PRC: Exjefe de Foco aclara objeciones en el informe de Contraloría
VALPARAÍSO. Daniel Sepúlveda llama a esperar respuestas de la Seremi y esgrime un análisis administrativo en curso.
A las objeciones de la Contraloría por los dineros pagados indebidamente en el proceso de elaboración del Plan Regulador Comunal de Valparaíso en las que además, cuestiona una serie de incumplimientos en que incurrió la consultora Foco y que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) dejó pasar, Daniel Sepúlveda, exjefe de Foco se refiere a algunas imprecisiones que han trascendido.
"La Contraloría está haciendo un análisis administrativo de las cosas que echa de menos en el proceso, lo que no quiere decir que esas cosas no ocurrieron, sino que no hay antecedentes debidamente organizados y ordenados para demostrar aquello".
Sepúlveda, quien estuvo al mando del proceso, señaló a modo de ejemplo, que "cuando se habla de la participación de profesionales en las reuniones, se refiere a que no hay un acta que lo acredite, y no a que los profesionales no hayan ido ni que no se hayan hecho los trabajos profesionales que corresponden. "O sea, cuidado de no ir a malentender eso. Hay que esperar a que tengamos la respuesta de la Seremi".
Además Sepúlveda precisó que "en ese proceso, todo lo que hicimos lo consultamos a la Seremi, y por lo tanto, los cambios de profesionales fueron debidamente consultados. Puede ser que ese organismo -la Seremi- no haya sido más riguroso en comprobar algunos aspectos, a lo mejor debió haber pedido antecedentes adicionales que acreditaran, por ejemplo, experiencia".
En ese sentido, apeló al caso de Luis Álvarez, profesional de trayectoria, reconocido profesor del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. "Qué duda cabe acerca de sus capacidades. A lo mejor no se entregó la debida demostración por escrito ".
Otro aspecto que cuestionó Contraloría en su informe es que "se verificó que el servicio demoró 490 días (es decir, más de 16 meses) en tramitar la aprobación del contrato "Modificación Plan Regulador Comunal de Valparaíso"-ocurrida el 30 de noviembre de 2011-lo que implica una infracción relativa al principio de celeridad".
Respecto de esto Sepúlveda precisó que "los plazos se alargaron todos por circunstancias que no son imputables al consultor. Cuando dice que la Seremi se demora 16 meses en contratar, tampoco es culpa de la Seremi, eso fue resorte del nivel central, es decir, del Ministerio y del propio Presidente de la República, en aquella época Sebastián Piñera, puesto que el documento estuvo (como) seis meses en su escritorio para su firma. Yo, como jefe del equipo consultor, llamaba a la Segpres -Ministerio Secretaría General de la Presidencia- para saber qué pasaba mientras acá estaban los profesionales esperando que el proyecto pudiera partir".
Recuerda que, finalmente fueron casi ocho meses en los que el ministro se tardó en firmar. "Después el Presidente se demoró otros seis meses en hacerlo. Finalmente se logró que lo firmara porque en una actividad en el Congreso, me encontré con el ministro Cristián Larroulet, titular de la Segpres en esa época, y le expliqué la situación".
Con respecto al "pago indebido" que detectó la Contraloría Regional, Sepúlveda precisó que "ahí se debería hacer una consideración de carácter general. Todos los flujos de estos estudios están definidos de modo tal que, en las primeras etapas se paga mucho menos de lo que se gasta. Si la Contraloría analizó las tareas realizadas en la última etapa y las que se dejaron de realizar por decisión municipal y a partir de eso hace el descuento, se encuentra con un problema metodológico porque en la última etapa se pagan otras anteriores que estaban pendientes".
Y acota: "distinto sería si se dijera que el estudio está estructurado de una forma tal que en cada etapa se paga exactamente lo que se hizo y no es así. Normalmente en estos procesos, el gasto es de un 50% en una primera etapa que es la de diagnóstico porque es en la que se contrata a un gran staff de profesionales. Es la más cara, sin embargo, con suerte, te pagan el 20%. Así es el sector público...", sentencia Daniel Sepúlveda.
Algunas de las objeciones
Entre las irregularidades, el ente fiscalizador establece que la consultora tenía su inscripción en el Registro de Consultores del Ministerio de Vivienda expirada al momento de adjudicarse su licitación; que realizó un reemplazo de profesionales sin autorización previa de Seremi Minvu; que no acreditó la experiencia mínima de los tres profesionales destinados a los cargos de encargado de Medio Ambiente, especialista en Hidráulica y especialista en Riesgos de Inundación.