Carabineros asegura que no hay fraude en Dirección de Bienestar
DINEROS. La institución dijo que los $ 23 mil millones que cuestionó la Contraloría se habrían gastado en propiedades y negó dolo en la destrucción de documentos. CAOS. El siniestro obligó a la suspensión de algunos servicios del tren subterráneo. IGLESIA. Coordinadora del ente puntualizó que sí hay garantías de su gestión.
Luego de que la Contraloría General de la República informara que estaba indagando el destino de más de $23 mil millones de la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar), desde la institución negaron ayer un nuevo fraude y aseguraron que la quema de la documentación que respaldaba esos gastos se hizo según norma.
El contralor Jorge Bermúdez dio a conocer el martes que el ente fiscalizador había detectado la destrucción de documentos, ausencia de contabilidad y desaparición de $23 mil millones al interior de la Dibicar.
La información fue entregada por Bermúdez en la primera sesión de la comisión investigadora por eventuales irregularidades en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y las mutualidades, donde expuso que la ausencia de contabilidad daba cuenta de "un desorden mayor" que es indicador de "una situación de corrupción mayor".
El contralor detalló que el trabajo que hizo el equipo auditor fue de "reconstrucción de la información", porque la mayor parte de ésta estaba destruida.
Los antecedentes fueron enviados por la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el fiscal Eugenio Campos, quien indaga el fraude de $28 mil millones, confirmó que indaga a la Dibicar y la Mutualidad de Carabineros desde 2017.
Inversión en propiedadesEl general Mario Rozas, jefe de la Dibicar, negó que hubiera dolo en la destrucción de documentos y explicó que el dinero en cuestión se habría invertido en propiedades para funcionarios.
El uniformado detalló que durante nueve meses del año pasado, personal de la Contraloría llegó hasta la Dibicar para revisar toda la información relativa a 2016 y 2017. "Los inspectores de esta unidad comenzaron a auditar otros años y llegaron hasta 1991. Y efectivamente se encontraron algunas observaciones, pero todas esas observaciones, en cuanto al monto, se justificaron", dijo Rozas.
Rozas señaló que se presentaron "las escrituras, documentos bancarios y de pago que acreditan que esa cifra de dinero estaría justificado con propiedades que básicamente son conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus familias".
Sobre la destrucción de documentos dijo que no hay "dolo", porque la norma habla de la mantención, conservación y destrucción de la documentación. "Y documentación antigua del año '91 al 2005, incluso la actual, también está inserta dentro de este reglamento", aseguró.
Incendio en una estación del Metro de Santiago deja a siete personas afectadas
El humo invadió ayer la estación Tobalaba del Metro de Santiago, donde se produjo un incendio en un local comercial que terminó con la suspensión de algunos servicios del tren subterráneo y con el caos en calles céntricas de la capital.
Según información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 07.00 horas, cuando el personal de una heladería Savory encendió un tablero eléctrico, del que comenzaron a salir llamas, por lo que procedieron a llamar al 133.
El humo comenzó a expandirse por toda la estación, que miles de personas usan cada día para combinar con la Línea 1 desde la Línea 4, que comienza en Puente Alto. Carabineros y Bomberos llegaron hasta el lugar junto a personal municipal para combatir la emergencia, producto de la cual siete personas tuvieron que ser atendidas por los problemas respiratorios que presentaron.
Aunque las llamas fueron controladas con relativa rapidez, una hora después de iniciarse la emergencia la estación Tobalaba continuaba con abundante humo, que los bomberos y personal del mismo Metro trataban de evacuar.
Según la mayor de Carabineros Alejandra Jaramillo, prefecto de Servicio de la Prefectura Santiago Oriente, "una pasajera mujer (48) que venía del metro, descendió en la estación Tobalaba y se encontró naturalmente con el incendio y se intoxicó producto del humo". Por eso fue trasladada hasta un recinto asistencial y, según reportes, estaba consciente y con todos sus signos vitales normales.
Diariamente el Metro de Santiago moviliza a unos 2,5 millones de pasajeros, por lo que el cierre de siete estaciones en la Línea 1 provocó gran congestión en las calles. Miles de personas tuvieron que descender del tren subterráneo y trasladarse en la locomoción colectiva, que a la hora punta se vio saturada.
La situación provocó desvíos en el tráfico de vehículos en algunas calles y avenidas del sector, según informó la Unidad Operativa de Control de Tránsito, mientras Transantiago, dijo que reforzó su servicio con 50 buses más en el área para atender el exceso de usuarios.
Metro reportó que, ocurrida la contingencia, "activó todos sus protocolos de seguridad y se coordinó con organismos de emergencia y con la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) para que los pasajeros pudieran continuar sus viajes en superficie".
Origen de los dineros
Según la Contraloría, entre 2005 y 2016 la Dibicar debió recibir de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar) $23.574.074.551 en excedentes, monto que no ingresó y que fue usado para compensar deudas con la aseguradora. Esto fue catalogado por el ente fiscalizador como "improcedente", ya que además no fue contabilizado. Carabineros señaló que el dinero fue usado en propiedades y que, como la deuda era mayor que lo que la Dibicar recibía cada año por excedentes, la Mutucar aplicó la "compensación" y entre 1991 y 2009.
Comisión eclesial dice que le reportará todo a Scicluna
Tras los cuestionamientos a la comisión encargada por el arzobispo de Malta Charles Scicluna para recibir las denuncias que no alcanzaron a registrar los enviados papales durante su paso por Chile, la coordinadora del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile, Pilar Ramírez, garantizó la gestión de la instancia.
Ramírez dijo, en entrevista con "Cooperativa", que la instancia que conforma junto a otros integrantes de la comisión de la Conferencia Episcopal le reportará todo a monseñor Scicluna.
Información periódica
"Nosotros entendemos muy bien que esto pueda no satisfacer, (pero) así es como lo determinó y como lo encargó monseñor Scicluna y, en ese sentido, nosotros sí damos garantías en términos de que éste es un encargo de monseñor Scicluna, a quien vamos a reportar cada una de las cosas que lleguen y vamos a tenerlo informado periódicamente", dijo Pilar Ramírez al medio antes citado.
La comisión está integrada por los miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, además del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y la canonista Ana María Celis, lo que fue criticado por algunos denunciantes de abusos al interior de la Iglesia Católica.
Ramírez explicó que la comisión funcionará de manera transitoria, ya que se hará cargo de todas las personas que el arzobispo de Malta y el sacerdote español Jordi Bertomeu no pudieron atender.
"El cómo va a seguir o el qué va a seguir, probablemente habrá que analizarlo según la necesidad", sostuvo. "Tanto el Consejo como las personas que vamos a hacer esta labor nunca vamos a negar recibir a alguien que necesite esta ayuda", agregó.
La integrante de la instancia enfatizó que, aunque darán asesoría a los denunciantes, serán ellos quienes deberán acudir a la Justicia. "Quien instala la denuncia es el propio demandante, es la propia persona (afectada), nosotros lo que hacemos es brindarle el apoyo que requiera para hacer eso y, además, hacerle presente lo importante de que haga esa denuncia, pero no somos nosotros quienes vamos a adueñarnos del relato de las personas para pasarlos a la Fiscalía", recalcó Ramírez.