Cristián Rodríguez F.

Durante la mañana de ayer, el Juzgado de Garantía de Limache emitió una orden de detención en contra de la exconcejala de Limache y exjefa de gabinete de la Gobernación de Valparaíso, Cynthia Marín (Ind. pro RN), cuya condena de diez años de presidio efectivo por fraude reiterado al Fisco fue ratificada el jueves pasado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Cercanos al Poder Judicial comentaron a este Diario que la medida se adoptó puesto que la sentencia se encuentra ejecutoriada desde el mismo 21 de junio, pero que hasta la fecha ella no se ha presentado a ningún centro penitenciario del país, por lo que fue declarada prófuga de la justicia.

Fuentes de Gendarmería en Valparaíso también confirmaron que hasta la tarde de ayer la exconcejala Marín aún no asistía de manera voluntaria a cumplir su condena, la que de hacerlo sería en el penal femenino de Quillota por su cercanía con Limache, donde mantiene residencia.

Con esto, se espera que durante las próximas horas la orden de captura en contra de Marín -hermana del presidente del Consejo Regional de Valparaíso, Percy Marín, y cuñada de la diputada Camila Flores, ambos de RN- llegue a manos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de su ejecución.

Hasta ayer, en la PDI aún no eran notificados de la resolución judicial, la que también pesa en contra de Catherine Carrasco, la otra implicada en el caso y que fue condenada a cinco años de prisión por su complicidad en el fraude.

Tras conocer la orden de captura, el abogado de Marín, Juan Carlos Manríquez, le solicitó de manera inmediata a la Corte Suprema que dicte una orden de no innovar a fin de que la sentencia quede momentáneamente suspendida. Se prevé que el máximo tribunal se pronuncie en los próximos días sobre dicha petición.

"Sería extremadamente grave que se llevara a efecto un encarcelamiento injusto y desproporcionado mientras (la Suprema) no revise los vicios denunciados", indica la solicitud presentada por Manríquez, quien agregó ayer a este Diario que "entendemos que se ha incurrido en una falta o abuso de tal magnitud y gravedad que se ha violado, dentro de otras cuestiones, la igualdad de armas, dejando a la señora Marín en un trato completamente desigualitario frente a la igualdad ante la ley".

Tal como lo había señalado con anterioridad, Manríquez insistió en que ha existido un trato diferente en comparación a otros casos, como Penta, Corpesca o SQM. "No tiene sustento alguno que el Ministerio Público se esfuerce en otros procesos de mayor envergadura pública para darles salidas alternativas en procedimientos abreviados, mientras que en éste no trepiden esfuerzos en tratar de encarcelar a una mujer con una pena desproporcionada e injusta".

En paralelo a la solicitud de no innovar, este lunes el abogado también cumplió con presentar un recurso de queja ante la Suprema en contra de los integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones porteña, los ministros Patricio Martínez Sandoval y Silvana Donoso Ocampo, y la abogada integrante Sonia Maldonado Calderón, quienes rechazaron la semana pasada el recurso con el que se buscaba anular el juicio oral de la exedil.

En el escrito, Manríquez dejó entrever una rápida tramitación del caso al asegurar que "se dejó desde el jueves 21 de junio a mi representada a las puertas de la cárcel", aludiendo al "cúmplase" de la condena que se dictó justo después del fallo de la Corte, y que terminó derivando ayer en la orden de detención.

"Ruego admitir a trámite el presente recurso de queja, pues es el único remedio que la ley contempla para corregir la falta o abuso grave que implica la amenaza cierta y cercana de la prisión injusta que puede sufrir una mujer sin antecedentes penales, madre esforzada y trabajadora incansable", indica el recurso del abogado porteño.

Según explicó Manríquez, el recurso de queja es la última instancia nacional que tiene la exjefa de gabinete para intentar revocar su sentencia.

