Distintas organizaciones civiles de Viña del Mar sorprendieron esta semana lanzando una inédita iniciativa para juntar firmas que les permitan -de forma legal y democrática- presionar a la Municipalidad de la Ciudad Jardín para que ésta dé respuestas y soluciones a distintas problemáticas urbanas y administrativas que -en su juicio- no han sido resueltas de buena forma por la actual administración de Virginia Reginato.

Que la recolección de firmas y adhesiones consiga o no su objetivo (un 10% de los más de 70 mil votos válidamente emitidos en la última elección) no es tan importante. Lo verdaderamente decidor es la señal que se emite desde la ciudadanía, algo que el oficialismo aún no toma en cuenta pese al antecedente inmediato de Valparaíso, un municipio en el cual todas las alarmas que sonaron en sus días sólo se vinieron a escuchar después de que grupos ciudadanos se unieran en torno a un enemigo común, levantando una primaria ciudadana simbólica

-pero así y todo, respetada-, que terminó cediéndole en bandeja la elección a Jorge Sharp y el Frente Amplio.

Si de lectura social se tratase, no sería descabellado aventurar que un próximo candidato a alcalde por Viña surja a) desde los campamentos y tomas de la parte alta de la ciudad; o b) desde las federaciones de alguna de las universidades privadas, lo que podría configurar un escenario similar al de la vecina Valparaíso, si a último momento una figura nacional como Beatriz Sánchez u otra se anime a tomar la posta.

Dentro de los nombres propios que se advierten en esta apuesta están los de Rodrigo Kaplan, hijo del médico y exalcalde Jorge Kaplan, y Javier Gómez, abogado, excandidato, hermano del presidente regional de RN, Carlos Gómez, y conocido por su larga campaña detractora de la actual administración de calle Arlegui. De la misma forma, asoma el DC René Lues, quien consiguiera casi 25 mil votos en las últimas elecciones municipales y cuya porfía política seguramente no dejará pasar una oportunidad como ésta. ¿Qué será de Andrés Silva?

Acaso por lo mismo, las preguntas debiesen ser otras: ¿Qué está exactamente haciendo la centroderecha local y el actual oficialismo municipal en cuanto a la formación de nuevas figuras o "delfines" de la incombustible Virginia Reginato? ¿Qué pasó con el concejal Jaime Varas, alguna vez deslizado como el príncipe heredero de la alcaldesa? ¿Dónde está la capitalización de la alta votación de Gabriel "Coca" Mendoza? ¿Cuando la UDI local le pidió a la jefa de gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado, explicaciones y un plan de contingencia por el costo político que el déficit municipal terminaría generando, existió una segunda reunión con respuestas a ello?

Viña está en un punto de inflexión y eso es algo que el Frente Amplio detectó hace meses. Sorprende que no exista esa preocupación en el Gobierno y en los eternos críticos viñamarinos, que se quejan todos los días por Valparaíso, pero no hacen nada por cambiar las cosas en su propia ciudad.

El discreto encanto de la inmigración

En los últimos años se han acumulado los casos de demagogos que usan los temores que provoca la inmigración en beneficio suyo o de sus causas. En 2016, los ciudadanos del Reino Unido decidieron retirarse de la Unión Europea, principalmente movidos por el deseo de detener el arribo de extranjeros, y Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con un discurso fuertemente antiinmigración. A principios de junio asumió el gobierno de Italia una coalición populista, que dejó a cargo del ministerio del interior al líder de la xenofóbica Liga Norte, Matteo Salvini, quien ha rehusado acceso a los puertos itálicos a barcos que salvan de morir ahogados a quienes intentan llegar a las costas europeas desde África y ha prometido la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados. Pocos días atrás, el primer ministro húngaro Viktor Orbán consiguió aprobar una ley que pena con cárcel a quienes ayuden a inmigrantes irregulares a obtener asilo. Y en Alemania, la Unión Social Cristiana, eterno socio bávaro de la Democracia Cristiana de Angela Merkel, cuyo líder Horst Seehofer ocupa también el ministerio del interior, ha amenazado con cerrar las fronteras alemanas a inmigrantes extracomunitarios registrados en otros países de la Unión Europea, contra la expresa voluntad de la canciller.

Para hacer frente a esta lamentable explotación de los residuos de irracionalidad tribal que aún habitan en los seres humanos, los gobiernos serios deben adoptar medidas que pongan un mayor orden en los procesos migratorios y amortigüen sus transitorios efectos negativos. Pero, sobre todo, debemos desmentir con fuerza y claridad las falacias sobre las que se erigen los demagogos y mostrar que la inmigración es correcta y beneficiosa tanto desde una perspectiva altruista como desde una egoísta.

