Alexis Paredes R.

En prisión preventiva en la cárcel de Valparaíso permanecen tres imputados por el delito de tráfico de armas, luego de una investigación de largo aliento, que se prolongó por cerca de un año, entre la Unidad de Focos del Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI.

Producto de la inédita pesquisa en viviendas y parcelas de Algarrobo y El Quisco fueron detenidos cinco sujetos y se incautó un poderoso arsenal de 37 armas de fuego, entre ellas una subametralladora MAC con dos cargadores, cinco fusiles, 15 pistolas, 7 mil cartuchos, 5 mil municiones calibre 9 milímetros; 1.495 cartuchos calibre punto 308 y otras 1.200 balas de grueso calibre, además de miras telescópicas con láser y silenciadores, materiales cuya venta y tenencia están prohibidas. A ello se suman otros implementos atribuibles a delitos de mayor connotación, como cascos y chalecos antibalas y un ariete (escudo) balístico y visores nocturnos, además de herramientas para modificar armas.

Las pesquisas apuntan a que este material bélico, avaluado en cerca de $ 50 millones, era comercializado en el mercado informal, por lo que podría tener múltiples usos por parte de bandas criminales, materia que es producto de investigación y análisis de la "trazabilidad" del armamento incautado.

Los imputados manifestaron que era un "hobby", ya que practicaban la caza deportiva y en clubes de tiro. Sin embargo, no pudieron acreditar el origen de gran parte del armamento que, según la legislación vigente, está prohibido en manos de particulares.

El tribunal entregó un plazo de 120 días para determinar la procedencia de este arsenal y el eventual uso en la comisión de delitos, ya que incluso existe munición militar, con rifles con supresor de sonido (silenciador) -prohibidos en Chile-, armas de largo alcance y alto impacto.

Entre el material incautado también se cuentan tres lingotes de oro, que arrojaron un peso cercano a los 1.500 gramos, además de una moneda del mismo metal, por lo que no se descarta que sean objeto de la forma de pago por la entrega de algún tipo de armamento.

Sobre este megaoperativo de la PDI, el intendente Jorge Martínez resaltó el trabajo de la Unidad de Focos en armas de fuego de la Fiscalía Regional, lo cual permitió la "incautación de 37 armas de fuego y una cantidad de elementos de alta peligrosidad que va muchos más allá de lo que normalmente se puede esperar en redadas de este tipo. Esto coincide con lo que venimos trabajando en el Comité Policial, donde se ha detectado por parte de la Fiscalía e Investigaciones que hay una gran cantidad de comercio en torno a las armas. Hay gente que, a título de coleccionistas, deportistas o cazadores, posee gran cantidad de armas, pero no están destinadas al deporte, ni a la caza ni la colección, sino que al comercio de estas armas, que es lo que ha impactado en delitos de alta peligrosidad".

La autoridad adelantó que esta investigación es "el inicio de un proceso para detectar a mucha gente que ha hecho del comercio ilegal de armas de alto poder de fuego un negocio muy lucrativo. Los delincuentes prefieren comprar o arrendar estas armas para cometer sus hechos ilícitos y no tener que poseerlas o guardarlas en sus domicilios".

La autoridad aludió a la necesidad de revisar la actual legislación en materia de armas y la fiscalización que realiza la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) en materia de inscripción, porte y uso de armamento, ya que "tener armas como coleccionista, deportista o cazador, que puede ser muy legítimo si se hace conforme a lo que la ley indica, se presta para otro tipo de cosas. En una reunión sostenida con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respecto de este tema, Carabineros y la PDI nos han expuesto el problema de los pseudo coleccionistas, pseudo deportistas y pseudo cazadores que utilizan esto en forma indebida. El ministro está trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre cómo poner fin y hacer un seguimiento más expedito al cruce de información para seguir la huella y trazabilidad de estas armas, para impedir su comercialización y que podamos erradicar las armas clandestinas y de alto poder de fuego de nuestras ciudades".

