"Hemos realizado estudios comparados con Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza y Perú: todos cuentan con más oportunidades de participación que en Chile en materia medioambiental", advierte Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público, ONG dedicada a dar apoyo a las comunidades.

-¿Cómo puede valorarse desde el punto de vista de la participación ciudadana el acuerdo al que llegó el alcalde Sharp y EPV para fomentar el uso ciudadano del sector Barón?

-Es un buen ejemplo de cómo hoy es importante que los diferentes grandes proyectos de infraestructura que tienen un gran impacto social, sean pensados y apoyen el desarrollo territorial. Ahora bien, creemos que el acuerdo mismo entre el municipio y EPV se puede valorar si las iniciativas promovidas, como la construcción de la playa, fueron consultadas con la ciudadanía y obedecen realmente a una necesidad sentida de la población.

- Existe una voluntad del Gobierno para sumar la opinión ciudadana a los planes de desarrollo portuario. ¿Qué oportunidades surgen en esta idea? ¿Qué dificultades podrían preverse?

-A partir del aprendizaje y de la documentación que hemos recopilado, sabemos que estos espacios requieren de garantías para que los diálogos tengan resultados y sean valorados por la comunidad. Considero que es necesario que la opinión ciudadana no sea sólo consultiva, sino que se les permita una incidencia, donde se asegure una verdadera participación.

- No existe hoy ni en el ámbito público ni privado de dialogar con los vecinos que reciben los impactos directos de los proyectos. ¿Cómo debería cambiar esto en el mediano o largo plazo?

-En el contexto de la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y del desarrollo de grandes proyectos de inversión, como el Terminal 2 del Puerto de Valparaíso, en Espacio Público estamos trabajando en el diseño de una política pública que asegure diálogos simétricos y a largo plazo entre el titular de un proyecto y los diferentes actores del territorio como las comunidades, servicios públicos, ONGs, otras empresas, y gobiernos locales, entre otros. Institucionalizar el diálogo es necesario ya que actualmente su realización depende de la voluntad de la empresa inversora o de las demandas de la ciudadanía, que hoy generalmente se manifiestan en conflictos. Actualmente estamos en una encrucijada: o nos hacemos cargo de generar un mejor estándar de participación o mantenemos el estado actual, donde los conflictos se manifiestan de manera espontánea, porque en ningún caso van a desaparecen si se sigue bajo la misma lógica.

-¿Cuáles son los costos de que no ocurra?

-Los costos de que no existan espacios formales de diálogo son varios: los más evidentes son las dilataciones y aumentos de costos para las empresas, en circunstancias donde ya se tienen permisos o autorizaciones, y por no contar con la aprobación social, estos se atrasan. También hay otros costos intangibles para las empresas, como por ejemplo, la reputación social. Pero probablemente los costos más relevantes sean los sociales, donde las comunidades tienen que lidiar solas y en condiciones de desventaja para mantener su calidad de vida, porque los líderes o las vocerías se desgastan durante los años de conflicto, que de acuerdo a los datos provistos por el INDH, pueden llegar a durar unos 10 años. Período donde se producen enfrentamientos internos que hacen que todo el tejido social se desgaste o quebrante. En términos colectivos, se genera un cuestionamiento hacia el Estado, y una desconfianza hacia las instituciones públicas.

- ¿Cree que Valparaíso, como ciudad, puede liderar un proceso capaz de institucionalizar este tipo de diálogos?

-Muchas veces el gran ausente en las instancias de diálogo entre comunidades y titulares de grandes proyectos de inversión es el Estado. Desde Espacio Público, proponemos la creación de una Agencia de Diálogo Territorial que se haga cargo de generar las condiciones para un diálogo simétrico y con resultados entre los actores involucrados. Esta agencia tendría coordinaciones regionales y nos parece que Valparaíso como ciudad y como región podría ser apta para que pilotee este modelo. Sin embargo, creemos que no es responsabilidad de sólo una gestión, sino que una problemática que se sostiene en todo el país.

- ¿Qué ocurrirá en los procesos de inversión si no se implementan cambios a esta lógica de inversión?

-Chile es uno de los países con mayores conflictos socio ambientales per capita del mundo y esto es un indicador de la relevancia que la ciudadanía le está asignando a su calidad de vida y al medio ambiente. La idea no es que las inversiones se detengan o paralicen en el país por esta razón, sino que sea visualizado como una oportunidad para elevar el estándar del relacionamiento comunitario y su desempeño en las materias sociales y ambientales.

- ¿Qué rol deberían jugar en este proceso el sector privado, que ha pedido certeza jurídica para invertir en el largo plazo?

-Tiene un rol clave, pues hoy son el principal motor de la inversión del país. Hay algunas empresas del sector energético que dieron un giro y lograron integrar en el núcleo de su negocio el diálogo con las comunidades sin que esto fuese una obligación jurídica, sino porque valoraron su importancia para mantener una relación a largo plazo durante todo el ciclo de vida del proyecto. Consideramos que tener un diálogo temprano y permanente es una inversión de tiempo y recursos que entrega precisamente certeza y claridad. Sin embargo, no debemos olvidar que el Estado debe tomar un rol clave en garantizar este proceso, para que todas las partes sientan un respaldo.

- Existe el temor en muchos actores del sector privado de que abrir este tipo de instancias extendería las ideas de inversión y los grandes proyectos hasta hacerlos inviables.

-El sistema de diálogo que proponemos es justamente un mecanismo para evitar la judicialización de proyectos y adelantar conversaciones que hoy se dan durante o después de la Evaluación Ambiental, cuando todas las decisiones claves del proyecto ya han sido tomadas. Puede que los diálogos sean un mayor trabajo para el inicio de un proyecto, pero definitivamente ahorran una dilatación o que después estos se vuelvan en inviables.

- ¿Qué señales pueden darse al sector privado para evitar que se frene la inversión?

-Pensar que la participación o el diálogo es contrario a la inversión es un mito. En la práctica no necesariamente se ha frenado o se han paralizado proyectos de inversión, al contrario, muchas empresas entienden que el diálogo es un ingrediente necesario para llevar adelante su negocio y hay ejemplos de buenas prácticas al respecto.

"Mientras el Estado instale un sistema que garantice diálogo permanente y simétrico, las empresas pueden adoptar buenas prácticas en materia social y ambiental""