Paola Passig

Como "impresentable" califica el diputado Víctor Torres la decisión de los abogados y militantes democratacristianos Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil de aceptar defender al ministro de Salud, Emilio Santelices, de la acusación constitucional presentada por un grupo de parlamentarias de oposición. Una decisión que ha sacado ronchas al interior de la tienda.

- ¿Por qué?

- Es lamentable que nos veamos en esta encrucijada cuando el Gobierno ha tomado la definición política de instalar una cuña en la DC y que termina haciéndose realidad en el momento en que estos dos militantes aceptan la defensa del ministro de Salud, Emilio Santelices. Yo puedo entender el derecho a defensa que tiene este secretario de Estado y también el libre derecho al ejercicio de la profesión de estos dos abogados, pero no podemos perder de vista que la acusación constitucional, más allá de si tiene un asidero jurídico, es también una acción política. Por lo tanto, tener a un exvicepresidente de la República de un gobierno de la Nueva Mayoría y exparlamentario, además de un connotado militante de la tienda que estaba en una coalición determinada, defendiendo a un ministro de un gobierno de derecha termina siendo, a mi juicio, impresentable.

- ¿A qué atribuye la decisión de poner esta cuña al interior de la DC?

-Lo que intenta el Gobierno con esto es cooptar la votación de la bancada democratacristiana, para así tener mayoría y desechar la acusación constitucional. A mi juicio, se trata de una maniobra burda de parte del Gobierno y que no corresponde a lo que el Presidente estableció el día del discurso presidencial, cuando habla de grandes acuerdos, pero establece un mecanismo de relación como el que estamos observando. La coacción es una mala práctica que no ayuda a esa convocatoria que hizo el Mandatario, sino que genera el efecto contrario.

- ¿Es decir que la estrategia de división puede transformarse en un búmeran?

- Efectivamente, la acción política del Gobierno que intentó cooptar votación del PDC a través de esta jugada, puede terminar siendo un búmeran que les cueste caro.

- ¿Y cuál es el animus en la bancada del PDC respecto a la AC?

- En su momento la bancada debatió si efectivamente respaldábamos o no la presentación de esta acusación constitucional y mayoritariamente se pronunció en contra porque no consideraba que era pertinente. Sin embargo, hoy (ayer) tras ser sorprendidos con esta noticia, se generó una reacción en contrario. Es decir, que aquí hay una imprudencia del gobierno, y más que una imprudencia, una acción política de provocación a los diputados del PDC que no corresponde.

- ¿Pero hay o no elementos para instalar una acusación constitucional?

- Yo, personalmente, he llegado a la convicción de que efectivamente en el libelo acusatorio hay antecedentes para respaldar esta acusación constitucional, pero es una convicción a la que he llegado todo este tiempo que ha transcurrido y que hemos conocido el libelo; y por lo tanto, respecto a mi votación hay una definición que está incólume y que no está afectada por la estrategia del Gobierno. Sin embargo, hay otros camaradas que están o reflexionando o que tienen una posición determinada, a los que se les pone en pie forzado respecto de su eventual votación y eso termina siendo algo que no corresponde y que no es una buena práctica en política.

- Su posición va en la línea de lo señalado por el presidente electo de la DC, Fuad Chahin, quien sostuvo que él no hubiera asumido la defensa. ¿Hay una crítica oficial respecto a la participación en la defensa de Santelices?

- No sé si una defensa, pero al menos mayoritaria y que va desde que fue una imprudencia a otros que plantean que aquí hay un accionar un poco más grave. Pero insisto, esto tiene un impacto político y por esa razón ha habido planteamientos contrarios en la DC a la contratación de Burgos y Correa para defender al ministro.

- Podrían ser llevados al Tribunal de Disciplina?

- Eso se tendrá que evaluar en otro momento. Lo que nos convoca es ver cómo vamos a actuar ante la acusación constitucional.

- ¿Y cómo van a actuar? ¿Existe una estrategia?

- Hay que clarificar cuál va a ser la postura nuestra en la acusación constitucional. En su momento se discutió que no era pertinente su presentación, pero ante el cambio de escenario es importante decir si vamos a tener un accionar de bancada o habrá libertad de acción. Como bancada tenemos que darle garantías al país y a la ciudadanía de que la votación de los parlamentarios prácticamente va a ser por convicción y no por efecto de que se haya lanzado una presión tras la contratación de Burgos y Correa.

- ¿Pero están los votos para materializar esta acusación?

- Hasta el día de ayer había una prevalencia de que no se aprobara esta acusación. Con la estrategia del gobierno lo que se ha conseguido es rebarajar el naipe. Por lo tanto, no podría tener esa misma certeza.

- Considera, como dijeron algunos analistas tras escuchar la Cuenta Pública, que el Gobierno tiene una relación bipolar con la oposición.

- A la relación que ha establecido el Presidente con la oposición la llamaría errática. Por una parte nos convoca a grandes acuerdos nacionales y, por otro lado, existe en su discurso y en su accionar cosas como las que estábamos recién hablando en materia de la acusación constitucional o aquellas que observamos en el discurso presidencial que parte con una gran cantidad de minutos -de las dos horas 20 que habló- agrediendo al gobierno encabezado por Michelle Bachelet y del cual tuvieron parte los partidos que hoy están en la oposición. Entonces, no se entiende, no se condice un relato que sea coherente entre las intenciones que el Gobierno dice para vincularse con la oposición y las que finalmente termina teniendo.

- ¿Pasó el peligro de que el protocolo para aplicar la ley de aborto en tres causales discriminara?

- Este silencio administrativo que ha tenido el Gobierno, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de dictaminar un reglamento, en tiempo y forma, genera incertidumbre. Más allá de que la ley establezca una garantía de acceso, el no poder operativizarlo o no tener claridad para operativizar gran parte de lo que establece la ley por falta de este reglamento, genera una incertidumbre que puede, eventualmente, traducirse en el perjuicio del acceso de mujeres a estas prestaciones. De hecho, ya hubo una denuncia de una paciente del hospital de Quilpué que terminó con las disculpas públicas del director a propósito de que no había tenido la oportunidad de acceder de manera oportuna a esta prestación y fue derivada a otro médico. Y eso tiene que ver con el hecho de no existir reglas claras a partir de la falta de un reglamento que protocolice cómo se va a emitir la objeción de conciencia, quiénes pueden, de qué manera se emplea la prestación o se garantiza, etc. Por tanto, mientras más tiempo pasa, obviamente más complejo es dar cumplimiento a la ley.

"No podemos perder de vista que la acusación constitucional, más allá de si tiene un asidero jurídico, es una acción política. Tener a un exvicepresidente de la República de un gobierno de la Nueva Mayoría defendiendo a un ministro de un gobierno de derecha termina siendo impresentable" "Es una opinión de las diputadas (que muchos no apoyan la acusación constitucional por machismo) que respeto, pero insisto, los diputados deben actuar en conciencia y no siempre es prudente adelantarse a las razones de por qué cada uno toma una determinada posición""