Alexis Paredes R.

Un informe de la Contraloría Regional que detectó graves anomalías en la fiscalización de las obras de la avenida España, que cuestiona la subcontratación de trabajos por $ 1.700 millones, situación que debió ser sancionada por el Serviu, sumado a la denuncia del intendente Jorge Martínez y el Consejo Regional (Core) sobre el ocultamiento de información por parte de dicho servicio del informe de Conaset que incorporaba las medidas de seguridad vial y que llevaron a despriorizar casi $ 800 millones para mejorar los estándares en dicha materia, donde incluso se deslizó que podrían haber "elementos constitutivos de delito", pusieron en tela de juicio la actuación del exdirector regional de la repartición, Carlos Contador.

El arquitecto DC, quien formalmente el pasado 31 de mayo dejó la jefatura del Serviu, luego que el Minvu le solicitara la renuncia no voluntaria -ostentaba el cargo por Alta Dirección Pública (ADP)- rechazó de plano imputaciones. "El informe de la Conaset era parte integrante de los antecedentes de la licitación; aquí no cabe ninguna duda que, para tratar de justificar una gestión administrativa mal ejecutada, se trata de buscar chivos expiatorios donde no los hay, usando además argumentos que no son ciertos", dijo Contador.

Por ello apuntó a "las autoridades actuales y que están haciendo una mala gestión. Todos los que han hablado y criticado no han leído las bases ni cuando autorizaron las obras adicionales, porque hablan de cosas que no son ciertas".

Contador es enfático: "Las bases de licitación contemplan las tachas reflectantes, el plan de mitigación de tránsito, las barreras New Jersey y las barreras metálicas. El informe de Conaset es del año pasado y obvio que se tuvo presente al elaborar las bases, está dentro de los documentos entregados a los contratistas que postularon. En la licitación se incorporó lo necesario para mantener la Av. España con los estándares que tenía, nunca se pretendió hacerle más ni menos".

Añade que tras quedar un remanente de casi $ 800 millones que no se utilizaron en la licitación (había $ 5.200 disponibles para las obras), el exintendente Aldoney pidió buscar la forma de invertir esos recursos en la avenida y "no los tengamos que devolver", ante lo cual se incorporaron nuevas medidas de seguridad en base al citado informe de la Conaset.

"El informe de Conaset fue parte de la información que se entregó para elaborar las bases", insistió Contador, y agregó que "el intendente Martínez, junto a un grupo de consejeros, politizó este tema. A partir de unos errores administrativos pretenden hacer un escándalo".

Agregó que la actual administración tardó más de tres meses en resolver si hacía un aumento de obras y, cuando los trabajos están por terminar, "para justificar el atraso y la ineptitud que han tenido me están culpando a mí. El proyecto contempla medidas de seguridad vial, las mismas que tenía antes de intervenirse. Cuando se dice que es un mal proyecto se dice 'no tengo idea de lo que estoy hablando, no conozco, soy un ignorante'".

Carlos Contador también responde a las anomalías administrativas calificadas como "grave irregularidad" por la Contraloría y a la falta de fiscalización del Serviu, que permitió subcontratar obras a empresas que participaron en el proceso de licitación.

Sostiene que el Decreto Supremo N° 236 del Minvu, que establece las bases administrativas generales de licitaciones públicas, "en su artículo N° 55 establece que el subcontratista podrá subcontratar parte o la totalidad de las obras según lo dispuesto en las bases especiales de la licitación. En las bases se dispuso máximo un 50% de subcontratación y la empresa constructora Waldo Sánchez subcontrató un 41%. ¿Hay algún incumplimiento? No".

Agrega que el propio artículo 55 contempla que "si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene subcontratos no declarados, el Serviu podrá resolver (terminar) el contrato. Cuando nos dimos cuenta que la empresa constructora no había declarado la subcontratación del asfalto, tanto con Bitumix como con Ecmovial, había dos posibilidades: resolver el contrato o regularizar la situación; al constatar que el contrato llevaba más de un 40% de avance y según programación debió haber llevado un 8% -mediados de febrero-, entonces no tenía sentido terminar el contrato si la obra avanzaba súper bien, por ello se regularizó la no declaratoria, eso es lo que ha hecho aparecer como un acto grave".

