Cristián Rojas M.

Una compleja situación atraviesa por estos días la Universidad de Playa Ancha a raíz de la larga paralización y toma del plantel -que ya lleva más de 90 días- por parte de un grupo de estudiantes vinculados al movimiento feminista.

Al complejo escenario académico que deberán enfrentar los alumnos del plantel debido a los tres meses sin clases, se suma el serio riesgo que corren cerca de 2.300 jóvenes de perder distintas becas -de aranceles y de mantención-, además de una complicada situación económica derivada del atraso en los traspasos de recursos estatales -por parte del Ministerio de Educación- asociaciados a la gratuidad y otros beneficios estudiantiles.

Así lo confirmó el director general de Desarrollo Estudiantil de la UPLA, Gregorio Silva, quien aseguró que ya superaron los plazos establecidos por el Mineduc para la ratificación de las becas estudiantiles. "Para que no se pierdan las becas los alumnos deben retomar rápidamente el semestre. Deben reincorporarse a clases y nosotros normalizar lo más pronto posible la situación, porque mientras más se prolongue el tema se hace más compleja", dijo el directivo, quien precisó que cerca de mil becas son de aranceles, mientras que el resto corresponden a distintos recursos que reciben los estudiantes.

En esa línea, Silva explicó que "independiente de que hayan paros, nosotros nunca acortamos los semestres, que duran 18 semanas", razón por la cual no han podido acreditar que los alumnos permanecen en un regimen regular o activo. "Aquí hay plazos definidos por el Ministerio y ya estamos fuera de los márgenes. Se han hecho algunas peticiones para que se considere la situación en que estamos, pero también hay fechas topes", explicó el director.

Debido a la extensa paralización, las autoridades académicas tampoco han descartado la presentación de querellas por los eventuales daños que han sufrido las dependencias. Incluso, ayer por la madrugada fue desalojado un edificio donde están ubicados los servidores con toda la información de la universidad, la que permanecía en manos de los alumnos movilizados.

"Nosotros como institución del Estado estamos obligados a presentar querellas o denuncias si hay destrozos o robos. Efectivamente se desalojó el lugar donde están los servidores, que es un tema súper delicado para nosotros. Pero una vez que entre el personal, mañana (hoy) yo creo, tendremos que ver con qué nos encontramos", comentó Silva.

A raíz del escenario, el rector Patricio Sanhueza y las tres asociaciones de funcionarios plantearon su preocupación, teniendo en cuenta que la UPLA no sólo ha tenido que endeudarse con la banca, sino que también arriesga una masiva deserción estudiantil si el año académico se prolonga hasta marzo.

Según detalló el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Playa Ancha (Afupla), Rodrigo Esparza, "hemos conversado con diversos actores dentro de la universidad, como los otros gremios, Junta Directiva, Consejo Académico, y se habla de una crisis profunda dentro de nuestra institución, la cual es provocada, principalmente, por los fondos que debe traspasar el Estado a las universidades".

En ese marco, el dirigente precisó que "tanto en el gobierno anterior, como en el actual, los recursos del Estado no llegan oportunamente, y eso ha hecho que ésta y otras universidades estatales estén cayendo en una crisis seria por tener que endeudarse para poder subsistir".

La situación, agregó Esparza, se ha agudizado por la larga toma y paro del movimiento feminista. Y si bien el dirigente de la Afupla subrayó que "nosotros compartimos los planteamientos del movimiento, nos complica de sobremanera que (el paro) se prolongue en lo que resta del año, porque implicaría perderlo, lo que haría inviable la continuidad de la universidad".

En ese contexto, el tesorero de la misma asociación, Silvio Bahamondes, agregó que "el Estado no ha hecho los aportes que por ley le corresponden a la institución, y ni siquiera han firmado los decretos para que eso pase a Tesorería".A raíz de aquello, añadió Bahamondes, los funcionarios "tememos que esto pueda traer consecuencias, como que la universidad se torne insostenible en un par de meses más o que la institución pueda tener un interventor. Ese temor lo tememos porque tuvimos reuniones con los otros gremios y con el presidente de la Junta Directiva, y nos dimos cuenta de que la crisis que estamos pasando es más grave de los que pensábamos".

En esa lína, la presidente de la Asociación de Funcionarios del Nuevo Milenio (Afup), Miriam Ortiz, coincidió en que "hoy estamos viviendo una situación complicada en el aspecto económico, al igual que ocurre en otras instituciones de educación superior estatales del pais, donde se ha visto que las nuevas politicas del Estado no han favorecido su labor".

Por eso, Ortiz recalcó que "hoy con preocupación vemos que esta situación se ha acrecentado con un movimiento estudiantil que lleva tres meses de toma y paralización, impidiendo a nosotros, los funcionarios, trabajar en libertad y dignidad".

