Carolina Collins

El asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo (29), baleado el miércoles durante un enfrentamiento entre narcotraficantes en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, reabrió el debate en torno a la ley de responsabilidad penal adolescente.

El Presidente Sebastián Piñera ya había anunciado en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio el envío durante este mes de un proyecto para modificar la normativa, que incluya la obligación del Tribunal de considerar como agravante la reincidencia y que impida que los jueces bajen en un grado las penas.

Tras el asesinato del funcionario de Carabineros, que recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la muñeca, el tema volvió a cobrar relevancia. Esto, porque la noche del miércoles se entregó el presunto autor del asesinato, un joven de 17 años apodado "Danielito", quien confesó su participación en el crimen y dijo que lo cometió porque confundió a Galindo con un supuesto sicario. "Danielito" fue formalizado ayer y quedó con prisión preventiva.

Pese a estar próximo a cumplir 18 años, el joven deberá ser juzgado por la actual ley de responsabilidad penal adolescente. Además, Carabineros detuvo ayer a Pablo Soto, de 19 años, y Harry Prado, de 31, quienes habrían sido acompañantes del joven que se entregó.

"Tenemos debilidades en nuestra legislación y no podemos hoy día asignarles ni a los jueces ni a los fiscales las consecuencias de una ley de responsabilidad penal adolescente absolutamente desactualizada y superada por los hechos", comentó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

La autoridad de Gobierno insistió en los dos aspectos que anunció el Presidente: "Vamos a eliminar esta baja de un grado y vamos a considerar la reincidencia como un agravante en el caso de los adolescentes".

Algo que es mirado con distancia por la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que opina que los puntos planteados por el Gobierno "involucran dejar de considerar una justicia distinta de los adultos para los adolescentes. Lo que se hace es desatender las especificidades que tiene que tener la justicia juvenil a la luz del cumplimiento de normativas internacionales de derechos humanos".

"Subir las penas y endurecerlas no resuelve nada. Lo que acá tiene que suceder es que el Estado se haga cargo de que la ley tenga un sistema que le permita ser aplicada eficazmente. Además, hacerse cargo de prevenir que los adolescentes se vinculen con la justicia juvenil", agregó.

Diputados de la bancada del Partido Socialista (PS), liderada por Manuel Monsalve, denunciaron ayer que el Gobierno recortó en $4 mil millones el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Menores (Sename).

Los parlamentarios señalaron que la medida se concretó mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, antes de la Cuenta Pública del pasado viernes 1 de junio.

Monsalve detalló que el decreto que ordena la reducción de los recursos para el organismo fue despachado a la Contraloría General de la República el pasado 25 de mayo.

"Según el documento, se ordena una baja de $ 3.922 millones para el servicio. La pregunta que nos hacemos todos hoy día es ¿quién tiene la razón? El Presidente Piñera, que hace menos de una semana dijo que los niños estaban primero en la fila y que había priorizarlos, o el ministro Larraín, que firma un decreto para quitar recursos al Sename", cuestionó el parlamentario opositor.

Monsalve enfatizó que "el año pasado, justamente por la presión de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y la derecha, se aumentó en $4 mil millones los recursos destinado a niños mal tratados y abusados que estaban el Sename". Y cuestionó que esta determinación se haya realizado "sin preguntar al Congreso, sin informar a la opinión pública, sin informar a la Comisión de infancia instaurada por el propio gobierno se hace este importante recorte".

Desde la Dirección de Presupuesto (Dipres) aseguraron que la rebaja en el presupuesto "no afectarán ni las subvenciones ni el gasto per cápita por niño" y explicaron que la decisión se enmarca en las medidas de austeridad que anunció el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La Dipres informó que el decreto firmado por el ministerio de Hacienda se ajusta a lo anunciado por el titular de la cartera el pasado 4 de mayo, que apunta a reducir el gasto fiscal en US$4.600 millones para el período 2018-2021.

En la Dipres detallaron que "en el caso particular de programas del Servicio Nacional de Menores, su presupuesto se suplementará y fortalecerá con cargo a los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta el Presidente de la República".

Una pelea aparentemente gatillada por el consumo excesivo de alcohol terminó con el asesinato de una guagua de diez meses, quien fue atacada con un arma blanca en Lican Ray, en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Las cuatro personas que fueron detenidas por Carabineros compartían de buen ánimo la madrugada de ayer, hasta que se desató una pelea y uno de los presentes, presuntamente en estado de ebriedad, extrajo un arma blanca y, luego de una serie de amenazas, hirió al bebé. La víctima presenta dos puñaladas y diversas lesiones.

Los detenidos fueron identificados por Carabineros como César Gervacio Caquilpán (24 años), el presunto autor de la herida letal; Francisco Hernán Marinao (20 años); Carla Pozas, madre de la menor y Arnoldo Francisco Calfipan, quienes permanecerán detenidos hasta la audiencia de formalización, que será el 10 de junio.

Jorge Burgos renuncia a la defensa de Santelices por acusación constitucional

Luego de las críticas que desató al interior de su partido, la Democracia Cristiana (DC), el exministro del Interior Jorge Burgos, anunció ayer, a través de sus redes sociales, su decisión de renunciar a la defensa jurídica del ministro de Salud, Emilio Santelices, por la acusación constitucional que impulsó el Frente Amplio en su contra.

"Acepté la invitación de participar en la defensa del ministro de Salud, Emilio Santelices, en la más absoluta convicción que la acusación constitucional presentada no tiene asidero y no debe prosperar, pues de ocurrir sería manifiestamente injusto, en particular por la sanción de inhabilitación temporal de ejercer funciones públicas que conlleva", argumentó Burgos en una declaración publicada en su cuenta de Twitter.

El exjefe de gabinete del Gobierno de Michelle Bachelet explicó que "siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo. Por lo anterior, he decidido dejar de participar en su defensa".

La decisión de ser parte de la defensa del titular de Salud junto al exsubsecretario Jorge Correa Sutil gatilló críticas por parte de dirigentes de la DC como su timonel electo, Fuad Chahín.