría ha declarado que no comparte ninguna acción que involucre el uso de la fuerza, por lo que no se aceptarán acciones de radicalización, pues estamos convencidos que lo que requieren las instituciones de educación superior es abocarse cuanto antes a la implementación de estos protocolos.
- ¿Tuvieron en consideración las ideas planteadas por las alumnas, las académicas y las funcionarias?
- La propuesta que se condujo al Consejo Superior fue elaborada por una comisión institucional en la cual participaron representantes de los Sindicatos de Trabajadores, de la Federación de Estudiantes y académicos.
- ¿Existen denuncias por acoso actualmente bajo indagación en la PUCV? ¿Qué pasará con esos casos a partir de este nuevo protocolo?
- La nueva normativa mejora sustantivamente la respuesta institucional frente a denuncias en estos ámbitos. Sin embargo, la universidad cuenta con distintos reglamentos para sancionar distintas conductas que han sido aprobadas o actualizadas con anterioridad. Las denuncias que se han recibido, que son menores en número, han sido derivadas a la Prosecretaría General, donde se designa un abogado que actúa como fiscal investigador.
