Justamente cuando parte el procedimiento compensatorio para los consumidores en el caso de colusión de precios del papel higiénico, aparece otra denuncia por una concertación que también -en teoría- atenta contra la libre competencia.
Pero la materia objeto de la colusión es mucho más delicada: nada más y nada menos que vida humana; enfermos cuyos derechos estarían siendo vulnerados -d acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, por los integrantes de la Agrupación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC).
La acusación ha sido formulada por la FNE ante el Tribunal de la Libre Competencia (TdLC). La indagación se inició en 2012, tras la denuncia de un profesional que habría violado acuerdos de la Agrupación, siendo sancionado por ello con la suspensión de su pertenencia a la entidad. Señala la Fiscalía en su requerimiento que "el denunciante implementó un servicio paquetizado que permitía a los pacientes prepagar un valor fijo, conocido de antemano, por una prestación. Bajo esta modalidad, los honorarios médico quirúrgicos eran inferiores a los acordados por la AGC".
Pero la sanción interna de la AGC fue más allá, pues solicitó a las isapres con las que tenía convenio la "inmediata desafección del denunciante", argumenta la Fiscalía. Agrega que "en noviembre de 2012, el denunciante fue expulsado de la AGC por 'haber repetido y mantenido' los hechos que dieron lugar a la suspensión".
El requerimiento es contra 111 médicos, acusados de realizar "una cantidad relevante de prestaciones a precios colusivos. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de éstos con las isapres y en el monitoreo y sanción de los desvíos".
El titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, indica que la colusión data de 1985 "entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad como es la salud".
Por su parte el diputado PS Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, reconoce el derecho de los profesionales a agruparse por especialidades, pero destaca que este caso "es un hecho delicado y grave".
La Fiscalía solicitó al TdLC que se multe en casi $ 569 millones a la AGC, monto que debería ser cancelado solidariamente por los requeridos.
Se estaría en esta supuesta colusión violentando la libre competencia, pero, lo que es peor, no exageramos, se violentaría también el derecho a la vida.
La materia es de tal gravedad que exige indagar también el rol que han tenido en este caso los centros de salud públicos y privados y las isapres, con el objeto desalentar conductas actuales o futuras como las denunciadas, poniendo en primer lugar el superior derecho a la salud de las personas.