Contador se excusa de emitir juicios respecto al informe de Contraloría, pero insiste que si el decreto establece que "el Serviu podrá resolver, eso es discrecional y queda criterio de las autoridades que evalúan si se puede o no resolver. La Contraloría hace una interpretación de un dictamen. Nosotros, cuando elaboramos las bases, no teníamos el conocimiento de ello. Si así lo estima la Contraloría, habrá que argumentarlo en las instancias que corresponda".

"El informe de la Conaset es del año pasado y obvio que se tuvo presente al momento de elaborar las bases"

Carlos Contador, Ex director Serviu Valparaíso"

Martínez: "El señor Contador entrega una verdad a medias"

la licitación y que "se buscan chivos expiatorios para justificar una mala gestión".

Sobre estas aseveraciones, el intendente Jorge Martínez insistió que Contador entrega "una verdad a medias. El problema está en que la Conaset, un organismo técnico, exigió mayores medidas de seguridad, las que, según el señor Contador, las conocieron una vez aprobado el proyecto y en ejecución la obra". Añade que "tenemos antecedentes que nos permiten entender que ellos lo sabían con anterioridad a que el proyecto se iniciara en su ejecución y no lo comunicaron al Core, y eso es muy grave". El intendente enfatiza que al concluir el recarpeteo la Av. España tendrá las mismas medidas de seguridad que antes, "pero con una avenida más rápida, entonces la Conaset exigió nuevas y mayores medidas de seguridad y esas no se dieron a conocer al Core, todo ello antes de que asumiera esta administración, no como nos señaló Contador, que lo supieron sólo a fines de enero de este año. El gran argumento del señor Contador era que (el informe) no lo pudieron incluir y por eso que estaban pidiendo fondos adicionales antes de que asumiera el Presidente Piñera, ya que se habían enterado en enero de este tema. El hecho que se supiera con mucha anticipación es algo que se mantuvo oculto al Core del gobierno anterior, ni siquiera al nuestro".

Aumentarán las multas y sanciones para excursionistas imprudentes

Autoridades de Conaf, la Provincia de Marga Marga y el municipio de Olmué iniciaron una ronda de reuniones para establecer un mecanismo que permita aumentar las sanciones a los excursionistas imprudentes que quedan atrapados en el Parque Nacional La Campana y cuyo rescate involucra millonarios costos para el Estado.

En las últimas semanas, las autoridades han debido enfrentar al menos tres de estos operativos, en los cuales han debido participar Conaf, Bomberos, Carabineros y la Gobernación de Marga Marga.

Al respecto, la gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, explicó que "lo que queremos garantizar, primero, son tres cosas: es que haya una multa efectivamente sancionable, pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil como lo decía la alcaldesa de Olmué. Lo segundo es que exista una responsabilidad de los padres, porque en ocasiones ha habido menores que suben sin ningún tipo de responsabilidad y que el día de mañana se extravían y causan dolor en los familiares y en aquellos que tienen que ir a rescatarlos. Y en tercer lugar, nosotros no podemos seguir gastando la cantidad de dinero que nos cuesta cada uno de los rescates".

En tanto, la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, indicó que por la irresponsabilidad de determinados excursionistas el Estado debe desembolsar una importante cantidad de recursos en los operativos.

"Muchas veces a las personas les da lo mismo pagar la multa porque es muy baja y, por lo mismo, vamos a tener que implementar junto a Conaf sanciones civiles, responsabilidad civil al momento de ingresar al parque", expuso la jefa comunal.

Advirtió además que "si bien existe la mejor disposición de Bomberos y Carabineros en velar por la seguridad de las personas ante un accidente, no puede ser que por irresponsabilidad de muchas personas se estén gastando recursos públicos que pueden ir en mejoras de los vecinos".

"Muchas veces a las personas les da lo mismo pagar la multa porque es muy baja y, por lo mismo, vamos a tener que implementar junto a Conaf sanciones civiles, responsabilidad civil"

Macarena Santelices, Alcaldesa de Olmué"