Paolo Navia S.

¿Se pueden construir viviendas sociales en barrios consolidados? Esa fue la interrogante que abrió la polémica que surgió luego que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, impulsara la construcción de un proyecto inmobiliario social en la Rotonda Atenas, iniciativa que generó un rotundo rechazo por parte de un grupo de vecinos de dicha comuna que se niegan a la llegada de nuevos vecinos al sector.

Baja en la plusvalía de las viviendas, detrimento en el uso de suelo y hasta un posible aumento en la delincuencia han sido parte de los argumentos utilizados por vecinos de Las Condes para negarse a la instalación de viviendas sociales, efectuando "cacerolazos" y marchas en contra del alcalde UDI, quien, no obstante las críticas recibidas, defiende la integración de viviendas sociales de alta calidad en sus comuna.

Su posición incluso fue apoyada públicamente por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (FA), quien de manera personal le entregó su patrocinio al jefe comunal de Las Condes a pesar de pertenecer a un pacto político diametralmente opuesto al de Joaquín Lavín.

Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, Gonzalo Tellería; el arquitecto de la oficina Borde Urbano (enfocada en la construcción de viviendas sociales), Raúl Araya, y el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Joan Saavedra, debatieron en torno a los mitos y verdades que se han generado a raíz del debate por la construcción de proyectos inmobiliarios sociales en barrios constituidos.

"La ciudades se logran con la integración de todos los niveles socioeconómicos y socioculturales, donde se les entrega a quienes menos tienen en el plano económico un nuevo escenario vinculado a servicios, como son los organismos públicos. Y por ende, lo que está pasando en Las Condes es un mito, con una mirada posdictadura de gente que logró colocarse económicamente en algún lugar y que creen, bajo una mirada individualista, que pueden rechazar a otros vecinos, conformando verdaderos guetos en las ciudades", precisó Tellería.

En este escenario, y tras ser consultado sobre los argumentos vinculados con que la instalación de viviendas sociales baja la plusvalía de sectores como Las Condes, el presidente de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura de la CChC de Valparaíso puntualizó que "la plusvalía puede bajar, pero no por las viviendas sociales, sino que por la calidad de la construcción y por otros fenómenos que se pueden generar en cuanto al entorno de la arquitectura".

Agregó que "en torno a la discusión del proyecto que el alcalde de Las Condes busca realizar, por lo que se ve es un aporte al barrio en cuanto a la arquitectura, porque solamente serán entre 60 y 70 las familias que llegarán al sector. Además, se pretende instalar un 'strip center' para mejorar el tema de los gastos comunes y, por tanto, todo indica que el proyecto va a mejorar el barrio y se va a convertir en un aporte".

Por su parte, el arquitecto Raúl Araya, representante de la oficina Borde Urbano, entregó su análisis en relación a la construcción de viviendas sociales en el país, precisando que la polémica generada en Las Condes permitió revelar una realidad que se da en la construcción de la mayoría de los proyectos inmobiliarios con enfoque social.

"Cada vez que se hace un proyecto de vivienda social hay oposición por parte de los vecinos, independiente del barrio o el sector. Y por lo tanto, es algo habitual en Chile rechazar al otro desconocido y pobre, pues la gente cree que el que viene de abajo le va a quitar lo que tienes y que es de valor para ellos", precisó Araya.

En esta línea, y sobre los nuevos estándares generados para la construcción de viviendas sociales en Chile, el arquitecto aseveró que "la vivienda social hoy está estigmatizada, pues no es la vivienda social que se imagina como Copeva o la que se construyó en la dictadura de 30 m2, sino que hoy se está construyendo una vivienda social de mínimo 55 m2 en altura, con un estándar técnico que es bastante alto y que incluso en algunos casos es mejor que el del mercado inmobiliario, pues, por ejemplo, las viviendas sociales tienen exigencias desde el punto de vista térmico, cuestión que el mercado inmobiliario no tiene".

A su vez, Araya entregó su testimonio en torno a los proyectos de viviendas sociales que se han insertados en barrios altamente consolidados.

