Hace ya un par de años, Daniel Morales señalaba en Fundación P!ensa que su querido Valparaíso era "una ciudad que te expulsa". En la visión de Morales, y aquí parafraseo, cada día menos gente vivía en el puerto y, quienes se decidían finalmente a hacerlo, debían enfrentar los embates de una ciudad que parecía esforzarse continuamente por sacarlos del mapa.

Por aquel entonces, sus palabras reflejaban una realidad compleja. En cierto modo -y esto es una interpretación personal-, sugerían que uno podía querer a Valparaíso, pero Valparaíso difícilmente te iba a querer de vuelta. En concreto, podías organizar a vecinos para limpiar sus calles, pero a las horas volver a encontrarte con incluso más basura de la que botaste. Podías intentar recorrer y perderte en sus cerros, pero a los pocos minutos terminar siendo asaltado por delincuentes. Podías intentar recuperar sectores abandonados a través del emprendimiento y del trabajo comunitario, pero a los meses -o, incluso, días- ser saboteado por los rayados, riñas y excesos de algunos verdaderos vándalos subnormales.

En la última semana (y hoy en el Cuerpo Reportajes de El Mercurio de Valparaíso), Iván Poduje ha sostenido por su parte que "Valpo" -esa idealización donde la pobreza adquiere ribetes patrimoniales- estaría matando a "Valparaíso". Esta sugerente declaración bien puede relacionarse con lo que Morales -hoy autoridad porteña- sostenía hace algunos años. Después de todo, por más que quieras y te esfuerces por el desarrollo de "Valparaíso", su enemigo "Valpo" seguirá intentando expulsarte.

El problema que subyace a estos diagnósticos parece ciertamente cultural, pero negar sus aspectos políticos sería, a estas alturas, una irresponsabilidad.

La llegada del Movimiento Autonomista a la ciudad se sostenía precisamente en este diagnóstico. Era la candidatura ciudadana la que soñaba con un puerto verdaderamente inclusivo, que fuera capaz de "invitarte a vivir aquí" -recordándonos por aquellos días la desafortunada frase de Castro-. Sin embargo, parece existir en la actualidad una distancia grotesca entre ese propósito declarado y las políticas efectivamente tomadas en la administración de la ciudad.

Y es que ya no son sólo los vándalos subnormales quienes te expulsan de "Valpo", sino que incluso los funcionarios o autoridades que celebran por cada inversión que abandona la comuna. Así, quien quiere a Valparaíso no tan sólo tiene que luchar contra asaltos y rayados, sino que incluso contra un Movimiento Autonomista que no se esfuerza por esconder su mala fe programática frente al accionar de privados, negando de facto la posibilidad de que puedan preocuparse -y ciertamente ocuparse- de ciertas dificultades que históricamente azotan a la ciudad. Es así como la decencia -que, al parecer, intentan proteger- termina confundiéndose con la decadencia. Todo por mero pragmatismo político.

Se puede estar en las nubes o estar en los cerros a la hora de hacer estas críticas, pero atenuar las eventuales consecuencias del mal momento porteño se hace derechamente insostenible. Y es que se puede querer y merecer a Valparaíso, pero quizás ya sea hora de que la ciudad empiece a demostrar un poco de cariño de vuelta. Sus autoridades podrían comenzar con esa tarea.

Director de Estudios Fundación P!ensa

y Académico UAI

Flores acusa el "fracaso" del Sename y entes colaboradores

Polémica generó esta semana la detención realizada por Carabineros a profesionales de un organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Los Andes, dando cuenta de lo mal que está funcionando el sistema, según explica la diputada RN por el Distrito 6, Camila Flores.

El hecho ocurrió el martes pasado, luego de que un juez de Familia de esa ciudad decretara que tanto la directora como una funcionaria de la ONG Corporación Capreis, habían incurrido en desacato, al negarse a recibir a una menor que había sufrido vulneración de sus derechos. La resolución judicial generó duras críticas por parte de organismos colaboradores del Sename y la aplicación de la medida por parte del tribunal. Ambas afectadas explicaron que sólo entregaban servicio ambulatorio y no de residencia, lo que fue interpretado como desacato por el magistrado.

