La bancada de diputados de Revolución democrática (RD), compuesta por ocho parlamentarios, entre ellos Jorge Brito, representante de la Región Valparaíso Costa, ofició al Ministerio de Hacienda para que explique en detalle "los criterios y supuestos considerados para la modificación realizada en el decreto 651", referido a un recorte o reasignación presupuestaria del orden de los 660 mil millones de pesos a nivel nacional, de los cuales alrededor de $30 mil millones corresponderían a la Región de Valparaíso.

Dicho decreto, aseguró el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, habría sido objeto de una serie de observaciones en cuanto a la forma, pero éstas no alcanzaron a indicarse, puesto que el Gobierno lo retiró antes de la toma de razón de Contraloría. Sin embargo, los diputados de RD critican que el hecho que el Gobierno lo haya retirado no significa que revierta la medida, sino que sólo lo hizo para corregir aquellas objeciones del que sería objeto en cuanto a la forma, no así en el fondo.

El diputado Brito había cuestionado al intendente, Jorge Martínez, por su manejo en estos temas, tras lo cual el jefe regional acusó desinformación por parte de Brito, asegurando que no habría tales recortes en subvenciones al transporte escolar, a la educación parvularia, a la tercera edad y otras materias detalladas en el decreto 651.

"Yo quiero insistir en que el intendente no se enoje porque yo haga mi pega. Mi deber es fiscalizar, y si él quiere, nos podemos llevar muy bien, pero no me pida que deje de cumplir con mi responsabilidad, nosotros vamos a hacer todo lo posible por detener el decreto 651, porque la gente no tiene la culpa de que haya habido un cambio de gobierno", advirtió el diputado.

Asimismo, Brito aseguró que "tengo en mis manos el decreto original y el comunicado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde dicen que mantendrán los montos de los recortes, y el viernes fui a la oficina del intendente a entregarle las 167 páginas del decreto, el comunicado de la Dirección de Presupuestos y también un resumen del decreto, por si tenía poco tiempo, porque aquí hay dos opciones: O el intendente no tiene comunicación con La Moneda, o nos está mintiendo. Es la palabra del intendente, versus la Dirección de Presupuestos del gobierno, y si el intendente no sabía, espero ahora ponerlo en conocimiento, y que juntos evitemos este recorte".

Respecto de las acusaciones de desinformación que le hizo el intendente, Brito subrayó que los recortes "están en el decreto y la Dirección de Presupuestos dijo que iba a mantener los montos de esos recortes. Con el intendente nos podemos llevar muy bien, pero que no me pida que deje de hacer mi trabajo, porque mi deber es fiscalizar, y es por eso que invito al intendente, ya que lo pusimos en conocimiento del decreto y del comunicado de la Dirección de Presupuestos, a que trabajemos juntos para evitar el recorte, que es un atentado a la clase media y a los más humildes"

En ese sentido, aseguró que "acá el intendente, si es que quiere tomar medidas preventivas para que Curauma y Placilla no se incendien, lo vamos a apoyar; si quiere jugársela por el hospital geriátrico que hace falta en Valparaíso, lo vamos a apoyar; si quiere tener una buena relación con la inversión privada, por supuesto que lo podemos apoyar; si es que se quiere poner del lado de las comunidades en el tema de la usurpación de agua al interior de la región, lo vamos a apoyar, pero si está para comentar el diario, yo creo que no".

Brito detalló que "el Gobierno planteó un recorte para este año de más de 660 mil millones de pesos, y cuando el gobierno habla de seguridad pública, recorta 38 mil millones de pesos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; cuando el Gobierno habla de los niños primero, recorta 38 mil millones de pesos a educación; cuando habla de salud, recorta 120 mil millones de pesos del presupuesto para este año en esa área; Bomberos, 100 millones de pesos menos".

El parlamentario planteó que "lamentablemente, para la Región de Valparaíso significan 1.500 millones de pesos menos este año para inversión en el Gobierno Regional, por ejemplo. Cuando queremos descentralizar Chile, el gobierno recorta las inversión regional. También significan 8.300 millones de pesos para el funcionamiento de los hospitales de nuestra zona, mientras tenemos a un millón y medio de chilenos en listas de espera, y el gobierno plantea profundizar la crisis de lo público".

También destacó que, según los cálculos de su bancada, "estimamos que, por lo menos, serían 30 mil millones de pesos menos para la región durante este año, cuestión que deja sin efecto la Ley de Presupuestos aprobada en el Congreso el año pasado".

Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), aseguró que "más que un recorte presupuestario, según la información de la que yo dispongo, se trata de reasignación de recursos presupuestarios, de cambiar de un ítem a otro, situación que obedece a peticiones que han hecho los propios ministerios y servicios públicos, con el objeto de poder enfrentar el programa de gobierno".

En ese contexto, Urrutia explicó que "muchas veces se dejan recursos que no se van a gastar durante el año presupuestario o lo que queda del año presupuestario, y los ministerios pueden reasignar esos recursos entre distintas partidas. Eso es lo que hace este decreto, que fue observado por la Contraloría, pero las observaciones que puede hacer la Contraloría son más bien de forma, no de fondo".

