Sofía Navarro Martínez

Marcada por las discusiones en torno al conflicto que vive el recinto, en toma hace 46 días, se realizó esta semana una nueva reunión de la asamblea de socios del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV). La instancia, formada por aquellos organismos iniciadores de la recuperación de la excárcel porteña como espacio cultural, puede nombrar a algunos miembros del directorio del PCdV y a través de ellos influir en el futuro del principal recinto cultural de la comuna.

El presidente del directorio del PCdV, Roberto Barría, quien participó de la reunión, afirmó que los problemas surgieron como "resultado de una administración anterior poco eficiente que detonó este escenario".

Recordó también que, en parte, dicha crisis quedó superada por la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura, que abrió el acceso a recursos frescos, con los cuales la dirección del Parque pagó sueldos atrasados a sus funcionarios. Esto permitió que los trabajadores pusieran fin al paro que mantenían, pero no resolvió la ocupación que realizan desde hace 46 días organizaciones artísticas que usan frecuentemente el espacio, pero no tienen representación en las instancias ejecutivas del PCdV.

Respecto de una negociación con dichos grupos, Barría explicó que "había de parte del directorio una mirada que era que no estábamos habilitados para negociar con agentes que no son propios de la asociación".

Por ello, expuso, uno de los puntos que analizó esta semana con la asamblea de socios, es qué mecanismos eran capaces de resolver las solicitudes dentro del marco legal de los estatutos que rigen la corporación. Barría precisó que durante la asamblea de socios se abrió un camino que permitiría responder a algunas de las exigencias.

"Se produjo lo que estábamos buscando, que la propia asamblea dentro de sus atribuciones hiciera sus solicitudes al directorio, para que puedan acogerse (esas peticiones) según indican los estatutos", enfatizó el director.

Barría expuso que hubo tres acuerdos matrices adoptados por la asamblea de socios. El primero de ellos fue iniciar el proceso de elección de nuevos representantes de la asamblea en el directorio del PCdV. Esto permite la incorporación de nuevos socios, para lo cual, los interesados deberán pagar una inscripción de 0.5 UTM ($ 23.840).

Otro aspecto que marcó el avance para superar el conflicto fue que las demandas expuestas por la asamblea autoconvocada del parque Cultural, fueron acogidas por los socios y presentados al directorio. El documento se analizará con las atribuciones y estatutos vigentes, además, se dará la instancia a ciertos puntos que requieran un análisis en conjunto de otros actores. La ratificación tanto del petitorio como del acuerdo será el martes y en caso que se acepten las demandas, la asamblea autoconvocada evaluaría bajar la toma que, hasta hoy, llevaría 46 días.

"Eso es lo que tenemos que verificar, que es lo que podría estar ajeno a ser alternativa del directorio o asamblea, definir si algún punto está en contra del estatuto. De acuerdo a lo que se entiende, lo más posible es que toda esta información recogida se genere la posibilidad de acceder a todo lo que ellos piden", adelantó Barría.

En el último punto de los temas que se conversaron en la asamblea, se planteó reglamentar la mesa técnica tripartita, integrada por el directorio, asamblea de socios y asamblea autoconvocada para asegurar el funcionamiento del parque Cultural de Valparaíso.

La toma del PCdV podría finalizar en la próxima semana, en tanto que el Gobierno designó un delegado ministerial que fiscalice la correcta ejecución del convenio de transferencia.

"En reuniones que sostuvimos explicamos que había mecanismos capaces de resolver sus solicitudes dentro del marco legal "

Roberto Barría, Presidente del Directorio PCdV"

"La CMD se utilizó como una máquina para pedir dinero"

Como una situación "muy grave" calificó la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo (RN), los resultados del informe número 42/2018 de la Contraloría Regional de Valparaíso, que arrojó la existencia de una serie de irregularidades en las rendiciones efectuadas por la Corporación Municipal de Deportes (CMD) en 2016, por lo que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público ante la eventualidad de un delito.

"Como alcaldesa de todos los caleranos, no descansaré hasta que se aclare qué ocurrió con cada peso de los casi $129 millones que ha cuestionado la Contraloría. Quiero ser enfática en señalar que estos recursos estaban destinados exclusivamente para trabajar con dedicación por las familias de La Calera, y realizar una gestión transparente", cuestionó la autoridad comunal.

Y es que la investigación de la Contraloría se circunscribió a todo el periodo 2016, cuando estaba a cargo del municipio el entonces alcalde Eduardo Martínez. "Nosotros inferimos que durante la gestión del exalcalde la CMD se utilizó como una máquina para solicitar dineros municipales, los que fueron manejados en forma irregular", dijo la alcaldesa Rojo, agregando que "incluso se burlaron los propios controles internos al presentar contratos y también rendiciones, donde las propias personas han desconocido los servicios y discrepado de los montos".

Tal como lo indicó la Contraloría, la máxima autoridad de La Calera aseguró que al interior del municipio "creemos que existen antecedentes suficientes para concluir que se ha configurado la comisión de delitos asociados al mal uso de caudales públicos y, potencialmente, la falsificación de instrumentos públicos y privados".