Cristián Rodríguez F.

El fin del caso Penta eliminando -tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados- los delitos de cohecho y soborno. El rechazo de la comisión mixta del Congreso al proyecto que sancionaba el cohecho sin la necesidad de que existiera una contraprestación. Y la carta de apoyo al expresidente de Brasil, Lula da Silva -condenado por corrupción-, que fue firmada por altas autoridades de Chile, entre ellas la ex Presidenta Michelle Bachelet, fueron las tres señales que para el exfiscal de la Unidad de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo Pinto, demuestran la falta de adhesión a la probidad que tienen algunos sectores del país.

Ayer, el renunciado persecutor del Ministerio Público participó -junto al también exfiscal Pablo Norambuena- en el lanzamiento del Diplomado en Gestión de Riesgo y Fraudes de Delitos Funcionarios de la Universidad de Valparaíso, donde justamente dictaron una charla denominada "Corrupción en Chile: ¿Cuál es el perfil del ladrón de cuello y corbata?"

Durante la exposición, Gajardo recordó su vínculo con la Región de Valparaíso al liderar distintas investigaciones de corrupción relacionadas con la zona, como el caso "Fragatas", donde indagó las irregularidades cometidas en la Armada durante la adquisición de fragatas holandesas, o el caso sobre la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que nació en 2012 a partir del vínculo contractual que mantenía una empresa del entonces presidente (s), Eugenio Díaz, con la Universidad del Mar a objeto de favorecer al plantel en el proceso de acreditación.

Todo ello, dijo el expersecutor, lo hizo reflexionar sobre la necesidad de robustecer a las fiscalías, sobre todo las que absorben los casos de mayor relevancia en el país, como la Fiscalía de Alta Complejidad (que según Gajardo, por muy importante que suene, sólo cuenta con nueve funcionarios, tres de ellos fiscales) o la propia Fiscalía de Valparaíso.

Y es que además de las investigaciones mencionados por el exfiscal, la región se ha caracterizado por otros casos de corrupción en los últimos años, como el fraude uno y dos en la Intendencia de Valparaíso (donde hasta a la fecha el exjefe de gabinete, Enrique Kittsteiner, permanece prófugo de la justicia), o la reciente sentencia que recibió la exconcejala y exjefa de gabinete de la gobernación porteña, Cynthia Marín (Ind. pro RN), quien fue condenada a diez años de presidio efectivo por el delito de fraude reiterado al Fisco.

Por si fuera poco, cualquier investigación que se inicie sobre alguna irregularidad cometida al interior del Congreso también debe ser asumida por la Fiscalía Regional de Valparaíso, como ya ocurrió a comienzos de siglo, cuando se abrieron indagaciones por asesorías parlamentarias que lideró el entonces fiscal regional, Jorge Abbott, hoy jefe nacional del Ministerio Público.

"Efectivamente, la Fiscalía Regional de Valparaíso es una fiscalía que históricamente ha tenido casos muy impotantes de corrupción. Se llevaron ahí adelante las primeras investigaciones por asesorías parlamentarias en las que se cometieron delitos. Y más atrás, previo a la Reforma Procesal Penal, hay también históricos casos de corrupción en la Quinta Región, como en su momento lo ocurrido con la ex Refinería de Petróleo u otras empresas", comentó Gajardo.

En diciembre de este año, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, deberá dejar el cargo tras cumplir con su periodo de ocho años. Para ello, tres meses antes, la Corte de Apelaciones local tiene que convocar a un concurso público y definir, entre los postulantes, una terna que finalmente deberán enviar al fiscal nacional para que escoja al sucesor.

En esa línea, Gajardo expresó a este Diario que "siendo esta una Fiscalía Regional clave para el país, es de esperar que el nuevo fiscal regional que asuma también esté comprometido con la lucha en contra de la corrupción, porque además de estar el Parlamento en la zona, todo lo que suceda en la Quinta Región es particularmente relevante para el país".

Una de las investigaciones más bulladas que Gajardo y Norambuena llevaron adelante fue el caso SQM. Sin embargo, ambos abogados fueron removidos de la causa y, por decisión de Abbott, a fines de 2015 la investigación terminó siendo asumida por Pablo Gómez.

Por ello, los dos exfiscales han tenido más de alguna diferencia con el persecutor regional respecto a la forma en cómo ha liderado la causa.

"Creo que la decisión más errónea fue la suspensión condicional de la empresa SQM, porque, efectivamente había una imputación por el delito de cohecho, con responsabilidad penal por parte de la persona jurídica. Pero finalmente la Fiscalía, a través del fiscal regional que usted menciona, decidió avanzar en una suspensión condicional", comentó el exfiscal Norambuena.

El abogado agregó que dicha decisión "me parece un error bastante grave en lo que es la persecución penal de la corrupción, fundamentalmente por la naturaleza de los hechos imputados, que dicen relación con el proceso de formación de una ley (Royalty Minero) y donde participó un funcionario público (el exministro Pablo Longueira) muy relevante del punto de vista de la función que desempeñaba", insistiendo en que "me parece que esa decisión marca bastante la gestión actual (del fiscal regional Pablo Gómez)".

Gajardo también coincidió con Norambuena, agregando incluso que dicha decisión -junto a las demás que tomó el Ministerio Público sobre el caso Penta- "le ha validado al país una fuerte crítica por parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que ha criticado la manera en que se ha dado término a estos casos".

Pese a ello, ambos abogados sí valoraron que a inicios de esta semana el fiscal Gómez haya presentado acusación en contra de 16 imputados, entre ellos el exministro Longueira, el senador Jorge Pizarro y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

"Me parece que en este caso el fiscal Gómez actuó correctamente al presentar acusación por estos hechos, y me parece también que las condenas que se piden son las adecuadas", dijo Gajardo, mientras que Norambuena sostuvo que "las penas solicitadas son las correctas", aunque mostró sus dudas sobre el futuro de la investigación. "Vamos a ver cuál es el devenir, porque hoy en día no se puede saber a raíz de las actuaciones que ha tenido la Fiscalía", indicó el exfiscal.

Ayer, la Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de destitución presentada por un grupo de parlamentarios de oposición en contra del fiscal Abbott. Y aunque si bien desde que renunciaron a sus cargos han manifestado duras críticas en contra del jefe del Ministerio Público, Gajardo y Norambuena declinaron referirse al mérito de la acción que busca remover al fiscal nacional.

"He dicho que lo que debió aplicar el fiscal Abbott era el principio de la ingratitud, es decir, que una vez nombrado por los senadores -muchos de ellos con intereses en las causas- se olvidara de ese nombramiento. Pero bueno, he evitado referirme y me parece que el proceso para determinar una admisibilidad es bastante formal", cerró Gajardo.

"Siendo la Fiscalía Regional de Valparaíso clave para el país, es de esperar que el nuevo fiscal regional que asuma también esté comprometido con la lucha en contra de la corrupción"

Carlos Gajardo, Exfiscal del Ministerio Público"

"Creo que la decisión más errónea (del fiscal Pablo Gómez) fue la suspensión condicional de la empresa SQM, porque efectivamente había una imputación por el delito de cohecho"

Pablo Norambuena, Exfiscal del Ministerio Público"

8 años cumplirá en diciembre próximo el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, debiendo abandonar su cargo y, por ende, las investigaciones que lleva adelante, como el caso SQM.

16 imputados en el caso SQM recibieron acusaciones por parte del fiscal Gómez. Uno de ellos es el exsenador Pablo Longueira, a quien se le imputa el delito consumado y reiterado de cohecho.