El diputado oficialista agregó que "la reasignación obedece al plan de austeridad que ha anunciado el Gobierno y que tiene que ver también con disminuir todos aquellos gastos que son superfluos, como por ejemplo, viajes, viáticos, compra o renovación de vehículos, de mobiliario, o mayores contrataciones de personal que no sean necesarias por ahora".

A juicio de Urrutia, "estos son los efectos de una muy mala gestión del gobierno anterior, y de una pésima reforma tributaria, con la cual no recaudaron lo que ellos habían anunciado para destinarlo a obras sociales, y de paso afectaron severamente el crecimiento del país, que terminó creciendo a cifras que hace más de 40 años no teníamos, y el crecimiento es lo que verdaderamente genera los recursos para destinarlos a los sectores sociales".

Asimismo, Urrutia cuestionó que "son recursos que el gobierno de Bachelet comprometió en la última campaña presidencial, en forma irresponsable, y por lo tanto, este gobierno, al asumir, lo que tiene que hacer es ordenar la casa, conversar con cada uno de sus ministros y decirles: 'señores, con lo que nos dejó el gobierno de la Presidenta Bachelet, reasignemos los recursos y destinémoslos a aquellas cosas que consideramos prioritarias'".

Consultado sobre por qué se sacaron recursos de áreas tan sensibles como la salud, donde habría 8.300 millones de pesos menos para la región, Urrutia afirmó que "tengo dudas, no conozco en detalle el decreto, pero no creo que eso se ajuste a la verdad, porque precisamente el Presidente ha ordenado que todos los gastos de carácter social se mantengan, salvo que hayan sido sobrevaluados y que efectivamente, no se vayan a efectuar durante este año".

En esa línea, la diputada María José Hoffmann (UDI) también aseguró que "no hay ningún recorte que afecte programas sociales o proyectos relevantes para la región. La información es falsa y malintencionada. Hacienda presentará un reajuste, pero sin tocar un peso de la agenda social, y ese reajuste es necesario por la pesada herencia del gobierno anterior, que se olvidó de las regiones".

Para ejemplificar aquello, el diputado Urrutia explicó que "en materia de raciones escolares de la Junaeb ha habido una disminución de costos, no estarán todos los dineros asignados en el presupuesto, pero porque los resultados de la licitación llegaron después, aproximadamente en marzo o abril, entonces los contratos que se firmaron van a ser de menor monto que el que se presupuestó, por lo tanto, ahí va a sobrar una cantidad que hay que reasignar. Y así pasa en muchos ministerios".

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD), afirmó que "lo cierto es que el decreto 651 del Ministerio de Hacienda, efectivamente ha sido un recorte fiscal significativo, que fue retirado luego de observaciones en Contraloría, y eso de alguna manera nos da la razón, porque incorporaba reducciones en los ítem de transferencias corrientes, que es donde van las subvenciones y los distintos programas sociales".

Jackson también subrayó que "ahora, ante el anuncio de que le harán modificaciones al decreto pero que mantendrán el monto a recortar, surge la preocupación de dónde van a recortar esos fondos, y nosotros vamos a estar ahí desde el Frente Amplio, desde la oposición, fiscalizando para que esas reducciones no vayan en contra de los derechos sociales y las prestaciones para la ciudadanía que más lo necesita".

En tanto, la seremi de Gobierno, Leslie Briones, explicó que "tal como lo ha mencionado la Dipres, esta modificación forma parte de un proceso habitual presupuestario, entendiendo que la decisión se toma luego de hablar con los involucrados, en este caso, servicios y ministerios, pese a que se mantiene el monto total de US$ 1.100 millones de déficit estructural".

En esa línea, Briones aseveró que "estamos hablando de reasignaciones que han sido trabajadas en conjunto con servicios y ministerios. Como Gobierno estamos trabajando para que los recursos del Estado se distribuyan aprovechándolos al máximo, demostrando que nuestra gestión será responsable en beneficio de todos los chilenos".

La autoridad fue enfática en señalar que "estas medidas de contención de gasto no afectan el funcionamiento de los servicios y programas que promueve el Gobierno, no afectan los beneficios que reciben las personas más vulnerables ni tampoco al bolsillo de la clase media chilena".

A juicio de Briones, las críticas al decreto se deben a que "el Frente Amplio está obsesionado por aparecer en los medios a costa de lo que sea. Los comentarios de uno de sus diputados son, además de injustificados, de una tremenda irresponsabilidad, pues el parlamentario omite el estado en que nuestro gobierno recibió al país hace tres meses, con US$ 5.500 millones de gastos comprometidos que no contaban con financiamiento".

" La pregunta es, cuando venga este recorte, ¿el intendente va a defender a la gente o va a defender al gobierno?"

Jorge Brito, Diputado (RD)"

" Son los efectos de una mala política tributaria del gobierno anterior, que vio impactado fuertemente el ingreso"

Osvaldo Urrutia, Diputado (UDI)"

" Le harán modificaciones al decreto pero mantendrán el monto. Surge la preocupación de dónde van a recortar esos fondos"

Giorgio Jackson, Diputado (RD)"

" No hay ningún recorte que afecte programas sociales o proyectos relevantes para la región. La información es falsa y malintencionada"

María José Hoffmann, Diputada (UDI)"