Mauricio Mondaca

Mientras desde diferentes sectores políticos buscan presionar al Gobierno para que revise el acuerdo firmado entre Corfo y SQM debido a la llegada de Julio Ponce Lerou y su hermano como asesores de la minera no metálica, el Ejecutivo apuntó a la responsabilidad del exvicepresidente ejecutivo de la corporación, Eduardo Bitran, por no haber previsto esta situación en el contrato de manera clara y concisa.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, afirmó ayer que la reincorporación de los hermanos Eugenio y Julio Ponce Lerou a SQM, quiénes fueron reintegrados a la empresa como asesores estratégicos, "me parece imprudente, no me gusta". Sin embargo, aseguró que "no nos corresponde calificar ni la prudencia ni las decisiones que toma una empresa, sino que cumplir los contratos".

El abogado de Pampa Calichera, Sebastián Oddó, reveló a La Tercera que Bitran estaba al tanto de la posibilidad de que el empresario se integrara en la minera no metálica nuevamente como asesor. "Hay una persona (Bitran) que lleva 24 horas dando información que no se condice con la verdad", dijo el abogado.

SQM confirmó el martes que contrató como asesor del directorio a Ponce, una decisión que provocó críticas de empresarios y políticos, porque regresa a la compañía con una función que estaría en el límite de lo pactado previamente con Corfo. La salida de Ponce y de su familia de la dirección fue uno de los requisitos que puso Corfo -dueña del Salar de Atacama, el principal activo que explota la minera- cuando en enero firmó un acuerdo por disputas sobre regalías que le permitió elevar la producción del mineral ante la explosiva demanda de electromovilidad.

El nuevo contrato estuvo condicionado a que Ponce no intervenga en las decisiones de la empresa, luego de ser multado por el regulador de valores debido a operaciones irregulares con acciones de SQM y sus sociedades controladoras.

"Él (Eduardo Bitran) es exvicepresidente de Corfo, es quien negoció este contrato, nosotros recibimos lo que el negoció, es importante que él dé cuenta de lo que negoció", aseguró ayer el ministro de Economía, José Ramón Valente. El secretario de Estado agregó que "no nos parece del todo adecuado lo que ha hecho la empresa, pero desde el punto de vista contractual al Estado de Chile no le queda más que hacer cumplir los contratos. Interpretarlos es algo que sólo pueden hacer los abogados".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó el retorno de Ponce Lerou a SQM como asesor en temas estratégicos como una "señal compleja y poco prudente".

"Aquí hay un contrato vigente y tendrán que ver las partes. Nosotros vamos a cautelar por los intereses del Estado", dijo. Por su parte, la ministra vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, llamó al exrepresentante de Corfo, Eduardo Bitran, a explicar si es verdad que conocía que los hermanos Ponce podrían volver a formar parte de la empresa como asesores. "Creemos que las acusaciones que se están conociendo por parte de la empresa, y también las acusaciones que ha señalado el exdirector de Corfo en contra de eventuales presiones por parte de personalidades de la Nueva Mayoría, deben ser aclarados por él", apuntó la ministra Pérez.

Con una solicitud de 68 parlamentarios, la Sala de la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la creación de una comisión investigadora para indagar y fiscalizar el acuerdo al que arribaron los representantes de Corfo y SQM.

La instancia fiscalizadora se apresta a indagar "los actos de los Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce".

Bruselas da luz verde a la imposición de aranceles a Estados Unidos a partir de julio

La Comisión Europea (CE) aprobó ayer la imposición de aranceles adicionales a productos estadounidenses, una medida que entrará en vigor en julio en respuesta a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de gravar las importaciones de aluminio y acero de la Unión Europea (UE). "La CE espera concluir el proceso de coordinación con los Estados miembros antes del final de junio para que los nuevos aranceles puedan entrar en vigor a partir de julio", anunció la CE en un comunicado de prensa.

"Es una respuesta proporcional a la decisión ilegal y unilateral de Estados Unidos de imponer tarifas a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea", aseguró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

El Acuerdo de Salvaguardias de la OMC permite utilizar medidas de reequilibrio correspondientes al daño causado, que, según las estimaciones de la Comisión Europea, ascenderían hasta los 6.400 millones de euros.

Los aranceles adicionales aprobados ayer suponen que la UE puede ejercer sus derechos sobre productos estadounidenses por 2.800 millones de euros, mientras que el reequilibrio restante, de 3.600 millones, tendrá lugar más adelante, en un plazo de tres años o, si llegase antes, tras una resolución positiva de la OMC en la disputa lanzada por el bloque europeo. En la lista notificada a la OMC figuran productos como maíz dulce, jugo de naranja, arándanos, maquillaje y tabaco, y materiales de construcción como tuberías y planchas de acero.

Hacienda quiere déficit estructural de 1% para el 2022

El Ministerio de Hacienda anunció ayer un compromiso fiscal para reducir el déficit estructural desde el 2,0% del PIB anotado en 2017 al 1,0% hacia el 2022, según dijo el ministro Felipe Larraín. Al término del Gobierno de Sebastián Piñera, en 2021, el déficit sería del 1,2% del PIB, precisó el responsable de las finanzas públicas.

El compromiso está establecido con base al balance estructural, que se reducirá en 0,20 puntos porcentuales del PIB por año, para llegar al 1,0% el año 2022, precisó el secretario de Estado en conferencia de prensa.

En la práctica, el balance estructural significa ahorrar en tiempos de auge, cuando se reciben ingresos que se sabe son sólo transitorios, para poder gastarlos en coyunturas que hacen caer los ingresos o aumentan las necesidades de gasto social.

Para el 2018, la meta es cerrar con un déficit del 1,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el ministro, que puntualizó que la iniciativa se enmarca en un plan de austeridad y reasignaciones presupuestarias, tras recibir un deterioro fiscal del Gobierno anterior mayor al esperado.

El ministro de Hacienda añadió que el Gobierno pudo haber sido "más agresivo para afrontar el problema y "haber avanzado más" en su meta fiscal, "pero la situación era más compleja a lo esperado y, en definitiva, las presiones de gasto limitaron el espacio de acción".

"Hay un esfuerzo por mejorar la posición fiscal. Se traduce en que no se permite gastar todo lo que uno tiene, porque está comprometido en un camino", remarcó el titular de la cartera de Hacienda.

La estrategia

El secretario de Estado indicó que la estrategia fiscal del Gobierno para el periodo 2018-2022 tiene varios desafíos. "Contribuir al crecimiento económico, a la creación de empleos de calidad, a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo general del país, generando las condiciones necesarias para desarrollar el programa de gobierno", anunció Larraín.

de junio se realizará la cumbre del G7 en Canadá. El tema arancelario será una de las prioridades. 8 y 9

fue el déficit estructural el año pasado, una cifra mayor a la que el anterior Gobierno había informado. 2,0%

el año en que S&P aplicó la primera rebaja de calificación al país en 25 años a "A+" desde "AA-". 2017