Acoger a quienes huyen de la guerra, la persecución política, la escasez de alimentos o la ausencia de oportunidades es un gesto de evidente humanidad. Y, a la vez, es enormemente beneficioso para los países receptores. Es la única forma viable de incrementar y rejuvenecer la población de sociedades con baja natalidad. Aumenta y enriquece la fuerza de trabajo en todos los niveles de calificación, permitiendo la producción más eficiente y barata de más y mejores bienes y servicios. Lejos de quitar puestos de trabajo a los nativos, ayuda al crecimiento económico y a la generación de nuevos empleos. Y agrega una diversidad cultural y genética, que es muy fecunda especialmente para el desarrollo de la gastronomía, el arte, el emprendimiento y el deporte.

En general, no es cierto que los inmigrantes delincan más que los nativos. Alemania acogió a un millón de refugiados de Medio Oriente y su tasa de criminalidad es hoy la más baja en 25 años. Y, aunque en el corto plazo suponen una exigencia adicional para los servicios públicos de los lugares en que se concentran, a la larga suelen contribuir a sustentarlos mejor. Hay un dato que lo resume todo. Los lugares más familiarizados con la inmigración, como Nueva York, Los Ángeles, Montreal, Londres y París, son los más impermeables al populismo xenofóbico. Con el tiempo, pues, la inmigración nos vuelve más sensatos y civilizados.

Terminal 2, ¿Quién paga la cuenta?

Una vez más se revive la discusión sobre los costos y beneficios del proyecto Terminal 2 de Valparaíso. Sin embargo, como ya se ha extendido bastante el debate, hay cosas que podemos dar por sentadas. No está en duda la necesidad de ampliar el puerto, y tampoco los empleos directos que entregará durante su operación, cerca de 300 al año. El cuestionamiento principal radica en la solución propuesta.

Esta obra generará importantes impactos negativos, es necesario sincerarlos y hacerse cargo de ellos. Se optó por la solución más económica para el puerto, y esto implicará que la ciudad deberá asumir las externalidades. En efecto, el Terminal 2 se ubicará frente al sector con mayor actividad económica de Valparaíso, incluyendo parte del área protegida como Sitio del Patrimonio Mundial, generando efectos evidentes en contaminación acústica y visual, que ya se declararon no mitigables. Curiosamente, el proyecto tampoco tiene virtudes especialmente destacadas desde el punto de vista portuario, ya que no alcanza a acoger simultáneamente dos barcos de gran envergadura, y una porción importante se encuentra fuera de las aguas abrigadas.

Según el Ministerio de Transportes, nos encontramos en un punto límite respecto a la capacidad portuaria actual, y estas obras son urgentes, pero los atrasos que ha tenido no son de responsabilidad de la ciudad. Tuvo una primera licitación fallida, hecha con excesiva premura, entregando al concesionario la responsabilidad de resolver sus impactos ambientales y urbanos. Esto obligó a poner condiciones más favorables a los oferentes en un segundo proceso. Una de ellas fue la opción de "arrepentirse" durante el inicio del contrato, sin tener que pagar una multa al Estado. Esta cláusula se le ha extendido inusualmente ya dos veces más a la empresa, por su incapacidad de responder adecuadamente a sus impactos económicos y ambientales.

¿Cuáles son esos impactos? No se trata sólo de ver nuevas grúas desde los miradores (aunque las pinten de colores), sino principalmente de lo que pasará entre la Plaza Sotomayor y la Plaza Victoria, es decir, donde hoy se concentra la mayor cantidad de oficinas y servicios de la ciudad. El fuerte ruido de la actividad portuaria, la sombra generada por los contenedores y la perdida de la calidad de su entorno desvalorizarán también las propiedades hoy activas, y desincentivarán nuevas inversiones en el sector. Se corre el riesgo de un progresivo deterioro, similar a lo sucedido en el Barrio Puerto, con pérdidas significativas de empleo e inversión. Este impacto algunos lo valorizan en unos 100 millones de dólares, y parece evidente la necesidad de cuantificarlo.

A pesar de que el proyecto tuvo varias oportunidades para replantearse, hoy sus costos los asumiría la ciudad ¿No debiese el Estado hacerse cargo de ellos, ya que es quien promueve la inversión? Replantear el diseño en una modalidad mixta de financiamiento, entre el concesionario y el puerto, parece ser la mejor opción.

Es cierto que los tiempos se vienen encima, pero no es razón para que una ciudad desfinanciada sea quien deba pagar esa cuenta, haciendo aún más difícil revertir las condiciones de deterioro en que se encuentra.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso

Juan Carlos García

Arquitecto