"Una vez más vemos cómo estos graves hechos vinculados a violentar a los menores nos impactan y establecen una vez más lo fracasado del sistema del Sename y sus organismos colaboradores, que no están funcionando y no ha estado a la altura de lo que los niños nos demandan", explicó la parlamentaria.

La parlamentaria propuso varias medidas para resguardar a los niños y adolescentes que sufren vulneración de sus derechos, entre las que destaca la creación de un sistema de alertas, que se activen cuando este tipo de situaciones ocurran. La idea -explicó- es que éstas "pongan en sintonía a todo el sistema, a los tribunales, al Estado, municipios, al Ministerio Público y que todos estos distintos entes trabajen de manera coordinada para evitar más vulneración a estos niños, a fin de darles la protección necesaria, que estén en un lugar seguro y resguardados sus derechos".

"También es fundamental tener organismos especializados a la hora de restablecer el resguardo de nuestros niños y eso debe hacerse a través de oficinas comunales, que dependan de los municipios, donde a través de ellas se pueda coordinar el trabajo mancomunado de los distintos entes e instituciones que son parte de la cadena de protección y resguardo de los menores", agregó.

A estas propuestas, la legisladora añadió que la ayuda no sólo debe ser para los niños y adolescentes afectados, pues también debe entregarse a sus familias de origen.

"Tenemos que entender que los organismos colaboradores o el Sename mismo debiesen ser siempre sólo para una estadía pequeña, mientras se restablece el resguardo de los menores, para que después vuelvan a sus familias de origen. No podemos permitir que estos niños vuelvan a un lugar al que van a ser vulnerados una vez más, por lo que se hace necesario el acompañamiento a sus familias", remató.

A través de una declaración, el directorio ONG Corporación Capreis entregó su versión del episodio que afectó a dos profesionales del Programa Especializado de Explotación Sexual Infantil y Adolescente "Vapaa Lintu".

Afirma que "la directora y una trabajadora social del Programa PEE-Vapaa Lintu fueron detenidas -a nuestro juicio de manera ilegal- por funcionarios de Carabineros mientras realizaban un procedimiento de denuncia penal y proteccional a favor de una de nuestras usuarias".

Resalta que "durante el procedimiento el Juez de Familia de Turno del Juzgado de Los Andes se negó a que la adolescente que debía ser protegida de manera urgente por encontrarse en una situación de peligro grave -incluido intento de estrangulamiento- fuera trasladada a una Residencia (hogar) de una comuna cercana, y decretó que la adolescente debía quedar al cuidado de nuestras profesionales por al menos 24 horas, en tanto el tribunal resolvía, en definitiva. Esta primera situación ya resulta grave, dado que, primero, se niega el derecho a protección de la adolescente (quien, además, solicitó ser oída por el Tribunal, lo que también le fue negado), sino que, además, decreta una medida que no existe en la oferta programática, esto es, que un programa ambulatorio asuma el rol de Residencia".

"No podemos permitir que estos niños vuelvan a un lugar al que van a ser vulnerados una vez más"

Camila Flores, Diputada RN"

Instituciones como la Fundación La Frontera y ONG Paicabi, criticaron el procedimiento adoptado por el Juez de Familia de Los Andes y funcionarios de Carabineros, en el marco de una procedimiento proteccional solicitado para una adolescente cuya integridad estaba en riesgo. "La actuación del Juez de Familia de Turno de Los Andes resultó arbitraria, desproporcionada y no ajustada a la legalidad al decretar que un Programa Ambulatorio cumpliera funciones de residencia y que la misma adolescente, que debía ser protegida, tuvo que vivir una situación absolutamente inexplicable y denigrante", expresaron.

Pedro Fierro Zamora