"Es cierto que se atraviesa una crisis económica importante, como ocurre también con otras universidades estatales del país. Pero en nuestro caso, se ve acrecentada por el paro de tres meses y la toma de la mayoría de los recintos por grupos minoritarios que ya no entiende de razones", planteó el presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos (AFA), Bernardo Soria.

En ese marco, el profesional recordó que "se ha señalado que el rector se ha negado a dialogar, pero eso no es verdad. Lo que pasa es que los estudiantes ya no buscan negociar, sino que imponer algunos temas, como últimamente 16 puntos que estiman instransables y no negociables".

Considerando aquello, agregó Soria, "nosotros creemos, al igual que los funcionarios no académicos -que están agrupados en la Afupla y en la Afup Nuevo Milenio-, que hoy está en serio riesgo la viabilidad de la UPLA, que es nuestra fuente de trabajo, el sustento de cientos de trabajadores y de sus familias".

Asimismo, el académico subrayó que "la institución y el rector han recibido el respaldo unánime de los ocho decanos, de los representantes de las facultades, de los tres gremios que existen en la UPLA y de la Junta Directiva, que es la máxima autoridad colegiada de la universidad. Podemos tener, y de hecho tenemos discrepancias con pasadas medidas de la autoridad, pero ahora se trata de defender una casa de estudios del Estado de Chile cautiva de unos pocos".

Por eso, para Soria "es tan extraña esta movilización que este martes, mientras algunas autoridades se reunían con un grupo de estudiantes que había solicitado reiniciar las conversaciones entre las partes, otro grupo, esta vez de encapuchados, casi a la misma hora se tomaba la sede Gran Bretaña, en Playa Ancha. Eso no es serio".

Consultado al respecto, el rector Sanhueza reconoció que"el Mineduc ha interumpido la transferencia de los recursos referidos a la gratuidad y otros aportes que el Estado hace a las instituciones de educación superior, y esos atrasos, que comenzaron en julio, que continuan en agosto y que no sabemos si continuarán en septiembre, a pesar de todas las gestiones que nosotros hemos hecho ante el ministerio, nos provocan serios problemas. No solamente a nuestra institución, sino que a todo el sistema universitario del Consejo de Rectores (CRUCh) y de las demás instituciones adscritas a la gratuidad".

Sanhueza agregó que otros dineros estatales que no están llegando oportunamente son, fundamentalmente, subsidios a los estudiantes, "y eso implica un esfuerzo muy complejo de abordar por parte de las universidades, entre ellas la nuestra, que tiene menos aportes basales y menos aporte fiscal directo que permitiría compensar en algo estos meses en que no hay transferencia".

La demora en los pagos viene dándose desde el año 2016, precisó Sanhueza, aunque en los dos años anteriores "los tiempos han sido más breves y este año se prevé que estos tiempos van a ser más largos, y eso es motivo de una gran preocupación".

"Esto se lo hemos planteado al ministro -ahora exministro- Gerardo Varela, a la Subsecretaría, a la División de Educación Superior, y esto no ha sido un mensaje mío, ha sido un mensaje de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, del CUECh (Consorcio de Universidades Estatales) y del CRUCh. Todas las instituciones han pedido que esto se corrija y no se provoque esta interrupción en el flujo, porque eso nos hace un daño muy grande", dijo el titular.

Las respuestas que han recibido desde el Gobierno, agregó el rector, "han sido verbales". "Gerardo Varela nos dijo que iban a procurar que estos recursos se transfirieran en agosto, cosa que no se ha cumplido ni se va a cumplir, porque no hay señales de aquello. El decreto correspondiente ya debiera estar en la Contraloría, donde se van a demorar un tiempo en hacer esa revisión, por lo tanto, nosotros esperaríamos que esos decretos estén firmados en septiembre y se pague ese mismo mes, pero tengo mis serias dudas de que eso ocurra", detalló Sanhueza.

A raíz de aquello, siguió el rector, "nos hemos tenido que endeudar en la banca para poder afrontar estas contingencias y vamos a tener que seguir haciéndolo, muchas veces con tasas de interés altas y, por otro lado, las universidades estatales tienen muchas dificultades para el endeudamiento, porque requieren una tramitación burocrática muy larga".

A ello se suma la larga movilización feminista, frente a lo cual destacó que "una de las consecuencias serias que cualquier institución de educación superior tiene con tantos días de paralización, es que los estudiantes comienzan a dudar respecto de la estabilidad y la continuidad de sus estudios. Ahora, lo que sí nosotros podemos asegurar es que los acuerdos adoptados por el Consejo Académico de la universidad es que todas las horas perdidas tienen que ser recuperadas. Eso significa que el año académico se va a prolongar hasta marzo del 2019".

2.300 becas están en riesgo, según precisó el director general de Desarrollo Estudiantil de la UPLA, Gregorio Silva. De esas, unas mil son por aranceles y el resto con mantención y alimento.

91 días cumple la movilización del movimiento estudiantil de la UPLA, que se inició el 15 de mayo. Ayer fue desalojado un edificio que tiene en su interior los servidores de la institución.