"Lo que ha ocurrido con nuestros proyectos es que se ha mejorado el entorno y eso es por una cosa muy simple: porque el entorno era de una vivienda social muy precaria de los años 80 y 90, y por lo tanto, esta otra vivienda social de los años 2000 está acompañada de otro estándar, nivel y montos de inversión. Eso, acompañado de un buen Plan de Habilitación Social, hace que la calidad de vida futura en el sector donde se instalan las viviendas sociales sea sustentable en el tiempo", manifestó el arquitecto.

Por su parte, Joan Saavedra, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, fue más allá del tema arquitectónico, precisando que la polémica en Las Condes se debe a la construcción de barrios segregados desde el punto de vista de los ingresos económicos.

"Hoy en día uno puede reconocer barrios muy homogéneos donde vive la clase media, las familias vulnerables y las familias más ricas. Entonces, se ha ido construyendo un mapa de la ciudad donde están claramente agrupados ciertos niveles de ingreso y esa construcción hace que se generen ciudades segregadas; y por ende, esta polémica se genera porque los vecinos del sector de Las Condes están acostumbrados a relacionarse con gente que tiene su mismo nivel de ingresos y ahora aparece una pequeña muestra de personas con otros ingresos. En consecuencia, es normal que los vecinos estén preocupados porque desde el punto de vista urbano y sociológico nos han enseñado a relacionarnos con nuestros pares", explicó Saavedra.

En este punto, el arquitecto fue categórico al momento de referirse a la normativa urbana, específicamente a los Planes Reguladores Comunales (PRC), los cuales, según Saavedra, no pueden promover normas de restricción para la construcción de viviendas sociales.

"En el caso de Valparaíso, el 80% de las familias que reciben ingresos de $ 500 mil hacia abajo no pueden elegir dónde vivir, sino que viven donde les alcanza y eso es donde habitan otras familias de ingresos similares, replicando la segregación. En este sentido, un mecanismo para revertir esto es la normativa urbana y los Planes Reguladores tienen que promover la integración social por la Política Nacional de Desarrollo Urbano y, por lo tanto, no pueden incentivar normas de exclusión como, por ejemplo, dificultar la instalación de viviendas sociales, ya sea por menos densidad o por altura, pues sabemos que la altura para una vivienda social en Valparaíso, en formato de casa, tiene que ser de a lo menos cuatro pisos", explicó el profesional.

Finalmente, quien también tuvo palabras para referirse al trabajo que actualmente se está ejecutando en la región fue el intendente Jorge Martínez.

La máxima autoridad gubernamental de la región señaló que las acciones se están enfocando en el levantamiento de un registro de las personas que hoy habitan los campamentos, para así después, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, poder generar una política de viviendas sociales acorde a la realidad de la región.

"Nosotros en la región estamos haciendo el levantamiento de nuestros campamentos, pues con un buen levantamiento actualizado, ya que el otro era muy antiguo, vamos a poder de verdad atender los requerimientos de viviendas sociales que actualmente tenemos", argumentó el jefe regional, quien añadió que "además nosotros ahora estamos esperando una respuesta por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pues actualmente existe un diseño y una política de viviendas sociales en Chile, ya que Las Condes tiene una realidad propia. Y por lo tanto, creo que ese tema lo debe liderar ese ministerio".

"La plusvalía puede bajar, pero no por las viviendas sociales, sino que por la calidad de la construcción y por otros fenómenos"

Gonzalo Tellería, Pdte. Comisión de Urbanismo y Arquitectura CChC de Valparaíso"

"Cada vez que se hace un proyecto de vivienda social hay oposición por parte de los vecinos, independiente del barrio o el sector"

Raúl Araya, Arquitecto de la oficina Borde Urbano"

"Los Planes Reguladores tienen que promover la integración social y, por lo tanto, no pueden incentivar normas de exclusión"

Joan Saavedra, Vicepresidente Colegio de, Arquitectos de Valparaíso"

Asociación de Municipalidades valora idea del alcalde Lavín

"Yo creo que hay que sacar los estigmas de las viviendas sociales". Con estas palabras, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso y alcalde de Limache, Daniel Morales, se refirió en torno a la polémica generada en la comuna de Las Condes a raíz del proyecto para construir una torre de viviendas sociales en el sector de la Rotonda Atenas, hecho que ha causado rechazo por parte de un grupo de vecinos de ese sector.