De todas maneras, en caso de que resulte desfavorable, el abogado sostuvo que recurrirán a tribunales internacionales con la finalidad de que el Estado "respete los derechos procesales de los justiciables, los que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo".

Quilpué: proponen límite de hasta ocho pisos de altura en sectores más aislados

En un camino decisivo entrará en los próximos días la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Quilpué, luego que se dé término a la exposición de los planos de la propuesta inicial y posteriormente se realice la segunda audiencia pública, programada para el próximo 20 de julio. Todo, a fin de que el municipio cumpla con sus expectativas de tener aprobado el nuevo instrumento a más tardar a fines de este año.

En medio de las críticas vecinales que ha recibido el proyecto a raíz de las eventuales expropiaciones que consideraría el nuevo PRC -lo que ha sido descartado por el municipio-, en el último tiempo se dio a conocer la propuesta a la que llegaron para fijar los nuevos límites de altura de la comuna.

En esa línea, durante la primera audiencia pública se informó que en los sectores residenciales ya consolidados -que son la gran mayoría- el uso preferencial será de vivienda, por lo que la altura máxima para construir quedará en sólo dos pisos (siete metros).

Sin embargo, bajo los lineamientos del municipio, la consultora a cargo del proceso también definió sectores donde se pretende potenciar un polo inmobiliario. Uno de ellos es en la zona de la Villa Olímpica (al costado oriente), donde se fijó una altura máxima de ocho pisos. El paño va desde la altura de calle Buenos Aires, por el norte, hasta el Troncal Sur. Incluso se propuso el mismo límite para un terreno que va más allá de la autopista concesionada, donde pretenden desarrollar un nuevo sector comercial para la comuna.

La propuesta también considera un límite de cinco pisos para el sector que va desde la rotonda Los Pinos en dirección a Villa Alemana, por el camino Lo Orozco. Y también en un terreno del Barrio Industrial, ubicado en El Belloto.

Respecto a la limitación de altura, la vocera de la Fundación Defendamos la Ciudad en Quilpué, Susana Soto, comentó que "en la mayoría de las ciudades normales se densifica el centro, pero extrañamente en el PRC propuesto se le quita zonificación de densidad y altura al centro y se ratifican las alturas en El Belloto, Villa Olímpica y Ramón Ángel Jara".

"Al no densificar el centro -agregó la dirigenta- hace que a futuro muera la actividad comercial pequeña y aumente la posibilidad de despoblar el centro, lo que lo convertiría en un futuro barrio rojo". Por ello, comentó Soto, ingresarán más observaciones a las que ya presentaron el 29 de mayo.

Para el concejal Renzo Aranda, los sectores donde se podrán construir edificios de ocho pisos "están asociados a buenos accesos, con conexiones a calles troncales o expresas, y no significará que la ciudad se vea afectada por tráfico o problemas de acceso".

"Por eso mismo es que se establecieron los ocho pisos en sectores más aislados. Eso nos permite la renovación del suelo y tener nuevas construcciones para el asentamiento de los mismos vecinos de Quilpué u otros que quieran llegar a vivir a nuestra ciudad", comentó el edil, quien agregó que a través de una figura de la Ley General de Urbanismo y Construcciones los proyectos podrían ser de hasta diez pisos (25% más de lo establecido) previa compensación al municipio.

En cuanto a la controversia generada por las posibles expropiaciones que tendría el PRC, la concejala Viviana Núñez comentó que la semana pasada le pidieron a la consultora eliminar todas las que estaban consideradas para la calle Ramón Ángel Jara. "Hoy sólo queda un 10% de las expropiaciones que fueron consideradas en la propuesta original", explicó la concejala de la UDI.

de junio comenzó a correr la sentencia. Como Marín no se presentó a un penal, se ordenó su detención. 21

años de presidio efectivo es la condena que recibió la exjefa de gabinete por fraude reiterado al Fisco. 10

pisos de altura se propusieron para la mayoría de los sectores residenciales de Quilpué ya consolidados. 2