Ante el mal uso de la Ley de Control de Armas y Explosivos, dijo que "tener una subametralladora, cascos balísticos, silenciadores, rayos láser para apuntar con armas semiautomáticas no tiene nada que ver con la colección de armas y, bajo la excusa de colección, deporte o caza, hay personas que adquieren armas, las que luego se entregan a las bandas delictuales. Eso es lo que hemos abordado con el ministro del Interior para ponerle un rápido término".

El jefe de la Región Policial Valparaíso de la PDI, prefecto inspector Sergio Muñoz Yáñez, detalló que las pesquisas son el resultado del análisis y coordinación estrecha con la Unidad de Focos del Ministerio Público, con quienes "hemos estado trabajando desde un comienzo en las diligencias. Desde hace un año había antecedentes que fueron ponderados y analizados para iniciar este proceso, que concluyó con la incautación de toda esta cantidad de armas de un alto poder de fuego y elementos de seguridad que son bastante exclusivos".

El jefe policial recalcó que las pesquisas apuntan ahora a establecer la trazabilidad de las 37 armas incautadas, ya que "hay que establecer el origen de las armas que no están inscritas, saber cómo ingresaron al país y cómo llegaron al poder de las personas que fueron puestas a disposición de los tribunales. Lo más importante es que estas armas y municiones no llegaron a manos de los delincuentes".

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis de la Fiscalía de Focos de Valparaíso, José Antonio Uribe, se refirió al proceso judicial que enfrentan los implicados en estos delitos.

Tras los procedimientos en las comunas de El Quisco y Algarrobo, el pasado viernes se realizaron las formalizaciones de los cinco detenidos en el caso. "Quedaron en prisión preventiva tres personas por el delito de tráfico de armas y tenencia de municiones y tenencia de armas de fuego ilegales", detalló el persecutor sobre las acciones realizadas en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

El fiscal Uribe puntualizó que se trata del primer caso de delito de tráfico de armas que se investiga en la región, tras una serie de indagaciones que se iniciaron el año pasado con respecto al mercado informal de armas, producto del cual se produjeron diversos enfrentamientos entre bandas rivales y su uso en la comisión de delitos en contra de las personas y la propiedad, así como también en homicidios.

"La investigación es parte del análisis criminal que realizamos respecto a diversos delitos. Recibimos una información respecto a que en la comuna de Algarrobo había una persona que se dedicaba al oficio de armero, tenía armas y proveía de armas a diversos delincuentes. Se efectuaron distintas diligencias por muchos meses, hasta que finalmente consideramos que teníamos los elementos de prueba suficientes para pedir la entrada y registro a tres domicilios, arrojando el resultado que está a la vista", resaltó el fiscal Uribe.

Ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales previos. Según Uribe, "es propio de las organizaciones criminales elaboradas, ya que tienen un modo de trabajo que los hace poco detectables para la investigación tradicional. Son armas de un poder de fuego inusual en el país, cuyo valor bordea los $2 millones. Encontramos incluso escudos de asalto, lo cual nos hace pensar y tirar líneas respecto a qué estaban destinados estos elementos".

"(La investigación) es el inicio de un proceso para detectar a mucha gente que ha hecho del comercio ilegal de armas de alto poder de fuego un negocio muy lucrativo"

Jorge Martínez, Intendente regional"

"Quedaron en prisión preventiva tres personas por el delito de tráfico de armas y tenencia de municiones y armas de fuego ilegales"

José Antonio Uribe, Fiscal jefe Unidad de Focos"

"Hay que establecer el origen de las armas que no están inscritas, saber cómo ingresaron al país y cómo llegaron al poder de las personas"

Sergio Muñoz Yáñez, Jefe regional de la PDI"

37 armas de fuego, cortas y largas, fueron incautadas en los allanamientos. Se cuentan 5 fusiles, 5 escopetas, 1 subametralladora MAC de 9 mm, 15 pistolas, 1 revólver y 9 rifles.

19 mil cartuchos y tiros estaban en poder de los delincuentes detenidos; también un visor nocturno, 7 visores telescópicos, 5 chalecos, 3 escudos y 4 cascos antibala, además de un ariete balístico.

120 días de investigación otorgó el Tribunal de Garantía de San Antonio para determinar el origen de estas armas y si existen otros implicados en este delito de tráfico.