A juicio de la autoridad comunal, "claramente el tema de las políticas de integración, a mi juicio, son fundamentales en el mundo moderno, donde actualmente estamos hablando de gratuidad en la educación, de la forma en que se comparten y vinculan distintas realidades en espacios de discusión de ideas. Y obviamente, eso en la convivencia diaria también se debe dar".

En este sentido, el alcalde Daniel Morales agregó que "el debate que se genera por las viviendas sociales es producto de la carencia que existe con respecto a este tipo de soluciones habitacionales en las diversas ciudades del país".

Vivienda social y deterioro urbano: ¿Mito o Realidad?

* Juan Pablo Urrutia / Marcelo Ruiz

La semana pasada, el alcalde Joaquín Lavín anunció un proyecto de vivienda social en la Rotonda Atenas. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras expertos en urbanismo aplaudieron con decisión la medida, algunos vecinos se lanzaron a las calles a protestar.

Más allá de la crítica a lo aislado de la medida, es un hecho innegable que Lavín clavó una bandera, instalando comunicacionalmente un tema recurrente de la política urbana: la necesidad de avanzar en la integración social, mejorando la localización y el estándar de las viviendas. Los orígenes de la actual política de vivienda social se remontan a fines de la década de 1970, cuando se ideó un eficaz sistema, basado en la asignación de subsidios, créditos bancarios y desregulación del suelo urbano.

Si bien esto permite una gran cobertura de vivienda social, produjo, a la vez, gigantescos guetos, condenando a miles de familias a la marginalidad y segregación socio-espacial. Con la llegada de la democracia, el sistema se mejoró aumentando los subsidios, lográndose incluso promulgar el subsidio sin deuda. No obstante lo anterior, los problemas estructurales de la política de vivienda permanecen. La localización periférica de los proyectos y la homogeneidad social masiva de dichos conjuntos acentúa los problemas de segregación y lejanía a las oportunidades.

El crecimiento económico de los últimos 27 años tuvo el efecto de aumentar la demanda sobre la ciudad, lo que frente a los problemas de infraestructura y transporte, saturó el mercado de suelos, disparando el valor de suelo y de las viviendas. Esto tiene dos efectos. El primero es la densificación y la reducción del tamaño de las viviendas de segmentos medios. El segundo es la disminución del suelo disponible con costos accesibles para vivienda social, manteniéndose la tendencia de localizar a las familias más vulnerables lejos de las zonas de empleo.

Así, dado que el mercado del suelo naturalmente discrimina según capacidad de pago, es necesario comprender que su valorización está directamente relacionada con su localización por el nivel de atributos que posee. Es decir, que a mayor cercanía a centros urbanos, cantidad y calidad de bienes públicos y sobre todo accesibilidad laboral, el suelo será más caro generando con ello la plusvalía. Dicho fenómeno de aumento del valor del suelo depende de las oportunidades que presenta; por tanto, es absurdo pensar que la inclusión de un porcentaje de viviendas sociales en un lugar que ya cuenta con estas características vaya a afectar la plusvalía del sector, ya que esos atributos seguirán existiendo y con ello las oportunidades que generan.

El problema está en que como sociedad nos acostumbramos a asociar vivienda social con periferia y pobreza, llegando al insano extremo de pensar que su relación es causal, atribuyendo a la vivienda social la generación de marginalidad, deterioro urbano y baja calidad de vida. Ello no es así, la marginalidad es más bien producto de la lejanía y baja inversión en espacio público y equipamiento, no del tipo de familias que allí reside. El proyecto de Las Condes nos ayudará a romper ese prejuicio, demostrando que nada hay que temer a vivir más integrados, garantizando no sólo el acceso a la vivienda, sino que también a la ciudad. Por otro lado, este proyecto muestra una alternativa al evitar proyectos masivos que tiendan a transformarse en guetos, eligiendo la inserción moderada en zonas urbanas consolidadas. Es claramente una idea que llegó para quedarse.

*Integrantes Corporación Metropolítica

55 m2 es el tamaño de las viviendas sociales que hoy se construyen en las diversas comunas del país, realidad que se distancia con creces de los 33 m2 que prevalecía en los años 80 y 90.

80% de las familias con un ingreso menor a $ 500 mil no puede elegir dónde vivir en la comuna de Valparaíso. "Viven donde les alcanza", asegura el vicepresidente del Colegio de Arquitectos porteño, Joan Saavedra.