Alexis Paredes R.

Tras una investigación especial que se inició en abril de 2016, por la denuncia de una serie de irregularidades ocurridas al interior del Gobierno Regional en licitaciones públicas de dos estudios territoriales y un contrato por trato directo para un programa de asesoría comunicacional que implicaron un perjucio fiscal de $ 48 millones, la Contraloría General de la República resolvió aplicar la medida disciplinaria de destitución para dos exfuncionarios de la Intendencia por graves faltas a la probidad administrativa.

El sumario del órgano contralor generó además la arista penal del denominado caso Fraude a la Intendencia 3, producto del cual existen cuatro formalizados por los delitos de de fraude al fisco reiterado, dos de los cuales además fueron reformalizados a principios de año por cohecho y soborno, causa que aún se mantiene abierta por parte de la Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público, en la que además se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

Entre los sancionados por el sumario administrativo se cuentan dos exjefes de división del Gobierno Regional durante la administración del exintendente Gabriel Aldoney. Se trata del exjefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplad), Alexis Bustos Cáceres, para el cual Contraloría Regional propuso la destitución. Luego de agotar una serie de instancias administrativas de apelación y un recurso jerárquico, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, resolvió mantener a firme la medida disciplinaria.

Como superior jerárquico, el intendente Jorge Martínez deberá resolver la propuesta de Contraloría y, tras ello, notificar la medida. Los sumariados tienen un plazo de cinco días para apelar.

La destitución también recayó en la exfuncionaria de la Diplad, Nelda Garcés Jiménez, actualmente formalizada por cargos de fraude al fisco y cohecho.

Cabe consignar que se trata de la sanción más grave dentro del Estatuto Administrativo, que implica inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

El sumario también arrojó la sanción de un 10% del sueldo para el exjefe de la División de Administración y Finanzas (DAF) del Gore, Guillermo Orellana, y el exfuncionario de la Diplad y que permanece en el Gore, Luis Cañoles Manríquez.

En el caso de Bustos Cáceres, el sumario, cuya sanción fue propuesta por la Contraloría Regional en la resolución exenta N° 10 del 31 de marzo de 2017, y por la cual recurrió a la reconsideración y luego a un recurso jerárquico pero sin lograr revertir la medida, la investigación dio cuenta que, pese a haber declarado bajo juramento el cumplimiento de las denominadas "funciones críticas" como jefe de la Diplad, con un incremento en sus remuneraciones, pero que implica dedicación exclusiva y no estar afecto a normas sobre incompatibilidad, prohibiciones e inhabilidades, según contempla la ley, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 "percibió el mencionado estipendio", pese a lo cual emitió una serie de boletas a honorarios por atención profesional, infringiendo con ello la normativa. Los montos percibidos bordean los $ 4 millones por asesorías a empresas en materia vial en las comunas de Illapel y Quillota.

Pese a conocerse del sumario y posterior sanción por esta falta a la probidad administrativa, Bustos continuó prestando funciones como asesor directo del exintendente Aldoney para la Comisión de Movilidad.

En el caso de Nelda Garcés, quien era una de sus funcionarias de confianza en la Diplad, el sumario reveló graves faltas a la probidad tras las irregularidades advertidas en el Informe Especial N°592 de la Contraloría Regional, relacionados con la contratación de servicios de asesorías para estudios territoriales en los valles de Cabildo y Petorca, adjudicados a la empresa Haza Ingeniería, y el contrato directo con la consultora Signo Limitada, entre junio y noviembre de 2016. Contemplaban contratos por un total de $ 170 millones, los que fueron caducados tras constatarse las anomalías, pero que concretaron un primer estado de pago.

El sumario da cuenta que Garcés no se abstuvo de participar en la comisión evaluadora para las licitaciones que se adjudicaron las empresas Haza y Signo, teniendo un interés personal en dichos procesos, ya que su concuñado, Sergio Segovia Díaz, era el representante legal de Signo, mientras que su cuñada y cónyuge del primero, Marcela Cartajena Henríquez, cumplió labores administrativas en ambas empresas.

Se detectó que junto a Cartajena participó en la organización y gestión del equipo de trabajo ofrecido por la empresa Haza, incluso creando un grupo de "Whatsapp" para tales fines. Tampoco informó a sus superiores del grado de parentesco y haber elaborado los informes entregados por la empresa al Gore para dar cumplimiento a los contratos por asesoría técnica, conductas consideradas una grave vulneración al principio de probidad administrativa.

Garcés también intervino como responsable del contrato y contraparte técnica en la licitación pública para contratar un programa de asesoría comunicacional que se adjudicó la consultora Signo, a la incluso emitió una boleta de honorarios que posteriormente anuló.

Producto de estos hechos, Garcés es investigada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y se mantiene con medidas cautelares, igual situación afecta a sus parientes que participaron en estas licitaciones irregulares y al socio y representante legal de la empresa Haza, Eduardo Jorquera Zamora. El 2 de agosto habrá una nueva audiencia para formalizar en contra de Haza, por la responsabilidad penal de la persona jurídica.

La decisión del Gobierno de impulsar la construcción de un tren rápido que una las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio con Santiago en 45 minutos abre una serie de desafíos que las autoridades de la Ciudad Jardín deben comenzar a analizar.

Así lo expuso la concejala Macarena Urenda, quien valoró la decisión del Ejecutivo de analizar la opción planteada por el proyecto Tren Valparaíso Santiago (TVS), que impulsan China Railway Group Limited, Sigdo Koppers y la consultora Latinoamérica Infraestructura.

A juicio de Urenda, es la primera vez que se está analizando seria y concretamente por parte del Gobierno la construcción de este tren, "lo que nos obligará a prepararnos ante los desafíos que aquel cambio radical contempla para nuestra zona".

Para Urenda, quien también es presidenta de la Comisión de Turismo del municipio viñamarino, este proyecto "sin duda subirá de forma importante la cantidad de turistas que nos visitarán, ya que no será necesario esperar los fines de semana largo porque ahora muchos santiaguinos viajarán cómodamente el viernes para regresar de manera rápida los domingos al anochecer", agregando que "esto aumentará drásticamente la demanda por alojamiento y servicios, así como la adquisición de inmuebles para segunda vivienda, por lo cual, podríamos vivir un aumento importante en la construcción y mano de obra que debemos saber asumir con rapidez".

Asimismo, la concejala alertó sobre las externalidades negativas. "En el día a día este tren aumentará significativamente el flujo de personas".

Contraloría resuelve destituir a dos exfuncionarios por el caso Fraude a la Intendencia 3

formalizados hay a la fecha en la arista penal del caso Fraude a la Intendencia 3. 4