Alexis Paredes R.

El Informe Final N° 209 de la Contraloría Regional da cuenta de graves anomalías en el proceso de ejecución del proyecto de conservación de la avenida España y cuestiona la participación del Serviu de Valparaíso en el proceso de fiscalización de las obras. Apunta, además, a fallas administrativas que permitieron que la empresa adjudicataria del proyecto subcontratara parte de los trabajos por casi $ 1.700 millones, hecho que, según el órgano contralor, no estaría permitido según las bases administrativas.

El dueño de la empresa constructora a cargo de las faenas, Waldo Sánchez Román, decidió hacer sus públicos descargos a los cuestionamientos que, a su entender, sin ningún fundamento ponen en tela de juicio su accionar.

Enfatiza que la mayoría de las observaciones consignadas durante la permanencia de los auditores del órgano contralor en el lugar de las faenas fueron calificadas de "medianamente complejas" y han sido subsanadas durante el desarrollo de las obras, las que principalmente son atribuibles a que el Serviu no contestó en forma adecuada los reparos considerados en el preinforme.

"Aquí existe una utilización política de este tema por parte de ciertos personeros y por eso estoy evaluando con mi equipo jurídico las acciones a seguir. Se está poniendo en tela de juicio mi actuar y la honra de todos los que participamos en este proceso", afirma el constructor civil.

Sánchez también tiene reparos con el contralor regional, a quien sindica de excederse en sus atribuciones al colocar "juicios de valor" en el informe, al señalar que "llama la atención que ambas empresas subcontratadas -Bitumix para el asfalto y Ecmovial para obras en la carpeta de rodado- tuvieran participación en el proceso de licitación de la obra pública, la primera en sus etapas iniciales y la segunda como oferente".

Subraya que "si el contralor considera que este un hecho anómalo, por qué no colocó de inmediato estos antecedentes a disposición de la justicia, ya que esta aseveración se presta para múltiples interpretaciones. El contralor no tiene argumentos jurídicos para dar cuenta de ello, él no puede hacer juicios de valor y eso es lo que genera después una serie de especulaciones de quienes tienen interés político de aparecer producto de este tema".

"Me parece bien la fiscalización, al segundo día de instalar faenas llegó la contraloría del Minvu, luego llegó la Contraloría Regional, la fiscalización del Gore y de la Seremi de Vivienda, acá sólo faltó que viniera la PDI, por eso me parece insólito que se cuestionen ciertos procesos, fundados principalmente en un dictamen de 2016 que, según la Contraloría, sienta jurisprudencia, pero que ocurrió con la Seremi Minvu Metropolitana y que lo transcribe a la Subsecretaría de Vivienda en Santiago. Esto no está en las bases y tengo la certeza absoluta que no estaba en conocimiento del Serviu V Región", dijo, aludiendo a "un resquicio" utilizado para sentar jurisprudencia con "un dictamen que no lo conoce nadie".

Añade que "si (al contralor) le llama la atención esta situación por qué no lo investigó, por qué no concluyó con respecto a ello. No veo que, a pesar de llamarle la atención, haya hecho una investigación seria y acabada con respecto a esto. Deja la puerta abierta respecto a que las empresas nos confabulamos".

El contratista sostiene que, en general, "el informe me parece muy acertado en todas sus observaciones, pero hace un juicio de valor que lo ensucia y daña la honra. No veo después dónde el contralor indica que esto está penado por la ley. En función a los antecedentes que regían el contrato y teníamos todos los contratistas a la vista no infringimos las bases, ya que se fundamenta en un dictamen de Santiago que no está explicitado en las bases".

Los múltiples problemas que enfrentó el reflotado proyecto cuando se presentaron las bases de la licitación en noviembre pasado, que tuvo reparos de la Contraloría, retrasó la ejecución de las obras hasta mediados de enero, lo que impidió ejecutar las medidas de mitigación que también son observadas en el informe.

Sobre ineficiencias en las soluciones técnicas, en alusión a la diferencia de niveles en el sector del Puente Capuchinos, Sánchez precisó que existe un estudio de ingeniería que impide trabajar sobre la estructura porque "no resiste ser cargado ni realizar faenas de compactación, las obras siempre partieron cuatro metros después del puente, desde la unión de la losa con el muro de contención que dan el soporte".

Respecto a las obras de seguridad vial aún pendientes y que no fueron contempladas en el proyecto original del Serviu, cuyo aumento en $ 800 millones está a la espera de la toma de razón en la Contraloría, el contratista adelantó que no se hará cargo de los trabajos, lo que obligará a realizar una licitación pública, particular o trato directo para ejecutarlas.

Ello pese a que en el informe de aumento de obras elaborado por el Serviu firmó aceptar realizar un trato directo, lo que ahora será revisado por sus abogados. "Me vi presionado a firmarlo, luego que el intendente, el director del Serviu y otros personeros me pidieron ayudarlos. Yo soy contratista y vivo de esto, no podía decirles que no, pero ahora la situación ha cambiado", dijo.

"Todo el revuelo generado es una operación política, leo el informe, veo las respuestas del Serviu y no encuentro la gravedad que algunos intentan hacer parecer a través de la prensa. La gravedad está en el juicio de valor que le da el contralor y que no está dentro de sus atribuciones. Me gustaría que el intendente también aclare sus dichos con respecto a los requisitos de transparencia y legalidad que debe cumplir la empresa para hacer las obras de seguridad vial, me gustaría que lo aclarara", sentenció. Por último, afirmó que tras el cambio de administración, "ninguna de las nuevas autoridades del Serviu ha venido a revisar las obras. Eso da para pensar muchas cosas".

"Me llama la atención que en su informe el contralor haga un juicio de valor con respecto a la subcontratación. Si estaba prohibido por ley pronunciarse y llevar a la empresa a otra instancia como el Ministerio Público" "No estamos en condiciones de realizar las obras adicionales de la Av. España, desde un principio le dije al intendente que no aceptaba un trato directo y tras esto no habrá acuerdo para hacerlo""

Cámara aprueba pedir a Piñera una rebaja de tarifas a adultos mayores

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo impulsado por el diputado Andrés Longton (RN), el cual solicita al Presidente Sebastián Piñera que, mediante las secretarías de Estado pertinentes, adopte todas las medidas que favorezcan la accesibilidad de adultos mayores en los medios de transporte público, a través de la rebaja de tarifas en los mismos. En su texto, la iniciativa advierte la falta de beneficios para adultos mayores en regiones en los distintos sistemas de transporte.

Joven de Llay Llay es nuevo presidente de la juventud PDC en Valparaíso

"Los jóvenes deben aportar con sus conocimientos al desarrollo de la región". Así lo afirmó el nuevo presidente de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) de la Región de Valparaíso, Felipe González Arancibia, tras asumir el cargo. El joven es Administrador de Negocios Internacionales y hermano del actual alcalde de Llay Llay, Edgardo González. Con experiencia laboral en el mundo público y privado, González fue uno de los voceros del movimiento estudiantil de 2011 en la zona.